Salud y migración: la bioseguridad en la política migratoria mexicana durante la pandemia por COVID-19

Segunda época, número 17, enero-junio 2024, pp. 81-103.

Fecha de recepción: 02 de abril 2024.
Fecha de aceptación: 27 de junio de 2024.

Autor:

Miguel Ángel Ceballos Soria.1

Resumen

Relacionar a personas migrantes con enfermedades no es una novedad. Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19 esta idea se exacerbó y los gobiernos del mundo tomaron medidas para frenar la movilidad. Este artículo aborda, desde una perspectiva biopolítica, la manera en que el discurso sanitario, basado en la bioseguridad, estuvo presente en las políticas migratorias de México durante la pandemia. Se aborda cómo el discurso de seguridad y de bioseguridad se imbricaron y resultaron en medidas de contención y deportación de personas migrantes. Se observa también el papel que tuvieron las caravanas migrantes para potenciar estas medidas.

Palabras clave: migración, política migratoria, pandemia, bioseguridad, biopolítica.

Health and migration: biosecurity in Mexican migration policy during the COVID-19 pandemic

Abstract

Linking migrants with disease is nothing new. However, during the COVID-19 pandemic this idea was exacerbated and governments around the world took measures to curb mobility. This article addresses, from a biopolitical perspective, the way in which the health discourse, based on biosecurity, was present in Mexico’s migration policies during the pandemic. It discusses how the discourse of security and biosecurity were intertwined and resulted in measures of containment and deportation of migrants. It also looks at the role that migrant caravans played in enhancing these measures.

Keywords: migration, migration policy, pandemic, biosecurity, biopolitics.

Introducción

La pandemia por COVID-19 fue un evento que impactó todas las actividades de los seres humanos y la huella que dejó es aún incierta. Sólo el paso del tiempo y el estudio de estos acontecimientos darán claridad de lo sucedido y de sus efectos. Bajo este contexto, el objetivo de este artículo es aportar en la discusión y análisis de la bioseguridad en el campo de los estudios de la migración.

En un periodo en donde las organizaciones internacionales y los gobiernos priorizaban la inmovilidad, la migración no paró. Por ello, es imperativo estudiar las decisiones que fueron tomadas por los gobiernos ante la movilidad de las personas que por una diversidad de razones no podían permitirse la inmovilidad.

Ante este panorama, en este artículo buscamos responder la pregunta sobre cuál fue la importancia del control sanitario en la reformulación de las políticas migratorias en México. Para ello se hace un análisis del discurso para entender cómo se relacionó con el control sanitario implementado por el gobierno federal en la política migratoria mexicana durante la pandemia por COVID-19. También analizamos el papel que juega Estados Unidos y su política migratoria, la cual deriva en la externalización de la frontera hacia territorio mexicano.

Con eso como base, en la primera parte de este artículo, explicamos la perspectiva teórico-metodológica que se usará para alcanzar el objetivo trazado, la cual tiene en el centro la noción de biopolítica. Posteriormente, analizamos el discurso que legitimó e impulsó las acciones que se tomaron a nivel mundial como medidas para enfrentar la crisis sanitaria, lo que se denomina como: discurso tecno experto de la pandemia. En la tercera revisamos la transición que hubo de la seguridad a la bioseguridad en el control migratorio. Por último, discutimos sobre la importancia de analizar a las caravanas migrantes y a la pandemia, con el fin de entender los cambios en la política migratoria mexicana.

Antes de comenzar, es importante mencionar que la idea de relacionar a las personas migrantes con enfermedades ha sido constante y por lo tanto es anterior a la pandemia por COVID-19 (CONAPRED, 2020). Por ejemplo, durante el Programa Bracero que duró de 1942 a 1964, migrantes de origen mexicano debían pasar por revisión médica y por una especie de cámara de desinfección en donde eran rociados con insecticidas como el Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), antes de ingresar a Estados Unidos.

Este tipo de químicos eran utilizados ya que se creía que con ello eliminarían posibles enfermedades que pudieran portar las personas migrantes, no importando que fueran dañinos para la salud (Mizzi, 2012; Sulbarán, 2021). Recientemente se ha relacionado a migrantes con otras enfermedades como el cólera, la hepatitis A y B, incluso con el VIH, a pesar de que no hay evidencia de que sean una real amenaza a la salud de los países receptores (Guerrero Espejo y Colomina Rodríguez, 2004).  Todas estas exclusiones de migrantes por cuestiones sanitarias tienen una fuerte raíz racial.

Aunque es constante este señalamiento que vincula a migrantes con enfermedades, fue durante la pandemia donde se exacerbó esta idea. Es por ello por lo que en este artículo revisaremos este cambio en el discurso que fue modificando las políticas migratorias para contener a las personas migrantes, transitando de uno de seguridad a uno de bioseguridad. Hay que mencionar que no es que uno haya reemplazado al otro, sino que estos discursos se fueron imbricando como se verá más adelante.

Discurso, poder y biopolítica

La base teórico-metodológica de este artículo descansa en la perspectiva sobre el poder que desarrolló Michel Foucault. Recurrimos al concepto de biopolítica. La biopolítica es la forma en la que “se han intentado racionalizar los problemas que planteaban a la práctica gubernamental fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas, etc.” (Foucault, 1999, p. 209). Es decir, no parte de la idea de considerar los procesos y estructuras políticas como consecuencia de determinantes biológicos, sino de analizar el proceso histórico en el que la vida surge como pieza clave en las estrategias políticas (Foucault, 1991).

Ya que la biopolítica se centra en el gobierno de las poblaciones, busca clasificarlas y jerarquizarlas, para ello encuentra una base fuerte en el racismo (Foucault, 1991; Lemke, 2017). El racismo entendido como:

la aparición de razas, su distinción, su jerarquía, la clasificación de algunas como buenas y otras, al contrario, como inferiores, todo esto va a ser una manera de fragmentar el campo de lo biológico que el poder tomó a su cargo; una manera de desfasar, dentro de la población a unos grupos con respecto a otros (Foucault, 2001, pp. 230-231).

Esto es, la biopolítica como forma de ejercer el poder para administrar los procesos propios de la vida y que busca crear estilos de vida particulares, va a estar basada en el racismo. Este racismo, que divide, clasifica y jerarquiza razas, buscará que prevalezca la que es considerada como buena. En ello se basa la máxima de la biopolítica de dejar vivir y hacer morir.

Para la biopolítica los distintos desafíos o problemas que se presentan en la realidad no se buscan resolver, sólo se administran, ya sea limitándolos, frenándolos o regulándolos (Foucault, 2006). Para entender cómo se administran Foucault emplea el concepto de normalización, el cual hace referencia al proceso de regulación de la vida y de las poblaciones (Castro, 2011). La normalización remite a:

los actos y las conductas de los individuos a un dominio que es, a la vez, un campo de comparación, de diferenciación y de regla a seguir [la media de las conductas y de los comportamientos] (Castro, 2011, p. 282).

Es decir, la normalización es una medida, un criterio, que va a medir de manera cuantitativa las conductas buscando homogeneizarlas. La homogeneización se realiza con base en la valorización de las conductas, buscando llegar a un óptimo que se debe alcanzar. Así mismo, esta normalización separa lo que está dentro de la norma de lo que no lo está. Foucault menciona que:

Nos estamos convirtiendo en una sociedad articulada esencialmente en torno a la norma. Esto implica un sistema de vigilancia y control totalmente diferente. Visibilidad incesante, clasificación permanente de los individuos, jerarquización, calificación, establecimiento de límites, diagnóstico. La norma se convierte en el criterio de reparto de los individuos (Foucault, 1994, pp. 75–76).

Para comprender este punto, Foucault (2006) explica cómo se administra una pandemia, ya que con este ejemplo se prefigura de manera clara la administración de la vida en donde se encuentra un punto en el cual la morbilidad y la mortalidad resultan aceptables. Esto es, no se busca eliminar la enfermedad ni evitar las muertes a causa de ella, sino que se administra de acuerdo con una curva, una distribución normal de casos de personas enfermas y fallecidas, un punto óptimo el cual se puede administrar. Las diferentes curvas que van surgiendo y que se realizan a partir de diversas características de la población (la región o ciudad, la profesión, el sexo, la edad, etcétera), y que resultan ser más desfavorables a la norma, se van a intentar reducir para llegar al punto de la distribución normal.

En resumen, la biopolítica se centra en gobernar los fenómenos propios de la vida, en los que se puede incluir las enfermedades y la migración. La biopolítica, en términos migratorios, busca la regulación de las poblaciones en movilidad para llegar al punto óptimo aceptable. Para lograr este objetivo, algunos de los dispositivos a los que se recurre son las leyes y las políticas migratorias: “la regulación de la migración a través de una biopolítica tiene como fin definir a quién se le permite entrar y permanecer en un territorio” (Estévez, 2018).

Ya que el objetivo de este artículo es analizar cómo se administraron las migraciones en tránsito por México durante la pandemia desde la perspectiva foucultiana, el análisis del discurso será fundamental. Para esta investigación, el análisis del discurso retomará los 10 puntos propuestos por Ian Parker (1992):

  1. Un discurso se realiza en textos.
  2. Un discurso se refiere a los objetos.
  3. Un discurso contiene sujetos.
  4. Un discurso es un sistema coherente de significados.
  5. Un discurso remite a otros discursos.
  6. Un discurso reflexiona sobre su propia forma de hablar.
  7. Un discurso se sitúa históricamente.
  8. Los discursos apoyan a las instituciones.
  9. Los discursos reproducen las relaciones de poder.
  10. Los discursos tienen efectos ideológicos.

La importancia de estos puntos para esta investigación se da en el sentido que retoman la noción foucultiana del discurso como articulación del poder y del saber, entendiendo que funcionan como elementos tácticos dentro de estas relaciones de poder (Foucault, 2005). Sobre todo, la base de este texto se encuentra en resaltar los puntos 7, 8 y 9 mencionados anteriormente: el análisis del discurso tiene que mostrar una descripción de las relaciones de poder involucradas en un tiempo y espacio concreto (Pérez, 2022), que ayudarán en este caso, a señalar el cambio de un discurso securitario a uno que incluye la bioseguridad, y en señalar en qué instituciones se apoyan para implementar una política migratoria específica. En ese sentido, se hará uso también de categorías (Romero, 2005) para identificar el discurso basado en la seguridad y el discurso basado en la bioseguridad, con el objetivo de distinguir la transformación de un discurso a otro dentro del control sanitario.

El discurso tecno-experto de la pandemia

Los gobiernos del mundo tomaron decisiones basadas en la información disponible durante los primeros meses de la pandemia. El Imperial College de Londres (ICL) fue un centro clave que asesoró a legisladores del Reino Unido y otros países. El 16 de marzo, el ICL publicó un informe sobre el impacto de la pandemia en la mortalidad y la demanda de los sistemas de salud (Ferguson et al., 2020).

En este documento, el ICL utilizó un modelo matemático para predecir la cantidad de muertes que el virus podría causar según las decisiones gubernamentales. Una predicción destacada fue que, sin las medidas recomendadas, habría 510 000 muertes en Gran Bretaña y 2.2 millones en Estados Unidos durante el primer año. La propuesta más eficaz según el ICL fue “revertir el crecimiento de la epidemia, reduciendo los casos a niveles bajos y manteniendo esta situación indefinidamente” (Ferguson et al., 2020).

Esta estrategia necesitaba una combinación de distanciamiento social de la población entera, aislamiento y cuarentena domiciliaria. Estas estrategias fueron también respaldadas por organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la cual funciona como como oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 3 de abril, la OPS publicó una serie de consideraciones hacia gobiernos sobre medidas de distanciamiento social que podrían tomarse para evitar el colapso de los sistemas de salud y la muerte de las personas enfermas. Promovía la suspensión de actividades presenciales en escuelas y trabajos y se respaldó el confinamiento domiciliario. Para llevarlo a cabo, la OPS sugirió herramientas a las que los Estados podían recurrir, como el despliegue de las fuerzas de seguridad o un toque de queda (OPS, 2020, p. 14).

Como puede notarse, estos discursos fueron totalizadores, es decir, no hubo espacio para pensar en las contextualizaciones que caracterizaron a cada uno de los espacios locales. A estas respuestas generalizadoras provenientes de un sector experto de la comunidad científica, Martuccelli (2021) lo llamó “la gestión tecno-experta de la pandemia”. Es decir, detrás de las recomendaciones dadas por instituciones expertas, retomadas por diversos gobiernos, está la idea de que las mismas medidas pueden aplicarse en todos lados.

Que el predominio de este discurso tecno-experto haya sido el predominante, no es casual, dado que el discurso se ha utilizado para legitimar acciones, en este caso, de los distintos gobiernos durante la pandemia. Esto es, el discurso se ha utilizado como herramienta para ejercer el poder, en otras palabras, el discurso es el medio ideal para el poder (Foucault, 2005). Para Foucault:

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad (Foucault, 2005, p. 14).

Para poder controlar los discursos, existen procedimientos de exclusión: la prohibición, la separación y rechazo y la voluntad de verdad (Foucault, 2005). Dados los objetivos de esta investigación, se abordará sólo el último. La voluntad de verdad busca separar aquello que se considera falso de lo verdadero y este sistema de exclusión se apoya en una base institucional, la cual:

está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas como la pedagogía, el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales (Foucault, 2005, p. 22).

Y esta voluntad de verdad, que se apoya en la maquinaria institucional, tiende a ejercer presión y coacción sobre todos los demás discursos. Siendo que, para el análisis del discurso es importante tener claro que los discursos van reproduciendo la base material de las instituciones a través de prácticas discursivas (Parker, 1992), es desde aquí de donde se va a entender el discurso tecno-experto de la pandemia. Fue a través de esta sociedad del discurso, como el ICL, la OMS y la OPS, en la que se basó este discurso de verdad, y con ello se enmarcó un único camino a seguir para combatir la pandemia.

Estas técnicas de cuarentenas generales y distanciamientos sociales estandarizaron las sociedades, ya que estas respuestas presuponían que todas las personas y los Estados tenían las condiciones materiales suficientes para llevarlo a cabo de la misma forma. Y a pesar de que hubo un matiz en la cuestión económica, en donde algunos países brindaron algún tipo de apoyo, no fue así con las otras diferencias que se dan en las distintas realidades.

En otras palabras, los confinamientos no respondieron a las diversidades sociales. Por ejemplo, se estandarizaron las realidades heterogéneas y así se profundizaron las diversas violencias hacia las mujeres, las infancias, la gente de la comunidad LGBTTIQ+, la población joven y la gente mayor o personas en movilidad internacional.

Estas decisiones generalizadoras, además de tener un fundamento sanitario, tuvieron una base económica. Martucelli menciona que “los confinamientos fueron la solución experta promovida por los expertos para ganar tiempo con el fin de subsanar errores de expertos anteriores” (Martuccelli, 2021, p. 6). Estos errores son la no inversión en los sistemas de salud, el cierre de servicios sanitarios y la reducción de camas en los hospitales públicos, que fueron motivados por razones económicas y que tuvieron graves consecuencias al momento del contagio masivo por el virus que provoca la enfermedad de la COVID-19.  Fue este escenario en el que se encontraban los sistemas de salud cuando llegó la pandemia, por lo que se utilizó la desmovilización a través del distanciamiento social, pero sobre todo por medio del confinamiento para ganar tiempo y abastecer de camas, equipos respiratorios, y en general las unidades de cuidados intensivos (Martuccelli, 2021).

Dado que este fue el discurso que permeó en el inicio de la pandemia, los países decidieron imponer cuarentenas generalizadas, distanciamiento social y pusieron límites a la movilidad dentro de su territorio y a la movilidad internacional.

El escenario previo a la pandemia: la securitización de la política migratoria en México

Después del 9/11 la securitización de las fronteras, la contención y la deportación han tomado un papel preponderante en la política migratoria estadounidense y estas medidas se han externalizado a otros países (Arango, 2011; Domenech, 2013). Estos hechos marcaron un precedente importante en la criminalización de los inmigrantes, encarnado en la lucha contra el terrorismo. Desde entonces Estados Unidos radicalizó las políticas migratorias basadas en la seguridad nacional. Sobre la idea de la lucha contra el terrorismo, las políticas para administrar la migración se diluyeron con las que buscaban enfrentar a este nuevo enemigo (Benton y Papademetriou, 2021).

Posteriormente los gobiernos continuaron señalando a los migrantes como amenaza para la seguridad nacional. Durante la administración de Obama, hubo un aumento en las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos (Villafuerte Solís y García Aguilar, 2015). La retórica antiinmigrante se intensificó aún más con el gobierno de Trump, relacionando directamente a migrantes hispanos y de Medio Oriente con el crimen y el terrorismo (García, 2016; Shear y Hirschfeld, 2017), y reforzó una política basada en la seguridad nacional como la implementación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

Al igual que en Estados Unidos, México reforzó su proyecto de contención migratoria tras el 9/11. Se implementaron medidas como el Plan Sur en 2001, la Iniciativa Mérida en 2008, y el Programa Frontera Sur en 2014. En el gobierno encabezado por López Obrador, esta estrategia siguió su camino. Aunque al inicio del gobierno de López Obrador parecía haber un discurso de puertas abiertas hacia la migración, esto cambió radicalmente en 2019 debido a las amenazas arancelarias de Donald Trump.

No obstante, las aparentes buenas intenciones del ejecutivo, la continuación de la política migratoria basada en la contención y deportación se había plasmado ya en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada en mayo de 2019. En este documento se menciona que México se encuentra expuesto a múltiples riesgos como los flujos migratorios descontrolados, el crimen organizado, cambio climático y problemas en la frontera sur y norte (SEGOB, 2019b).

Señalar a la migración como riesgo a la seguridad tiene que ver con el régimen global de fronteras, en este caso con la integración de México al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular el cual firmó en 2018. La puesta en marcha del pacto “ha ido acompañada de un aseguramiento de las fronteras (borderización) a cargo de la Guardia Nacional (GN), especialmente tras el ingreso de las caravanas migrantes de finales de 2018 y principios de 2019” (Rodríguez Ortiz, 2020, p. 37).

Como resultado, el discurso sobre la migración ha creado una dicotomía: una migración deseable que sigue canales reconocidos por el Estado y organizaciones internacionales; y, una migración indeseable que se considera una amenaza a la seguridad. Estas categorías se forman a través de diversas dimensiones, como lo legal/ilegal y lo regular/irregular, y están influenciadas por factores raciales, sociales y económicos (Vilchis Díaz, 2021).

Para ello el Estado encamina recursos y esfuerzos, como el despliegue de la GN a lo largo del territorio mexicano para la contención migratoria. Esto se puede leer en el Diario Oficial de la Federación, en donde se menciona que:

se hace indispensable realizar acciones de control, verificación y revisión migratorias de entrada, salida, tránsito y estancia de personas migrantes extranjeras en el país, a fin de promover que la migración sea segura, ordenada y regular (SEGOB, 2019a).

Este tipo de medidas fueron defendidas y justificadas desde las conferencias mañaneras y en eventos oficiales del gobierno mexicano. El 6 de junio de 2019, por ejemplo (en el contexto de las amenazas arancelarias por parte de Trump), se le preguntó al presidente sobre cuántas personas puede aceptar México que vengan de otros países y que quieran llegar a Estados Unidos. López Obrador respondió:

Nosotros tenemos que aplicar nuestras leyes y evitar la migración ilegal. Ese es un planteamiento. Hacerlo respetando los derechos humanos, una de las cosas que debe saberse es que en esos migrantes vienen niños, miles de niños, y niños solos, sin padres. Es una crisis profunda, humanitaria. Es que no se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal, o sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes, sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio (Presidencia de la República, 2019).

En su discurso, el presidente buscó señalar y justificar la contención de la migración ilegal. Hay que mencionar que, para la legislación mexicana no hay migrantes ilegales porque no están cometiendo ningún delito, sino que son migrantes irregulares (Ley de Migración, 2011). Sin embargo, en la concepción del presidente mexicano esta migración es ilegal y hay que evitarla.

La idea de contener la migración irregular está en el centro del discurso gubernamental y se puede notar también en el entonces secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, ya que, en el contexto de las amenazas de Trump declaró:

si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir ‘no queremos que atravieses nuestro territorio’, si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro país (Guzmán, 2019).

La concepción de las personas migrantes como amenaza en México se revela en este discurso al relacionarlos directamente con problemas económicos para el país. Los migrantes en tránsito no son bienvenidos en México porque de acuerdo con el secretario pueden crearle problemas con Estados Unidos.

Como consecuencia, se enviaron a elementos de la GN a las fronteras sur y norte de México y el 11 de junio de 2019 se presentó una comisión encargada de disminuir el flujo migratorio y así evitar los aranceles. Sus objetivos eran: coordinar autoridades migratorias estatales y municipales; impulsar el desarrollo en el sur del país; atender a solicitantes de asilo en el norte; fomentar el desarrollo económico en Centroamérica y desplegar a la GN en ambas fronteras, con énfasis en la frontera sur (López Obrador, 2019).

En este último punto se designó al general de brigada Vicente Antonio Hernández Sánchez, a quien se le dio la tarea de “integrar las condiciones de la GN en la frontera sur” y así respaldar a las instituciones de migración. Hay que recalcar que la Guardia fue constituida como una institución policial de carácter civil, en consecuencia, se debía adscribir a la seguridad pública, por lo que un militar en funciones no estaba facultado por la ley para coordinar el despliegue.

Al ser cuestionado por esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, justificó la presencia del militar en el despliegue de la GN:

—Interlocutor: ¿Y por qué entonces es un general activo en la Defensa y no como parte de la Guardia Nacional?

—Marcelo Ebrard: Porque así lo determinó la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar a la Guardia, porque la Guardia pues todavía en ese momento apenas se está desplegando, es un apoyo por la premura del tiempo (López Obrador, 2019).

El discurso que legitimó la presencia masiva de la GN (coordinada por militares) en las fronteras, fue una que veía al flujo migratorio “ilegal” como posible amenaza a la seguridad nacional; un discurso que justificaba la contención migratoria militarizada en aras de no tener un conflicto económico con Estados Unidos, alegando la premura del tiempo.

Este punto es importante, ya que, justificando la falta de tiempo y de preparación, se justificó la presencia militar en una institución de seguridad pública. Al aceptar que estas instituciones no son lo suficientemente sólidas para cumplir sus mandatos y por ello tener que recurrir a las fuerzas armadas, se puede vislumbrar un Estado de excepción. Este Estado no es uno democrático en crisis, sino uno el cual se encuentra en una especie de guerra civil legal en donde la vida se subordina al poder del Estado (Agamben, 2005; Estévez, 2018).

Agamben (2005) señala que los Estados de excepción, en lugar de ser una medida excepcional, se han convertido en la norma. Estos Estados utilizan la suspensión de la constitución y las leyes que protegen las libertades individuales como una técnica de gobierno. A pesar de que la ley no contempla la participación de militares en instituciones de seguridad pública o migración, esta práctica se justifica alegando falta de preparación o urgencia de tiempo, lo que ha llevado a que la intervención del ejército en instituciones civiles sea común.

Es en este estado de excepción en donde la seguridad nacional se pone como prioridad, y con el que se justifica la contención migratoria con la GN al mando de militares y en las instituciones migratorias, el discurso securitario se encontró con la emergencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19.

Bioseguridad y seguridad nacional

La bioseguridad, tal como se aborda en este artículo, es un concepto viajero (Bal, 2002), el cual tiene su origen en el área médica y que ha sido retomado en las ciencias sociales. Desde el campo médico-biológico, la bioseguridad es entendida como “un enfoque estratégico e integrado, orientado al análisis y la gestión de los riesgos pertinentes para la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas y los riesgos conexos para el medio ambiente” (FAO, 2007).

El objetivo de la bioseguridad es proteger a las personas que trabajan con agentes biológicos a través de medidas científico-organizativas y técnico-ingenieras para reducir los riesgos a la salud. Aunque en un primer momento se pensó en la implementación de las medidas de bioseguridad para proteger a las personas que manipulaban o estaban expuestas a agentes biológicos, como en los laboratorios o en las fábricas, posteriormente se ha ido expandiendo hacia la protección de las comunidades y del medio ambiente (Cobos, 2021).

Uno de los objetivos de la bioseguridad es la protección ante catástrofes de carácter biológico o de carácter natural, tales como pandemias de enfermedades que ya existen, emergentes o reemergentes. Pero también para la protección de patógenos procedentes de laboratorios diseñados para el uso deliberado de agentes causantes de enfermedades en incidentes de guerra biológica o bioterrorismo (Ali Al Shehri et al., 2022).

En pocas palabras la bioseguridad se puede entender como la seguridad de la vida y la se gestiona a través de la cultura de la seguridad biológica, la percepción del riesgo biológico y la capacitación (Cobos, 2021). Algo que tienen en común estas percepciones de bioseguridad es que lo vinculan a las iniciativas de defensa. Como se revisó anteriormente, la bioseguridad busca asegurar la vida ante fenómenos naturales como las epidemias o ante aquellos peligros biomédicos creados en laboratorios como el bioterrorismo, en ese sentido, “el discurso de la bioseguridad difumina las distinciones entre las prioridades de seguridad pública y las de las fuerzas armadas” (Lincoln, 2021).

Lincoln menciona que desde esta perspectiva de la bioseguridad todos los seres vivos se entienden como una extensión de la soberanía estatal. Por ende, la bioseguridad es una forma de biopolítica, en donde “las prácticas de la bioseguridad llevan a la vida al ámbito del cálculo político” (Lincoln, 2021). Pero, a diferencia de la biopolítica, dice Lincoln, la bioseguridad no busca exponer a algunos grupos seleccionados a lesiones o a la muerte (dejar morir), sino que busca destruir la vida de aquellos organismos que se consideren no humanos en nombre de la seguridad y así contener las amenazas a la biología humana.

Por lo tanto, con base en el discurso biosecuritario y pensando que los discursos son un sistema coherente de significados en donde las metáforas y las analogías que los discursos pintan de una realidad pueden destilarse en afirmaciones de la realidad (Parker, 1992), no es casualidad que las acciones para controlar la pandemia hayan sido significadas recurriendo a metáforas bélicas y metáforas de guerra (Márquez, 2020). Por ejemplo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, mencionó en una conferencia que el mundo estaba en guerra contra el virus y era necesario actuar mediante una economía de guerra (ONU, 2021).

Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca declaró que: “Este es el peor ataque que hemos tenido. Es peor que Pearl Harbor. Es peor que el World Trade Center. Nunca ha habido un ataque así» (Demur, 2020). En el caso mexicano fue muy frecuente el uso de la expresión “primera línea», la cual hace referencia a la posición más cercana al conflicto bélico-militar. La primera línea en el contexto sanitario hacía referencia al personal del sector salud que se encontraban en contacto directo con los pacientes enfermos de COVID-19.

En ese mismo sentido, el discurso biosecuritario que entremezcla las cuestiones de seguridad pública y de las fuerzas armadas con la cuestión sanitaria, justificó la participación de militares en la gestión de la pandemia. Por ejemplo, la Secretaría de Salud anticipó que en la semana del 2 al 8 de mayo de 2020 se iba a vivir una semana crítica en el aumento de personas contagiadas por el virus. Para ello, el gobierno ordenó un despliegue nacional de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) para hacer frente a la propagación del virus (Nájar, 2020).

Por eso mismo, se puede decir que la pandemia fue utilizada para marcar a las personas migrantes con la enfermedad, relacionarlas con una fuente de contagio. Como se mencionó anteriormente, no es que en ese momento haya surgido esta relación entre migración y enfermedad, sino que en 2020 tomó preponderancia dada la situación de emergencia sanitaria.

La base para relacionar a migrantes con enfermedad se encuentra en el discurso tecno-experto de la pandemia, el cual se ensambla posteriormente con el discurso biosecuritario. En un primer momento, el discurso tecno-experto impuso ciertas medidas totalizadoras para contener la pandemia. Una de ellas fue la implementación de cuarentenas generales.

Con este discurso se separó a aquellas personas que cumplían con las medidas sanitarias de las que no. Por un lado, estaban las personas “responsables” que seguían todas las medidas y por otro las personas que frecuentemente fueron señaladas como “irresponsables”, las que eran un peligro para la salud pública. Este segundo grupo se creó a causa de que las medidas totalizadoras no contemplaban a las poblaciones que no podían llevar a cabo las medidas sanitarias dadas las condiciones económicas, políticas o sociales en las que se encontraban, como son las personas en situación de calle y las personas en movilidad.

De esta manera, las personas migrantes fueron marcadas como una amenaza a la salud. Esto es porque, si la respuesta central contra la pandemia es el encierro y la inmovilidad para evitar el contagio del virus, las personas que no seguían las indicaciones, ya que se encontraban en constante movilidad, eran un peligro. Por ello, en todo el mundo los Estados decidieron cerrar fronteras y así evitar que llegara gente del extranjero (OIM, 2021). Es aquí en donde el discurso de bioseguridad y seguridad se encuentran para la contención de migrantes, los cuales buscaron detener las movilidades infecciosas (Basualdo, 2023).

Biosecuritización de las políticas migratorias

En Estados Unidos el discurso sanitario y de bioseguridad se materializó en la implementación de las secciones 362 y 365 del Título 42 del Código de Estados Unidos. Esta decisión facultó a las autoridades prohibir la entrada a personas que pudieran propagar enfermedades en Estados Unidos, pero sólo se aplicó a quienes carecían de documentos adecuados y que llegaban por vía terrestre (Overlid, 2023). Esto convirtió de facto una política sanitaria en una política migratoria, ya que fue utilizada para detener y deportar de manera inmediata a solicitantes de asilo.

El Título 42 se comenzó a implementar en marzo de 2020. Durante ese año fiscal se registraron 207 mil eventos de expulsión por motivo de esta política. Además, como se puede ver en la Gráfica 1, durante el año fiscal 2021 los eventos de expulsión aumentaron de manera significativa con más de un millón de eventos. En este año se superaron de manera considerable las expulsiones por Título 42 comparado con el total de los eventos de devoluciones y retornados basados en el Título 8 (Unidad de Política Migratoria, 2023) política utilizada para deportar migrantes antes de la pandemia.

En total, de marzo de 2020 a septiembre de 2022 se registraron 2 millones 291 mil 347 eventos de expulsión de Estados Unidos a México, lo que representó 96% del total de expulsiones (Unidad de Política Migratoria, 2023). A pesar de ello, dice Overlid (2023), no hay evidencia clara que señale la eficacia de excluir solicitantes de asilo para detener el esparcimiento de la COVID-19.

Gráfica 1. Total de acciones de devolución (Título 8) y expulsión (Título 42) de personas desde Estados Unidos, 2009-2021 año fiscal (miles de eventos)

 

Fuente: Unidad de Política Migratoria (2023).

En México, el cambio inicial se observa en las autoridades que pronunciaron el discurso sobre el tema migratorio. En 2019 tras las amenazas de Donald Trump, los principales actores que se pronunciaron fueron el presidente, López Obrador y el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos dirigieron el discurso y coordinaron las acciones con las demás instituciones como el INM, la GN y las autoridades locales.

Durante 2020 estas dos dependencias fueron las que se expresaron públicamente sobre el tema migratorio, sobre todo alrededor de la decisión de no cerrar fronteras y más bien tener filtros sanitarios (INM, 2020). Es hasta octubre de 2020 que las autoridades sanitarias comenzaron a tomar preponderancia para tratar el tema de la movilidad humana.

Desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud organizó conferencias diarias en Palacio Nacional, transmitidas por televisión nacional y redes sociales del gobierno mexicano. Estas eran dirigidas por el subsecretario Hugo López-Gatell y se informaba sobre la situación sanitaria del país y las acciones del gobierno.

En los primeros meses, las conferencias se enfocaban en el número de casos activos y la ocupación hospitalaria, incluyendo camas y respiradores disponibles para casos graves. El tema migratorio estuvo ausente de estas conferencias durante el primer tramo de la pandemia, las personas migrantes eran las poblaciones olvidadas por las autoridades (Morales, 2020).

Durante estos meses, México mantuvo fronteras abiertas y hubo una notable reducción en el flujo migratorio. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2020, este comenzó a aumentar debido a dos fenómenos naturales: los huracanes Eta e Iota en Centroamérica y la propagación acelerada de la cepa «Delta». Estos eventos llevaron a los periodistas a plantear preguntas sobre migración en las conferencias de prensa.

El 2 de octubre de 2020 en la conferencia cuestionaron al subsecretario López Gatell sobre la caravana migrante que se había formado en esos días en El Salvador y que tenía contemplado llegar a México. López Gatell respondió:

Cada vez que se pone el planteamiento de migración y salud, [hay que] tener mucho cuidado con lo que es una visión más convencional, pero científicamente errónea que es hacer un símil o más bien un paralelismo entre migración y riesgo sanitario para la población residente. No se trata de eso. 2,900 personas de la nacionalidad que sea es improbable que contribuyeran significativamente a un problema de salud pública de México o para México, para las personas mexicanas. Y en lo que sí están, es en importantes desventajas sociales, económicas, culturales, políticas, etc. y por lo tanto en un país de derechos humanos como lo es hoy México estamos moral, legal y políticamente obligados a asistirles (Secretaría de Salud, 2020).

El discurso que aquí se muestra intenta separar dos rubros, la salud y la migración. En ese sentido, se rechaza la idea de que las personas migrantes, en específico las caravanas, sean un problema para la salud pública en México. Este discurso se reafirmó en enero, cuando una nueva caravana salió de Centroamérica (Secretaría de Salud, 2021).

A pesar de ello, los discursos que se pronunciaban en este mismo periodo, pero por diferentes actores, era distinto. Por ejemplo, en octubre de 2020 se comienza a ver un cambio en el discurso de las autoridades encargadas de la política migratoria, en donde las medidas de bioseguridad comienzan a aparecer. A raíz de la organización de la caravana migrante formada en octubre de 2020 en El Salvador, se realizaron operativos de securitización fronteriza en la frontera sur que se justificaban con cuestiones sanitarias.

Tal es el caso del operativo que se llevó a cabo en el Río Suchiate, Chiapas para contener a la caravana migrante. El operativo consistió, de acuerdo con las autoridades, en dar información, hacer vigilancia epidemiológica a través de interrogatorios médico-epidemiológicos y el uso de pruebas diagnósticas en personas sospechosas de tener COVID-19. Para estas acciones, se coordinaron diversas instituciones y secretarías como el INM, SEGOB, SRE, SEDENA, SEMAR y GN (INM, 2020), junto con gobiernos locales y el embajador de Guatemala en México, con el objetivo de asegurar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular.

En ese sentido, como justificación a este operativo de contención migratoria por ambos países, Mario Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México mencionó:

Nuestro mensaje es muy claro para todos los que deseen migrar ¡Quédense en casa! Es el momento de hacerlo en medio de la pandemia. Los gobiernos de Guatemala y de México trabajamos unidos, precisamente, para preservar sus vidas. Aquí estamos juntos, derechos humanos, gobiernos y relaciones exteriores e INM, para poder garantizar esto (INAMI Mx, 2020b).

En el caso de los gobiernos locales, José Manuel Cruz, secretario de salud de Chiapas, respaldó estas acciones solicitando controlar las fronteras y pidiendo a las personas migrantes que no se pusieran en riesgo: “Es muy respetuosa la migración, pero debemos de anteponer la vida, salud y el bienestar de cada uno de los seres humanos” (INAMI Mx, 2020b).

Este mensaje es significativo para entender las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas y guatemaltecas en la contención migratoria. Aquí se señala que es importante implementar medidas de bioseguridad para mantener lejos a las personas que pueden ser un peligro sanitario y así evitar futuras amenazas y preservar la vida.

En esta misma línea, INM utilizó sus redes sociales para mostrar la coordinación entre instituciones migratorias y de seguridad. En un video de YouTube titulado: «¡Somos un instituto que se hace grande con su gente!» (INAMI Mx, 2020a), el instituto mostró una frontera securitizada. En este video aparece el General Vicente Antonio Hernández dando un discurso en el que menciona su agradecimiento por ser nombrado coordinador de las fuerzas armadas y de la GN para apoyar al INM.

Además, se observa a miembros del INM, GN, ejército, personal médico y drones posicionados a lo largo de la frontera sur de México, formando una especie de muro humano, como se aprecia en la Imagen 1. Este muro humano conformado por fuerzas armadas y personal médico era un mensaje claro: la caravana no era bienvenida debido a consideraciones de seguridad y sanitarias.

Imagen 1. Militares, Guardia Nacional, médicos e INM formando un muro humano para la contención migratoria

Fuente: INAMI Mx (2020a).

En enero y marzo de 2021, meses de nuevas caravanas migrantes, el INM empleó nuevamente sus redes sociales para mostrar su estrategia. En enero, publicaron un video en YouTube titulado «Despliegue de elementos del INM en la frontera sur de México» (INAMI Mx, 2021a) destacando agrupamientos organizados y entrenados para operaciones de «Rescate humanitario”.

En marzo de 2021, el INM subió un video titulado “Lazos de colaboración entre Guatemala y México” (INAMI Mx, 2021b), situado en el Puente Internacional Rodolfo Robles, el cual une a México y Guatemala. En el video se pueden ver fuerzas policiales y militares de Guatemala y del lado mexicano a miembros de la SEMAR y GN con equipamiento antimotines y a soldados de la SEDENA con armas largas.

El mensaje de este continuum de videos del INM, en donde muestran a las fuerzas armadas y a personal médico, fue: la migración es un problema de seguridad y de salud pública, por lo que hay que contenerla antes de que cruce a territorio mexicano. Estos objetivos se pueden ver de manera cristalizada en el Boletín 366/2020 del INM, en el cual se amenazaba a migrantes con sanciones penales si entraban al país de manera irregular y sin las medidas sanitarias correspondientes.

Hasta entonces, el vocero de la Secretaría de Salud mantuvo la separación entre migración y riesgo sanitario, mientras que el INM y miembros de las fuerzas armadas utilizaron el argumento sanitario para justificar su presencia en las fronteras y contener a los migrantes. No obstante, el 18 de marzo de 2021, el discurso de las autoridades sanitarias cambió. López Gatell rompió con la línea discursiva anterior, ya que en esta fecha el gobierno mexicano decidió cerrar la frontera sur con Guatemala por razones sanitarias. Ante preguntas de periodistas, el subsecretario respondió:

Efectivamente en este momento se incrementaron las medidas de control fronterizo en los estados del sur de México, principalmente relacionado con dos elementos: Uno la verificación de un incremento de los flujos migratorios locales provenientes sobre todo de Centroamérica; y lo segundo, la posibilidad —dada la experiencia que se tuvo ya en la frontera norte— de establecer protocolos en donde se prioriza la restricción de actividades no esenciales pero se puede considerar la continuidad de las actividades esenciales. Ese es el enfoque, no es un cierre fronterizo, es simplemente una colaboración binacional […] para tener una reducción de la movilidad y en actividades no esenciales (Gobierno de México, 2021).

En discursos anteriores, el subsecretario afirmó que la migración no representaba un problema de salud pública en México. Sin embargo, en esta ocasión justificó las acciones del gobierno federal al cerrar la frontera para reducir la movilidad. Aunque el subsecretario no lo llamó un cierre fronterizo, la SRE lo describió de esa manera.

Los discursos de las autoridades mexicanas enfocados en la bioseguridad se intensificaron durante las caravanas migrantes, destacando comunicados y videos que resaltan la presencia militar y la colaboración interinstitucional e internacional para controlar la migración.

Administración migratoria en tiempos de crisis. El cuerpo migrante visible: la COVID 19 y las caravanas

Para entender la administración migratoria durante la pandemia hay que recordar dos puntos: el primero es que desde la biopolítica los problemas no se buscan resolver, sólo se administran (Foucault, 2006); el segundo punto es retomar el concepto de normalización, el cual hace referencia al proceso de regulación de la vida y de las poblaciones (Castro, 2011).

Siguiendo estas ideas, los problemas se administran de acuerdo con una curva, una distribución normal. De esta manera las diferentes curvas que surgen a partir de distintas características de la población, tal como puede ser el sexo, la edad, etcétera, y que resultan ser más desfavorables a la normal, se van a intentar reducir para llegar al punto de la distribución normal.

En ese sentido, los Estados administran la migración a través de distintos dispositivos como las leyes y políticas migratorias. A través de ellos los Estados deciden quienes pueden y quienes no pueden entrar a sus territorios (Estévez, 2018) y estas decisiones se basan en criterios de raza, clase, nacionalidad y género. Siguiendo esta lógica los Estados separan en dos grupos a las personas migrantes, aquellas que son deseables y aquellas que no lo son. A este segundo grupo de migrantes no deseados son a los que se les trata de dificultar la entrada.

Entonces, los Estados también buscan alcanzar un punto óptimo para gestionar la migración no deseada. Por lo tanto, existen límites considerados aceptables, tanto para México como para Estados Unidos, independientemente de si la migración es regular o irregular. No es que los países busquen eliminar la migración irregular, sino que buscan que se encuentre dentro de los niveles aceptados, que estén cerca del punto óptimo. En consecuencia, hay eventos que hacen que se aleje de la norma, los cuales se suelen llamar “crisis”, y que a través de distintos dispositivos se intenta regresar nuevamente a su punto.

Por ejemplo, en 2014, cuando las detenciones de niñas y niños no acompañados (NNA) aumentaron significativamente en la frontera de Estados Unidos, conocida como “la crisis de NNA”, llevó a la implementación del programa Frontera Sur en México. Aunque casos de NNA ya ocurrían en años anteriores en la frontera sur de Estados Unidos, fue en 2014 cuando las detenciones se desviaron de la norma, por lo que buscaron regresarlas al punto óptimo, no erradicarlas.

En el mismo sentido, las caravanas migrantes surgidas en 2018 ofrecieron una alternativa a la migración clandestina. Este contexto, junto al discurso nacionalista y xenófobo de Donald Trump para contener estos movimientos masivos en México, impulsó una maquinaria institucional para detener migrantes en donde la pieza clave de este engranaje fue la GN.

Lo que se puede decir sobre estos nuevos eventos, es que la novedosa manera de migrar en caravana no estaba dentro del diagnóstico de la administración de la migración en la región. Esto es porque, antes de que aparecieran las caravanas y se tomaran como una alternativa viable de viaje, la migración irregular era considerada como clandestina, anónima y que se realizaba de manera individual o en pequeños grupos (Gandini et al., 2020).

Al ser señalados como amenaza a la seguridad, se impulsa la migración clandestina, la cual pretende ocultar los cuerpos de las personas migrantes, y así pasar desapercibidas y evitar ser detenidas, deportadas. Las caravanas, por otro lado, muestran de manera abierta y en masa los cuerpos migrantes. Las personas y las autoridades de los países de tránsito y destino pueden verlos caminar en grandes grupos.

Las caravanas salieron de las prácticas recurrentes de migrar. Para Varela (2022) las caravanas son una forma de resistencia y de rebelión de las personas migrantes ante décadas de contención migratoria:

estas caravanas constituyen una cara visible pero minoritaria frente al número real de transmigrantes realmente existentes, pero su existencia como protesta política y social desafía los límites de los procesos migratorios hasta ahora vigentes (Varela Huerta, 2022, p. 488)

La incertidumbre ante las nuevas formas de migrar, imbricada a la emergencia sanitaria por la COVID-19, creó un escenario en el que los cuerpos migrantes ya visibles se podían señalar de manera directa como una gran amenaza sanitaria. Ante ello, las políticas migratorias se endurecieron movilizando cuerpos policiales, personal médico y creando puentes de colaboración entre los países centroamericanos y México para inmovilizar a las personas migrantes, pero sobre todo desmovilizar a las caravanas. Con estas acciones, México continuó consolidándose durante la emergencia sanitaria, como un país de contención migratoria a causa de la externalización de las fronteras de Estados Unidos.

Como consecuencia a la incertidumbre de las caravanas y la COVID-19 se crearon nuevos discursos, aquellos basados en la bioseguridad, que señalaron a estas personas como enfermas y que fueron formando escenarios de crisis. Y ante las crisis los gobiernos buscan “neutralizar el peligro y restaurar la situación normal” (Agamben, 2005, p. 35). Y para encontrar el balance generado por la crisis se implementaron acciones de detención y expulsión masiva de migrantes.

Estas acciones que pretendían contener y mantener lejos a las personas migrantes no deseadas, fueron políticas de muerte las cuales se pusieron en marcha para sostener las fronteras como espacios de segregación racial y de clase (Estévez, 2022; Mbembe, 2011; Rios Contreras, 2021). Para ello recurrieron al uso de militares (o policías militarizadas como la GN) lo cual pone en riesgo el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

De acuerdo con investigaciones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, hay registros de que las instituciones militares han incurrido en tortura, desaparición forzada, incluso asesinato de la población civil, incluyendo a personas migrantes (CMDPDH, 2023; Ureste y Pradilla, 2021). Desplegar a militares a lo largo del territorio justifica el ataque de soldados contra la población con el argumento de que se trata de criminales (Paley, 2020).

Estas acciones de contención y de políticas de muerte, encontraron eco en la emergencia sanitaria. Con ello se buscó formar una nueva norma a la cual habrá que apegarse. Con el fin de la pandemia y con la nueva norma, entrelazada con los dispositivos de seguridad, se buscarán nuevos dispositivos que permitan mantener al mínimo el ingreso de personas migrantes no deseadas, es decir, aquéllas que han sido racializadas y empobrecidas.

Conclusiones

En este artículo se pudo vislumbrar cómo el discurso biosecuritario se imbricó con el discurso basado en la seguridad nacional para la contención migratoria durante la emergencia sanitaria. En la primera parte se describió el funcionamiento del discurso tecno-experto de la pandemia. En él se sentaron las bases que sostuvieron las respuestas de los gobiernos para abordar la emergencia sanitaria. Estas se resumen en dos puntos: el distanciamiento social y las cuarentenas generalizadas.

En la segunda parte se analizaron ambos discursos en México y Estados Unidos con la intención de señalar sus particularidades e identificar el momento en el que se dio el quiebre durante la pandemia. Se explicó en qué momento se transformó este discurso que en un primer momento se basó en razones de seguridad nacional y se movió hacia uno que incluía la amenaza sanitaria que representaba la migración irregular. Este punto es crucial para entender cómo se relacionó el discurso sanitario en las políticas migratorias.

Este último punto es importante resaltar. La imbricación del discurso securitario y biosecuritario se dio gracias a que antes de la pandemia la maquinaria institucional estadounidense se desplegó con fuerza después de la aparición de las caravanas en 2018. Esto se encontró con una emergencia sanitaria mundial que permitió relacionar la migración con la enfermedad y reforzar los dispositivos de seguridad de contención en México.

En ese sentido se puede sostener que hubo una gran estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria y se dieron un par de soluciones desde el sector tecno-experto. Dado que estas soluciones fueron totalizadoras y no hubo espacio para pensar a las poblaciones que no podían acatarlas, como las personas migrantes, estas fueron catalogadas como potenciales portadores de virus. Para mantener lejos a estas personas que eran una amenaza sanitaria, había que reforzar las fronteras y las políticas de contención y deportación, así como difundir el mensaje de que se quedaran en casa, con la justificación de no poner en riesgo sus vidas y las vidas de las poblaciones de los países de tránsito y destino.

Estos discursos aparecieron de manera inmediata en Estados Unidos y se implementó el Título 42. En México, las fronteras no se cerraron de manera formal por cuestiones sanitarias como sí lo hicieron los países de la región. Sin embargo, las tareas de contención como la detención y deportación de migrantes nunca se detuvieron. Pero la contención en las fronteras mexicanas se radicalizó durante las caravanas migrantes de octubre de 2020, de enero y, sobre todo, en marzo de 2021. Durante estos eventos los discursos biosecuritarios que buscaban contener la migración de estas caravanas vieron un auge el cual se materializó en el aumento de migrantes detenidos y deportados.

Tal como se pudo observar, el papel de Estados Unidos ha estado presente en la política migratoria mexicana durante las últimas décadas. El efecto de la externalización de la frontera se ha hecho presente desplegando acciones de contención en México. Estas acciones encontraron eco durante la pandemia y ayudaron a impulsar los lazos de colaboración entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos, especialmente Guatemala.

Es importante recalcar la importancia que han tenido, en las respuestas de los gobiernos, las caravanas migrantes. Esta forma de migrar en grandes grupos ha significado un reto para los países de la región, sobre todo durante la emergencia sanitaria. La disputa del control de estos espacios ha hecho que los Estados utilicen una diversidad de justificaciones para contenerlas. Las razones sanitarias jugaron un papel importante en su contención, las cuales se integraron a los discursos de seguridad nacional.

Referencias bibliográficas

 

  1. Mexicano. Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. Actualmente es Investigador independiente. Líneas de investigación: migración en tránsito por México, derechos humanos, militarización en México. Contacto: m.ceballos@politicas.unam.mx.