Exclusión, vulnerabilidad y fronteras: la migración de tránsito en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el contexto de COVID-19

Segunda época, número 12, julio-diciembre 2021, pp. 125-149.

Fecha de recepción: 19 de abril de 2021.
Fecha de aceptación: 24 de julio de 2021.

Autores: Nayeli Burgueño Angulo1, José Salvador Cueto-Calderón2.

Resumen

La crisis sanitaria de COVID-19 impacta negativamente a la población migrante expulsándola de los países destino por políticas de deportación o cierre de fronteras, lo que ha conllevado a quedarse atrapados en puntos o países de tránsito, cuyas condiciones de vulnerabilidad los ha colocado en situaciones de riesgo, por el cierre de centros de apoyo y la falta de atención de salud, alimentación y vivienda, como en el caso de México. El presente trabajo pretende analizar el impacto de las movilidades en este contexto, el papel de las fronteras y políticas migratorias, no sólo en las condiciones y retos con los que se enfrentan los migrantes ante éstas, sino entenderlas como resultado de un discurso que obedece a una visión etnocéntrica de exclusión y racismo que se profundiza y legitima en el marco de la pandemia.

Palabras clave: migración de tránsito, fronteras, exclusión, México, COVID-19.

Exclusion, vulnerability and borders: transit migration in the City of Culiacan, Sinaloa, in the context of COVID-19

Abstract

The COVID 19 health crisis has impacted the migrant population gravely, expelling them from their destination countries due to deportation or border closure policies, which has led to them being trapped in transit countries or points, whose conditions of vulnerability have placed them at risk, due to the closure of support centers and the lack of health care, food and housing, as is the case for Mexico. This investigation aims to analyze the impact of mobility in this context, the role of borders and migration policies, not only under the conditions and challenges migrants face, but also to understand them as a result of a discourse that obeys an ethnocentric vision of exclusion and racism, which has been deepened and legitimized under the context of the pandemic.

Keywords: transit migration, borders, exclusión, Mexico, COVID-19.

Introducción

El presente artículo analiza las condiciones de la migración de tránsito centroamericano en su paso por la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se presentan los avances preliminares de una investigación en curso cuyo objetivo principal es conocer sobre la situación del fenómeno de la migración de tránsito por el estado de Sinaloa y aportar a los estudios regionales —poco estudiados en esta zona— sobre la movilidad y cruce de personas por la llamada Ruta del Pacífico.

El trabajo se ubica en la ciudad de Culiacán como el espacio social donde el migrante entra en contacto, a través de su cruce o permanencia temporal, en su recorrido hacia su destino principal en los Estados Unidos. De acuerdo con Garduño (2016, p. 134), el migrante lleva a cabo encuentros en estos espacios sociales en donde se visibilizan las “múltiples contradicciones” como sitios de disputa y desplazamientos. Se parte del enfoque teórico de la migración en el que se enfatiza el análisis en las trayectorias migrantes, reconociendo que el migrante atraviesa en su recorrido por espacios físicos y sociales, así como lugares de encuentro en donde se generan interacciones caracterizadas por contextos de “inequidad, marginalización y violencia” (Castañeda, 2018, p. 19).

Los avances que se presentan en el presente artículo son resultado de un estudio que se centró en analizar la situación de los migrantes de tránsito en su cruce por la ciudad de Culiacán frente al contexto de la pandemia por COVID-19. El objetivo fue conocer de qué manera la pandemia ha impactado en su experiencia migratoria y en sus trayectorias, así como comprender los múltiples escenarios de desigualdad que se presentan en su tránsito por Culiacán. A través del rescate de las narrativas y aplicación de entrevistas semiestructuradas a siete migrantes de origen centroamericano, se recogen las experiencias vividas de éstos frente a un escenario caracterizado por un contexto de adversidad y violación de sus derechos humanos, los cuales son vulnerados por la presencia de grupos delictivos y por la ausencia del Estado para garantizar su seguridad, atención y sobrevivencia, el cual se acompaña de un discurso de discriminación y criminalización.

Dicho discurso de discriminación se presenta no sólo por parte del Estado y sus instituciones, los cuales son desarrollados a partir de los gobiernos y sus políticas de contención migratoria, sino que se presenta a través de narrativas de discriminación expresadas por algunos sectores de la sociedad de Culiacán. Partimos de la hipótesis de que la situación de vulnerabilidad y marginalidad que presenta la migración de tránsito a su paso por México es resultado de un discurso que se origina en las élites políticas, que de acuerdo con Van Dijk (2009) controlan las dimensiones de la vida cotidiana de las minorías y los migrantes. En el caso de la migración de tránsito este discurso se traduce en una política migratoria que discrimina y criminaliza al migrante, la cual influye y legitima las prácticas de discriminación y racismo, así como las opiniones y percepciones que se tienen del mismo. En este sentido, se recoge —a través de la aplicación de encuestas de opinión y entrevistas estructuradas— la percepción que tienen los habitantes de Culiacán sobre los migrantes de tránsito en la ciudad, esto con el objetivo de conocer el discurso social que fundamenta las acciones de exclusión y discriminación al migrante y que justifican los diferentes tipos de violencia.

En el marco de las políticas de contención migratoria implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México, se presenta un discurso de criminalización de la migración no autorizada, que se acrecienta con el aumento de la migración de origen centroamericano en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos, dicho discurso se recrudece debido al contexto de la pandemia por COVID-19 (Del Monte y Mariscal, 2020).

De aquí que el estudio parta del reconocimiento del papel que juega un discurso oficial que justifica la implementación de una política de contención migratoria desde las narrativas de la concepción del Estado-nación y la Seguridad Nacional (Del Monte y Mariscal, 2020; Villegas, 2018), así como su implicación antiinmigrante y excluyente. Ante la presencia de la migración centroamericana, se agudiza una política restrictiva a través de la implementación de programas de selectividad en las solicitudes de asilo en los Estados Unidos, en la que se compromete el gobierno mexicano para detener, recibir y contener a los migrantes solicitantes de asilo en aquel país en una relación de cooperación coercitiva con el gobierno de los Estados Unidos (Coubés, Velásco y Contreras, 2020). Con la pandemia por COVID-19 se intensifican las condiciones de vulnerabilidad que presentan los migrantes asentados en territorio nacional. Por un lado, la pandemia viene a justificar aún más las políticas de contención migratoria de los Estados Unidos con el cierre parcial de sus fronteras y el uso de la fuerza policial en la frontera sur de México por parte del Estado mexicano. Por otro lado, la pandemia se presenta como un riesgo de salud para los migrantes frente a la falta de recursos que se traduce en el nulo acceso de alojamiento y resguardo frente al cierre de albergues y la precariedad de sus protocolos de sanidad.

Bajo este contexto, el artículo parte del reconocimiento de la importancia que presenta el escenario antiinmigrante, traducido en políticas de criminalización y contención de la migración de origen centroamericano y la construcción de un discurso que se reproduce, no sólo en el ámbito del Estado-nación y sus fronteras, sino que repercute en todos los espacios sociales en donde el migrante se desenvuelve en su trayecto hacia el destino.

México: de país expulsor a país de cruce y destino

En los últimos años los procesos migratorios se caracterizan por su alto dinamismo e intensidad, condicionados a las transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas que se presentan en un mundo cada vez más globalizado. A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaban un total de 272 millones de migrantes internacionales en el año 2019, cifra que ha aumentado a 51 millones de personas con respecto al año 2010 (OIM, 2019; ONU, 2019).

En el caso de México, los patrones de migración internacional se han caracterizado históricamente por su unidireccionalidad y continuidad hacia los Estados Unidos (Durand, 2013), cuyo flujo migratorio había venido incrementándose de manera constante con la presencia de 11 millones 738 mil migrantes mexicanos residiendo en aquel país en el año 2007 (Migration Policy Institute, 2020). Es a partir de este año en que se modifican los patrones migratorios como resultado de la crisis de los mercados laborales en el marco de la depresión económica que se manifestó ampliamente en el año 2008 (Durand, 2013; Magaña, 2015). Lo anterior, aunado a un contexto antiinmigrante en el que se intensifican las políticas y leyes contra la población indocumentada en los Estados Unidos y el reforzamiento y militarización de la frontera con México, se presenta a partir del año 2008 como un estancamiento y disminución de la migración de mexicanos hacia aquel país (Massey, Durand y Pren, 2015; Durand, 2013).

Lo anterior conllevó no sólo a la disminución en la dinámica migratoria de mexicanos en su búsqueda de empleo al vecino país del norte, sino que se acompañó del retorno voluntario y forzado a través de la deportación de miles de migrantes y sus familias previamente establecidas en los Estados Unidos, reestableciéndose en sus comunidades de origen en México (González-Barrera, 2015; Durand, 2013; Moctezuma, 2013; Alarcón, Cruz, Díaz-Bautista, González-König, Izquierdo, Yrizar y Zenteno, 2009). A partir de entonces, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se mantuvo de manera estable, sin recuperar el dinamismo que caracterizaba a los procesos migratorios entre ambos países, registrándose una disminución de la población migrante de origen mexicano partir de 2019, con la presencia de 10 millones 932 mil mexicanos (Migration Policy Institute, 2020). Con la disminución de la migración laboral mexicana hacia los Estados Unidos, aunado al incremento de la migración proveniente principalmente de los países centroamericanos y del Caribe, México, de ser históricamente un país expulsor de migrantes, se convierte en uno expulsor de cruce-tránsito y destino, por donde transitan miles de personas en su paso por llegar a los Estados Unidos. De acuerdo con la OIM, en México se registran al menos 450 mil personas que se encuentran en movilidad cada año (Hernández y Mora, 2018)

Es a partir del año 2018 con la presencia de las caravanas de migrantes en la frontera sur del país cuando se advierte la magnitud del desplazamiento de personas provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, llamado el Triángulo del Norte, en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), entre octubre y noviembre de 2018 se registraron cinco caravanas en las que se movilizaron 16,000 personas, de las cuales 48% provenían de Honduras y 39% de El Salvador (ACNUR, 2018). Igualmente, datos de la OIM estiman que entre enero y abril de 2019 se movilizaron cerca de 6,000 personas en cuatro caravanas (OIM, 2020a / 2020b). Si bien, la presencia de la migración centroamericana y su cruce por México ha estado presente de manera histórica, el incremento en el número de migrantes que se ven forzados a salir de sus países en los últimos años ha visibilizado una crisis humanitaria producto de las condiciones económicas y sociales que presenta la región como resultado de una historia de intervencionismos, guerras y conflictos políticos que han generado altos índices de violencia, exclusión y marginación, convirtiendo a Centroamérica en la región de las migraciones del siglo XXI (López, 2018).

Tabla 1. Extranjeros presentados ante la autoridad migratoria en México (2018-2021)

Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Otros países Total
2018 13,325 45,607 56,076 2,045 14,392 131,445
2019 21,494 52,412 78,232 3,027 27,775 182,940
2020 8,179 31,479 35,741 842 6,138 82,379
2021* 6,472 24,269 39,065 1,803 3,899 75,508

*Información de enero-mayo de 2021.

Fuente: elaboración propia con base en información rescatada de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México (2018, 2019, 2020, 2021).

Las transformaciones en las dinámicas migratorias contemporáneas posicionan a México como un país no sólo expulsor, sino también como un territorio de tránsito y de migración no autorizada que las personas deben recorrer en su trayecto hacia los Estados Unidos de manera adversa y en extrema vulnerabilidad (Nájera, 2016; CNDH, 2020). La situación de violencia, traducida en robos, extorsiones y secuestros aunado a la falta de protección de las autoridades gubernamentales, ha generado una violación constante a los derechos humanos de las personas en tránsito (Peraza, 2018). De acuerdo con un estudio realizado por Peraza (2018, p. 40), el crimen organizado (45.72%) y las Policías Municipal y Estatal (41.5%) son los principales agentes que violentan los derechos de los migrantes, mientras que los principales actos delictivos que sufren son robo (66.48%), extorsión (25.68%), lesiones (2.5%), secuestro (1.3%) y el abuso de autoridad (0.81%). De igual manera, se violentan los derechos garantizados en los tratados internacionales de protección migrante en los que México participa, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recientemente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Migración les otorga (CNDH, 2018).

Por otro lado, se observa una diversificación en la composición de la migración de tránsito con la presencia de personas en condiciones de movilidad provenientes del Caribe, África y Asia (OIM, 2019; Coubés et al., 2020; Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2020). Si bien México se está convirtiendo no sólo en un país de tránsito, sino también de destino para aquellos migrantes que internacionales que no logran cruzar la frontera de Estados Unidos y se quedan en el país (Fernández, 2017); también se posiciona como país destino, observándose un incremento en el número de personas nacidas en el extranjero que radican en el país, la cual pasó de 970 mil personas en 2010 a 1 millón en el año 2019, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá (OIM, 2019). Para 2020, el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportaba 1,212,252 extranjeros residiendo en México, de los cuales 65.7% nacieron en los Estados Unidos, 4.6% en Guatemala, 4.3% en Venezuela, 2.9% en Colombia, 2.1% en Cuba y 17.3% en otros países (INEGI, 2020).

Las transformaciones recientes en las movilidades humanas han cambiado y ampliado el posicionamiento de México como un país que ha diversificado sus características migratorias, con la presencia de una alta población en movilidad y como país de destino. Estas transformaciones han impactado en diversos ámbitos que tienen que ver con las relaciones internacionales, el ámbito de lo político, económico y sociodemográfico, como la reconfiguración de la composición de las ciudades fronterizas en el norte de México, que dejan de ser ciudades de paso para convertirse en ciudades de retorno como consecuencia de las políticas migratorias de contención en los Estados Unidos y México (Del Monte y Mariscal, 2020).

Criminalización de la migración y políticas de contención migrante en los Estados Unidos y México

Durante las últimas dos décadas la política migratoria en los Estados Unidos se ha caracterizado por el endurecimiento de sus medidas de control fronterizo. A partir de los ataques terroristas a diversos objetivos estadounidenses en septiembre de 2001, se promulgó la Ley Patriota que, además de incrementar los recursos para la seguridad del Estado, reforzó la seguridad y el control fronterizo, de modo que comenzó en la Unión Americana la persecución y criminalización de la migración irregular (Massey, Pren y Durand, 2009).

Hacia el fin del mandato Bush, se estableció el programa Comunidades Seguras que coordina a las fuerzas policiales de carácter federal, estatal y local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para la detención de inmigrantes indocumentados y su posterior deportación, independientemente de si habían cometido o no algún delito (Menjívar y Ábrego, 2015; Villafuerte y García, 2017). Dicho programa comenzó sus operaciones en el condado fronterizo de Harris, Texas (Villafuerte y García, 2017).

En las elecciones de noviembre de 2008, llega el relevo presidencial en los Estados Unidos con Barack Obama y un fuerte discurso pro-migrante que esperanzaba la idea de una reforma migratoria que beneficiara a los migrantes indocumentados en aquel país. Sin embargo, durante la administración de Obama, el programa Comunidades Seguras siguió operando y se aplicó en toda la Unión Americana, llegando incluso a operar en 1,300 comunidades en 2012 (Villafuerte y García, 2017). Aunado a ello, y en el marco de la Gran Recesión de 2008, comienza un alza de leyes y políticas de carácter antiinmigrante en diversos estados de los Estados Unidos, como la ley SB1070 en Arizona, la ley HB-56 en Alabama, la ley HB87 en Georgia, la ley SB20 en Carolina del Sur y el proyecto 497 en Utah; la mayoría de ellas autorizando y facultando a policías locales en asuntos migratorios, así como la vigilancia y monitoreo de empresas que contratan a personal indocumentado (Villafuerte y García, 2017).

Desde el año 2016 comienza a intensificarse el flujo de migrantes caribeños, principalmente de Cuba y Haití, en búsqueda de asilo en los Estados Unidos, por lo que el gobierno de este país —con Trump como presidente— implementa las meteringlists, a saber, una política migratoria enfocada en limitar el número diario de solicitudes de asilo, misma que provocó la espera de miles de migrantes solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas de México (Del Monte y Mariscal, 2020). Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre los años 2017 y 2018, las solicitudes de asilo aumentaron 11.9%, pasando de 642,721 solicitudes en 2017 a 718,994 en 2018. Hacia finales de 2018, las solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos eran 314,946, es decir, cerca de la mitad del total de las solicitudes. En este sentido, se inaugura una política migratoria de contención por parte de los Estados Unidos y México.

Las diversas caravanas de migrantes dirigidas a los Estados Unidos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, las ocurridas en 2018 y 2019, evidenciaron internacionalmente la situación de los migrantes de tránsito y las consecuencias de esta política de contención (Coubés et al., 2020). En este sentido, la administración Trump implementó en enero de 2019 el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), o también conocido como “Quédate en México”. Este programa se presenta como un nuevo sistema de espera que suplantaría las meteringlists y supone la devolución a México de los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos que ya pasaron un primer filtro, convirtiendo al país en una suerte de sala de espera antes de presentarse en las Cortes de inmigración de aquel país (Gómez, 2019; Kao y Lu, 2019; París, 2020). En ese mismo año, en el marco de los MPP, Estados Unidos devolvió a diferentes ciudades fronterizas en México a 58,996 personas solicitantes de asilo; de los 25,099 casos cerrados, tan sólo a 455 se les otorgó asilo (París, 2020).

En el caso de México, es a partir del incremento de 131.1%[1] en el flujo y presencia de población migrante irregular proveniente principalmente de países centroamericanos, que la política migratoria mexicana incrementó el reforzamiento y cierre de fronteras desde una perspectiva de seguridad nacional (Gómez, 2019; CNDH, 2020).  A partir de este momento, México lleva a cabo una política de contención migratoria, de manera conjunta con el gobierno de los Estados Unidos, que ha obedecido principalmente a la presión que ha ejercido Washington por contener el paso de migrantes por la frontera sur de México, exigiendo al gobierno mexicano una mayor cooperación bajo la amenaza de incrementar aranceles a ciertos productos comerciales (Gómez, 2019). El resultado de esta política de contención, relacionada a la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, se manifiesta a través de la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria dirigida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de septiembre de 2019.

Dicha política se ha traducido en el reforzamiento de la frontera, la cual se hizo evidente con el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional,[2] a raíz de la presencia de las caravanas centroamericanas, con la intención de contener el paso irregular por territorio nacional (Gómez, 2019).

Por otra parte, esta política de contención se traduce en un incremento en el número de detenciones y deportaciones de migrantes de tránsito en México. En el año 2019, el gobierno mexicano deportó a 149,812 personas, de las cuales 145,508 eran de origen centroamericano, es decir, 97.1% del total de deportaciones; para  2020 éstas descendieron notablemente a 53,891 personas debido a las limitantes globales de movilidad que impuso el contexto de la pandemia por Coronavirus, sin embargo, el porcentaje de centroamericanos no descendió, al contrario, ahora representan 98.1%[3] de éstas (Ruiz, 2020; Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2019, 2020). Aunque el número de deportados en el año 2020 sea menor en relación al 2019, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, la población centroamericana en el global de las deportaciones del gobierno mexicano está muy cerca del 100%, lo que hace evidente la selectividad de la contención migratoria.

Adversidad y fronteras en el contexto de la pandemia por COVID-19

A la política de contención migrante ejercida por los gobiernos de los Estados Unidos y México, se suma el estallido de la emergencia sanitaria global provocada por la COVID-19, que resultó en el cierre temporal y parcial de las fronteras en la gran mayoría de los países afectados a inicios de 2020. En este sentido, en marzo de 2020, el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de restricciones fronterizas en las que se determinó el cierre parcial de las fronteras y la deportación exprés de migrantes que se encontraban en proceso de solicitud de asilo bajo el argumento del Título 42 del Código de Estados Unidos ante la amenaza sanitaria por COVID-19. Como consecuencia de las políticas de restricción, bajo el argumento sanitario, se prohíbe la entrada de población que se considere un riesgo para la salud pública de ese país (Del Monte y McKee, 2020; González, 2020). A partir de entonces, de acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras, el gobierno de los Estados Unidos ha deportado a más de 618,000 migrantes a México (Deutsche Welle, 2021), además de la suspensión de las audiencias de solicitantes de asilo en el marco del programa MPP. Lo anterior, ha propiciado la inmovilización y atrapamiento de una cada vez mayor población migrante en las ciudades fronterizas de México (Coubés et al, 2020; Del Monte y Mariscal, 2020; Del Monte y McKee, 2020). De esta manera, es que la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha sido utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para recrudecer y afianzar el desarrollo de su política de contención y selectividad migrante aumentando las condiciones de vulnerabilidad y precarización de estas personas (Del Monte y McKee, 2020; París, 2020).

Ante este contexto, los albergues en las ciudades fronterizas, considerados como las principales opciones de alojamiento de los migrantes que transitan por México (París, 2020), incrementan su recepción ante la presencia de migrantes devueltos por las políticas restrictivas en los Estados Unidos. Sin embargo, frente al riesgo de contagio por COVID-19 estos albergues se han visto en la necesidad de restringir los espacios de alojamiento o de cerrar sus puertas (Coubés et al, 2020; Del Monte y McKee, 2020). Lo anterior ha expuesto a los migrantes a una condición de mayor vulnerabilidad al quedar en algunos de los casos en situación de calle. De igual manera, en 2019 el gobierno mexicano ha creado los Centros Integradores de Migrantes (CIM) ubicados en Tijuana y Ciudad Juárez, en seguimiento al programa “Quédate en México”. Sin embargo, estos centros no han logrado resolver las necesidades de alojamiento por la magnitud del número de desplazados por la frontera.

Debido al cierre de la frontera, los migrantes se han quedado expuestos al virus no solamente por la situación precaria de los albergues en la frontera México-Estados Unidos, sino también por la alta concentración de migrantes que se presenta en los centros de detención migratoria en el país, los cuales se caracterizan por no contar con suficiente espacio, lo que provoca situaciones de hacinamiento (Uribe, Arzaluz y Hernández, 2020).

La ausencia de una política de atención a la migración de tránsito en la frontera ha conllevado a una situación de mayor marginalidad y exclusión debido a la falta de atención a la salud y de programas sociales por parte de las entidades gubernamentales, lo que se traduce en una discriminación institucional que repercute en la violación de sus derechos humanos (Del Monte y McKee, 2020). Otro de los elementos que evidencian una política de exclusión hacia la población migrante en nuestro país, tiene que ver con la discriminación a la que son sujetos al no ser contemplados dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. En este sentido, el gobierno de México implementa esta política, de manera restringida, enfocada a los ciudadanos mexicanos y a aquellos extranjeros que cuentan con un permiso de residencia en el país.

Lo anterior muestra la ausencia de un acuerdo de cooperación y compromiso entre los gobiernos de los Estados Unidos y México para la atención del número de personas desplazadas que se encuentran en las ciudades fronterizas que, por un lado, fueron expulsadas de Estados Unidos, regresándolas a territorio mexicano y, por otro, la falta de apoyos a través de la implementación de programas de acogida por parte de México, sobre todo tratándose de una emergencia sanitaria como lo es la actual pandemia por COVID-19.

Narrativas de exclusión y discriminación migrante y la COVID 19: el caso de Culiacán, Sinaloa

Los estudios sobre el fenómeno de la migración de tránsito en Sinaloa aún son muy escasos y se han centrado principalmente en la ciudad de Mazatlán. En este sentido, se cuenta con trabajos que se han realizado a migrantes de tránsito para conocer quiénes son y de dónde provienen, así como las características sociodemográficas y las experiencias vividas durante sus trayectorias (Lizárraga, 2018). Los estudios de Peraza (2018), se han centrado en conocer sobre los perfiles socioeconómicos del migrante de paso por el Puerto de Mazatlán, rescatando las experiencias de adversidad en su trayecto, señalando sobre los escenarios de vulnerabilidad y violencia a los que se encuentran expuestos y la importancia que juega la sociedad civil en el apoyo solidario para su sobrevivencia (Peraza, 2018). Por otro lado, Peraza y Lizárraga (2021), llevan a cabo un diagnóstico sobre la situación de las mujeres migrantes por su paso en la Ruta del Pacífico, en la cual analizan desde la perspectiva de género, la situación de violencia e invisibilidad que sufren las mujeres, señalando que, si bien desde la narrativa del migrante esta ruta es utilizada por considerarla más segura, en realidad no deja de estar presente la violencia patriarcal que las acompaña durante su trayecto.

De igual manera, Villegas (2018) lleva a cabo un estudio sobre la migración de tránsito de la Ruta del Pacífico, analizando los antecedentes de la migración centroamericana y el papel de las fronteras desde un enfoque geopolítico, en donde las políticas de criminalización hacia la migración centroamericana tienen un impacto en las condiciones de vulnerabilidad y agresiones a los que se enfrentan los migrantes en los contextos locales como en el caso de Mazatlán. Asimismo, Villegas analiza las acciones de ayuda y solidaridad desarrolladas por grupos de la comunidad en apoyo a los migrantes, vistas como acciones de resistencia oculta en un contexto de violencia extrema y como reclamo frente al “olvido y abuso del Estado” (Villegas, 2018, p. 92).

En el caso de Culiacán no se cuentan con investigaciones sobre el tránsito de migrantes, por lo que el presente artículo tiene como objetivo aportar sobre el análisis de la migración de paso por la ciudad y a través del estudio de caso, enriquecer las aportaciones que se tienen sobre el fenómeno de la migración de tránsito en la Ruta del Pacífico. El trabajo presenta un avance preliminar de un proyecto más amplio sobre el fenómeno de la migración de tránsito en Culiacán a través de un análisis socio antropológico. Los argumentos que se presentan parten de la pregunta de investigación que giró en torno a conocer sobre la situación de exclusión y adversidad que viven los migrantes de tránsito en Culiacán y de qué manera el discurso que se ha construido, desde el discurso oficial, traducido en la aplicación de políticas antiinmigrantes de exclusión y criminalización de la migración de tránsito centroamericana, condiciona y legitima la situación de abandono y violación de derechos de los migrantes en su paso por México y específicamente por Culiacán en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Nuestra hipótesis parte de que la situación de vulnerabilidad y marginalidad que presenta la migración de tránsito a su paso por México es resultado de un discurso que se origina a través de la reproducción de una narrativa oficial proveniente de las élites políticas, traducidas en la aplicación de políticas antiinmigrantes proveniente de los gobiernos de los Estados Unidos y México. De acuerdo con Van Dijk (2009) el discurso se presenta como reproductor de mensajes que permean los espacios sociales de los contextos locales, legitimando las prácticas de discriminación.

La ciudad de Culiacán, ubicada en el noroeste de México, forma parte de la denominada Ruta del Pacífico, una de las rutas por la que los migrantes transitan hacia la frontera norte con destino a los Estados Unidos, que incluye los estados de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora. En años recientes, se ha visibilizado una mayor presencia de migrantes centroamericanos, principalmente provenientes del Triángulo del Norte (Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2020), los cuales llegan por el tren llamado La Bestia, el cual cruza por la ciudad de Culiacán.

Tabla 2. Extranjeros presentados ante la autoridad migratoria en Sinaloa (2018-2021)

Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Otros países Total
2018 44 652 69 6 9 780
2019 28 658 100 13 11 810
2020 69 976 132 13 38 1228
2021* 21 182 36 9 7 255

*Información de enero-mayo de 2021

Fuente: Elaboración propia con base en información rescatada de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México (2018, 2019, 2020, 2021).

La metodología que se aplicó consistió, por un lado, en el rescate de las narrativas de migrantes de tránsito de origen centroamericano a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas y en profundidad, con el propósito de conocer por su propia voz, sobre sus experiencias en el trayecto y paso por Culiacán, así como las condiciones de subsistencia, rescatando la mirada que se tiene sobre los principales retos y la manera en que la pandemia ha impactado sus condiciones y trayectorias. Se identificaron cinco migrantes en distintos cruceros de la Ciudad de Culiacán. El primero ubicado entre los bulevares Sinaloa y Dr. Mora y el segundo entre la calzada De las Américas, el paseo Niños Héroes y la avenida Xicoténcatl, ambos en la colonia Las Quintas, y el tercero en el cruce de la avenida Nicolás Bravo y paseo Niños Héroes en el primer cuadro de la ciudad.

Tabla 3. Migrantes de tránsito entrevistados en la Ciudad de Culiacán

Nombre País de origen Edad
Néstor Nicaragua 20
Ángel Honduras 24
Nico El Salvador 25
Omar El Salvador 27
Milton Honduras 28

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas a profundidad.

Por otro lado, se aplicaron 60 encuestas de opinión, de una muestra no representativa, con el objetivo de conocer la percepción que se tiene hacia el migrante de tránsito por parte de la sociedad de Culiacán. La encuesta fue aplicada a través de un formulario vía internet por medio de una lista de contactos escogidos al azar con un rango de edades entre 25 y 45 años, cuyo nivel de escolarización corresponde al nivel superior, la cual se acompañó de un registro de narrativas en las que expresaron las opiniones que argumentaban su respuesta al cuestionario.

Partimos de que la política de contención migratoria adoptada por los gobiernos de los Estados Unidos y México se trata de una narrativa que se sustenta en la exclusión y criminalización de la población migrante (Villegas, 2018; Vélez-Ibáñez, 2015). En el momento en el que la política de contención migratoria se apoya en un discurso de Seguridad Nacional al considerarla como una amenaza, provoca y reproduce prácticas de discriminación hacia la migración. De acuerdo con Van Dijk (2009), el discurso emanado de las élites políticas puede traducirse en prácticas discriminatorias que se reproducen en la esfera pública y permean a la sociedad, lo que conlleva a la legitimación de dichas prácticas en la esfera social.

Por otro lado, y de acuerdo con Garduño (2010), a partir de la concepción que se construye en torno al Estado-nación moderno, el cual se funda bajo la idea de un territorio y un sentido de pertenencia, como las bases con las que se configura la construcción de una identidad nacional, es que se concibe la idea de la unidad cultural como el elemento unificador del Estado y su relación con la “otredad”. En este sentido, en la concepción del Estado-nación, se incorpora la idea de etnia, territorio, cultura y ciudadanía como componentes homogéneos dentro de un espacio geográfico delimitado por una frontera. El proceso de globalización, que ha generado una mayor movilidad e interacción humana, reta la concepción con la que se fundamenta la idea del Estado-nación, por el dinamismo e incremento del desplazamiento de personas hacia los países receptores, genera que los inmigrantes se perciban como transgresores de los valores fundamentales en los que éste se construye (Garduño, 2010).

Becker señala que la discriminación y el prejuicio se explican a través de las relaciones de poder y de clase, las diferencias socioeconómicas y la lucha por los recursos, entre ellos el espacio. De aquí que, “el prejuicio y la discriminación se materializan en disposiciones estructurales, jurídicas y sociales que limitan el desarrollo y los beneficios de los segmentos en desventaja política o social y favorecen a los grupos que controlan el aparato político y jurídico o los recursos económicos” (Becker, 1971 en Garduño, 2010, p. 29). Igualmente señala que la discriminación y el prejuicio que existen en el racismo institucional favorecen la reproducción de la desigualdad en favor de una clase social (Becker, 1971 en Garduño, 2010). En este sentido, siguiendo a Vélez-Ibáñez (2015, p. 28), uno de los elementos que explican la existencia y el recrudecimiento de las políticas antiinmigrantes en los Estados Unidos obedece al “susto demográfico” que se presenta debido a la presencia e incremento de la población de origen hispano en aquel país, la cual se presenta como una amenaza a las costumbres y convivencia de sociedad anglosajona que cuestiona la de idea de una identidad monolítica con la que se fundamenta (Navarro y Vélez-Ibáñez, 2010).

El discurso xenofóbico, traducido en la aplicación de leyes y políticas antiinmigrantes, es reproducido en el ámbito social con una percepción negativa generalizada en contra de la población migrante (Wieviorka, 2009; Gómez, 2019). Este discurso contra la población migrante se presenta a través de una narrativa xenofóbica que se ha incrementado a partir de la llegada de las caravanas centroamericanas y la migración caribeña en México (Del Monte y McKee, 2020). Aunado a este escenario de exclusión, se suma el contexto de la pandemia por COVID-19, que viene a ser un elemento más de discriminación hacia los inmigrantes, de manera particular a aquéllos que se encuentran en tránsito por México. Esto ha conllevado a que se perciba al migrante de tránsito como portador potencial del virus, generando una polarización en la población (Del Monte y McKee, 2020).

Como resultado preliminar de las entrevistas realizadas se han rescatado, desde la propia voz de los migrantes en tránsito, las condiciones de exclusión y vulnerabilidad en las que se encuentran. Por un lado, éstas tienen que ver con las adversidades que han vivido en su trayectoria migratoria, la cual ha sido violentada sistemáticamente a través de asaltos y agresiones físicas por parte de la delincuencia y las fuerzas del orden tanto durante el trayecto y en ciudades como Culiacán. Al respecto, Néstor comenta cómo se sintió amenazado por grupos delictivos:

Desde que venía de Tenosique [Tabasco], desde ahí venía sufriendo. Me querían asaltar, me querían hacer cosas porque andaban ellos con arma blanca y pistola de fuego […] Me venían siguiendo y me tuve que esconder en la casa de un señor que me dio posada […] no podía avanzar en la noche, me andaban buscando para hacerme daño, para quitarme todo lo que yo traía. Hasta que amaneció pude seguir mi camino (Néstor, entrevista, 2021).

Igualmente, Ángel, comenta cómo fue víctima de agentes de la policía en su tránsito por el país:

Con la migración [el Instituto Nacional de Migración (INM)] casi no he tenido problemas. Con la policía sí he tenido problemas yo. Mira, me han quitado dinero, me han metido preso [en Michoacán] también… ¡y por nada! […] ‘Segunmente’ ellos porque yo andaba a altas horas de la noche caminando por la calle. Pero ¿qué iba a hacer? Yo no podía dejar de andar mi camino, tenía que llegar (Ángel, entrevista, 2021).

Esta situación de adversidad sigue presente a su llegada a la ciudad de Culiacán la cual se agrava por el contexto de violencia que se acompaña del hostigamiento y amenazas por parte del crimen organizado. En este sentido se rescata la narrativa de Nico, quien comenta cómo fue presionado para participar en actos delictivos:

Sí me han dicho [sobre participar en el narco], pero yo les digo ‘no, no, no’. He tenido que inventarme algo para decirles que no, que voy de paso y que tengo un mejor futuro allá […] A mi gracias a mi Diosito no me han hecho nada, algunos que se han enojado conmigo y nomás me mandan a una mala palabra como dicen mucho aquí […] A uno lo quieren meter en cosas malas y uno no viene a eso. Porque si tú vienes huyendo de la guerra, ¿por qué quieres otra guerra en la que no quieres estar? (Nico, entrevista, 2021).

Aunado a ello, expresan con preocupación el temor que sienten por su integridad física al darle respuestas negativas al crimen organizado, como lo comenta Nico:

Me da miedo el narcotráfico, porque algunos quieren que se meta uno a fuerza y participe en cosas que uno no quiere […] Algunos otros [migrantes de tránsito] pasaron por cosas feas desde abajo [sur de México], ya no supe de ellos (Nico, entrevista, 2021).

A toda esta adversidad, caracterizada por el crimen y el abuso de las autoridades, se suman diferentes formas de discriminación que han sufrido los migrantes en su tránsito por la ciudad de Culiacán como otra forma de violencia:

Ellos me dicen ‘tú no vienes con buenas intenciones’, piensan que uno les viene a robar. Pero uno les demuestra que uno no es ese tipo de personas […] Me han dicho ‘pinche negro’ o ‘sucio’ por mi color, que soy un estorbo y limosnero (Néstor, entrevista, 2021).

La gente me ha apoyado desde que vengo desde abajo [sur de México], no me puedo quejar de ellos […] Aquí en México hay mucha gente buena, pero hay gente que son lo que son así un poco negativos… un poco racistas, la verdad. O tal vez un poco repugnantes. Esas personas se creen superiores que nosotros, o tal vez mejores (Milton, entrevista, 2021).

A pesar de las muestras de discriminación, evidentemente cargadas de racismo y xenofobia, se reconoce el apoyo que han recibido por parte de la ciudadanía, tal como se muestra en una de las narrativas anteriores. A través de ayuda reflejada en ropa, comida, agua y dinero, cierto sector de la población les ha facilitado su sobrevivencia:

Casi siempre aquí en la calle [en los cruceros], pero también hay gente que me ayuda en otros lugares que me los encuentro: en escuelas o iglesias, me ayudan con lo que puedan […] Hay algunas personas que trabajan en empresas o maestras que trabajan en escuelas que nos han buscado para ayudarnos (Omar, entrevista, 2021).

Estas formas de ayuda que los propios migrantes han expresado, es el único apoyo con el que cuentan frente a la falta de organizaciones civiles dedicadas al apoyo de los migrantes en tránsito, pues en Culiacán sólo existe una casa del migrante o albergue. Bajo el contexto COVID-19, esta circunstancia se agrava de diferentes maneras. Por un lado, la amenaza del virus modifica sus trayectorias al señalar que, por el cierre de fronteras y la limitación del transporte, se han visto obligados a permanecer más tiempo en la ciudad:

Yo pensaba emigrar a Estados Unidos, pero con la cosa que está un poco fea, además por el COVID no pude tampoco llegar, no estaban dejando pasar a nadie […] Está cerrado todo, todos los lugares abajo, y miré que las cosas están feas y por eso me estanqué, no pude seguir mi camino […] El COVID no me dejó avanzar (Ángel, entrevista, 2021).

Por otro lado, el virus evidencia también una limitación en la búsqueda del sustento de los migrantes en los cruceros donde se le otorga la ayuda por parte de la población, al referir el temor de salir a la calle a pedir apoyos por riesgo de contagios:

La verdad que desde que está esto [la pandemia de la COVID-19] ya no es lo mismo que antes, ya no nos ayudan igual (Milton, entrevista, 2021).

Aunado a ello, la COVID-19 viene a ser también un elemento más de discriminación por el temor que la sociedad presenta por miedo a ser contagiados por ellos:

Mira, yo lavo este cubreboca que me dieron una vez, pero la gente no quiere que me acerque ni con el cubreboca […] La gente cree que uno tiene el virus (Néstor, entrevista, 2021).

Por otro lado, parte de la investigación se centró en conocer, desde la perspectiva de la ciudadanía, cuál era su percepción sobre el migrante de tránsito en la ciudad. El objetivo era conocer si el discurso antiinmigrante que caracteriza a las políticas migratorias de los gobiernos de Estados Unidos y México se reproducía a través de sus narrativas.

Hemos observado, a través de las entrevistas realizadas a la población local, que la mayoría de los entrevistados presentan una percepción negativa sobre los migrantes que cruzan por la ciudad de Culiacán, la cual se manifiesta en un discurso de discriminación. El 60% de los entrevistados conciben al migrante de tránsito como un potencial criminal y una amenaza para la seguridad. El discurso se acompaña con la idea de que el migrante es un criminal: “Creo que pueden ser bandas o mafias que utilizan el título para subsistir y no es en verdad una ayuda para continuar con su camino”. De igual manera, se concibe que por ser migrantes se les considera que pueden hacer daño al ser personas que han pasado por experiencias difíciles en su viaje: “Generalmente pasan por cosas extremas en el camino y vienen maleados”. Igualmente se señala que las personas migrantes: “representan un peligro para la sociedad”.

Igualmente, se detecta una desconfianza por parte de la población local hacia los migrantes que se expresa en un discurso xenofóbico condicionado por su origen y condición socioeconómica, bajo los siguientes argumentos: “porque este no es su país y no conocen nuestra cultura”, “las personas no les tenemos confianza, no sabemos qué costumbres tengan en su país”, “no se sabe qué mañas tengan de donde vienen”, “son personas que han sido víctimas de los gobiernos bananeros”.

De igual manera, los entrevistados señalan que es un riesgo que los migrantes estén en la ciudad de Culiacán porque pueden ser sumados a las filas de la delincuencia organizada dadas sus condiciones de vulnerabilidad y necesidad económica: “se pueden llegar a ir por un mal camino de delincuencia”, “pueden ser presas del crimen organizado como reclutas”, “debido a la falta recursos, involucrarse en algún acto ilícito e incluso formar parte del crimen organizado, por necesidad”.

La percepción de desconfianza e inseguridad que se tiene contra el migrante de tránsito es reproducida bajo una narrativa en la que el migrante es visto como alguien que se aprovecha de la bondad de la población por pedir dinero. Discurso que incluso defensores de migrantes en Culiacán han apuntado a que en la ciudad no hay migrantes que pasen por el estado, sino que los que existen son “migrantes de charola” que sólo piden dinero para gastarlo y quedarse en la ciudad (Solís, 2021).

Dentro de estas narrativas y discursos de exclusión y discriminación se incorpora la percepción de que los migrantes son portadores potenciales del virus SARS-CoV-2, y un peligro para la salud pública. A través de la investigación, hemos encontrado que 65% de las personas señalan que los migrantes, dadas sus condiciones de movilidad y la falta de cuidados, les resulta complicado por ejemplo acceder al uso de cubre bocas, con lo cual las posibilidades de contagio son mayores para ellos y para la población local, al respecto la comunidad opina: “muchos de ellos no usan cubrebocas o respetan las medidas de sana distancia. Dudo que tengan acceso a instalaciones para mantenerse limpios”, “vienen de otros lugares y no tienen los cuidados de higiene que debería de tener cualquier persona y no todos traen su cubreboca. Se ponen en peligro a ellos y a los demás”, “viajan en grupos que seguramente no guardan medidas para prevenir contagios”.

A pesar de que las entrevistas con algunas personas locales nos arrojan la percepción negativa que se tiene del migrante de tránsito en Culiacán, observamos que 87% de los entrevistados considera que deben ser apoyados en su trayecto a través de instituciones gubernamentales y de la propia sociedad civil. Las formas de apoyo que se rescatan tienen que ver con la creación de políticas públicas de ayuda a los migrantes, campañas ciudadanas de apoyo a migrantes implementadas por el gobierno, partidos políticos u organizaciones de la sociedad civil, así como la creación de centros de acopio y estancias temporales, lo mismo que programas que ofrezcan servicios básicos para la salud e higiene.

Lo anterior refleja la complejidad de los encuentros que se dan en los espacios sociales entre el migrante y la comunidad. Si bien, la mayoría de las percepciones que se tienen contra el migrante de tránsito parten de una connotación negativa en donde se reproduce el discurso oficial de la criminalización, a la vez se presentan contradicciones y ambigüedades que tienen que ver con la intención y el apoyo que brinda la sociedad al migrante de tránsito para su supervivencia diaria. En este sentido, podemos concluir que en los espacios sociales en donde los migrantes interactúan se presentan interacciones complejas permeadas por una serie de discursos que se reproducen en ciertos sectores de la sociedad a través de prácticas de discriminación, lo que se confronta con una narrativa que contrapone el discurso antiinmigrante y que demuestra acciones de solidaridad y apoyo a la comunidad migrante.

Reflexiones finales

El discurso antiinmigrante que se traduce en una política migratoria coercitiva y se recrudece con la crisis de salud pública a raíz de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Dicha política es aprovechada por los Estados-nación para afianzar las restricciones y selectividad migratoria. La pandemia por COVID-19 evidencia una política de exclusión y xenofobia que, históricamente, ha caracterizado la política migratoria de Estados Unidos traduciéndose en una política de contención en la que México participa. La pandemia vino a acentuar las condiciones de vulnerabilidad de los desplazamientos humanos en su cruce por México y la concentración en sus fronteras, dada la falta de condiciones en los albergues, refugios y centros de detención, así como la falta de apoyos y recursos gubernamentales para su atención, aunado a la precariedad de la actividad laboral producto del confinamiento. Lo anterior, empeora las condiciones de sobrevivencia de los migrantes y la violación de sus derechos humanos.

Los migrantes centroamericanos en su tránsito por la Ciudad de Culiacán, presentan condiciones de discriminación que se agudizan bajo el contexto de violencia que caracteriza a la región con la presencia de la amenaza del crimen organizado. Igualmente, son víctimas de una percepción negativa por parte de la población que se agudiza en el escenario de la pandemia por COVID-19.

El discurso antiinmigrante que justifica las políticas restrictivas de los gobiernos nacionales repercute en la reproducción de una narrativa que criminaliza y discrimina a los migrantes en tránsito. Lo anterior se observa a través de la percepción de un sector de la sociedad sobre la migración, en donde en las narrativas de los culiacanenses, conciben a los migrantes como una amenaza a la seguridad y salud pública. A pesar de toda la adversidad, es posible formular algunas experiencias positivas en los espacios sociales donde transitan los migrantes y que pueden ir más allá del discurso de la criminalización y que tienen que ver con el apoyo que brinda la sociedad civil a través de la solidaridad. Estos espacios de encuentro entre los migrantes de tránsito y la comunidad pueden revelar formas en donde se reconfiguran relaciones moldeadas por estructuras de violencia, riesgos e inequidades, pero también de encuentros en los que se presenta el apoyo y la solidaridad.

De aquí la importancia de profundizar sobre estos espacios de interacción que se dan entre el migrante y la comunidad por donde se transita, en donde se producen encuentros y contradicciones, como futuros trabajos a realizar tomando en cuenta los contextos particulares de cada localidad.

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  • Wieviorka, M. (2009). El racismo: una introducción. España. Gedisa.

[1] Entre 2010 y 2017 la movilidad en tránsito por México aumentó de 128.4 mil a 296.8 mil personas (CNDH, 2020).

[2] El 27 de mayo de 2019 se publicó en el DOF la creación de la Guardia Nacional con elementos de la extinta Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (DOF, 2019a).

[3] 52,065 migrantes centroamericanos deportados.

 

  1. Mexicana. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), México. Profesora-investigadora de la Escuela de Ciencias Antropológicas en la misma casa de estudios. Líneas de investigación: globalización, exclusión y migración. Contacto: nayelib@uas.edu.mx.

  2. Mexicano. Doctor en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), México. Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en la misma casa de estudios. Líneas de investigación: redes sociales y comunidades transnacionales. Contacto: jscuetocalderon@uas.edu.mx.