Segunda época, número 17, enero-junio 2024, pp. 125-147.
Fecha de recepción: 08 de febrero de 2024.
Fecha de aceptación: 31 de mayo de 2024.
Autora: Maryoly Ibarra.1
Resumen
En los últimos años, el flujo migratorio venezolano hacia países de América Latina ha generado interés en investigadores, especialmente en Argentina y Chile, quienes han explorado esta migración desde una perspectiva laboral. Este artículo consiste en una revisión de la literatura académica que aborda el acceso al empleo de esta población, destacando los hallazgos sobre los obstáculos para su inserción laboral. Se examinan las brechas entre la normativa y las políticas públicas que regulan el acceso al mercado laboral y las estrategias de los migrantes venezolanos para obtener empleo en condiciones favorables. La revisión incluye un análisis comparativo de artículos, informes y tesis que tratan sobre el acceso al mercado laboral en Argentina y Chile. Los resultados sugieren que, aunque se trata del mismo colectivo, las particularidades de los contextos macroeconómicos, sociales, normativos y culturales de cada país influyen en las particularidades de los procesos de acceso al empleo.
Palabras clave: migración venezolana, inserción laboral, empleo, acceso, derecho laboral.
Job access of venezuelan migrants in Argentina and Chile: perspectives on obstacles and strategies
Abstract
In recent years, the Venezuelan migratory flow to Latin American countries has garnered the interest of researchers, particularly in Argentina and Chile, who have explored this migration from a labor perspective. This article reviews the academic literature addressing the access to employment of this population, highlighting findings on the obstacles to their labor market insertion. The study examines the gaps between regulations and public policies that regulate labor market access and the strategies employed by Venezuelan migrants to obtain favorable employment conditions. The review includes a comparative analysis of articles, reports, and theses on labor market access in Argentina and Chile. The results suggest that, despite belonging to the same migrant group, the particularities of each country’s macroeconomic, social, regulatory, and cultural contexts influence the specifics of the employment access processes.
Keywords: venezuelan migration, labor integration, employment, access, labor rights.
Introducción
En la última década, el aumento del flujo migratorio de venezolanos en América Latina y el Caribe ha cobrado gran relevancia en los estudios migratorios debido a su magnitud y rápido crecimiento, constituyendo uno de los éxodos más significativos de la región en los últimos años (Human Rights Watch, 2018). Hasta noviembre de 2023, se registraron 7.7 millones de venezolanos en el mundo, con 6.5 millones ubicados en Latinoamérica (Plataforma R4V, 2023), excluyendo a aquéllos no contabilizados que ingresaron por pasos no habilitados.
Chile y Argentina se encuentran entre los diez destinos más elegidos por los migrantes venezolanos. En Argentina, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022 indica que los venezolanos ocupan el tercer lugar entre los grupos migrantes en el país, con 161 495 residentes (INDEC, 2024). Sin embargo, la Dirección Nacional de Población (2023) reporta que residen 236 929 venezolanos. En Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), se estima que, hasta diciembre de 2022, 1.6 millones de extranjeros residían en el país, de éstos, 32.8% eran provenientes de Venezuela, es decir, 553 mil personas. Este porcentaje podría ser mayor debido a la considerable situación de irregularidad de la población venezolana en el país (INE-SERMIG, 2023).
La crisis socioeconómica y política en Venezuela ha provocado una migración significativa de venezolanos en busca de mejores oportunidades laborales (OIM, 2021). Al llegar a sus destinos, estos migrantes enfrentan las complejidades de los mercados laborales locales. En Argentina, los estudios respaldan la hipótesis de una estructura laboral segmentada entre empleo formal e informal, destacando brechas en ingresos salariales, modalidades de contratación, condiciones laborales y garantías sociales (Beccaria y Groisman, 2015; Paz, 2013; Sconfienza, 2017), exacerbadas tras la pandemia por COVID-19 (Salvia et al., 2022).
En Chile, la globalización y la apertura económica han transformado los mercados y las relaciones empresariales, generando desregulación, flexibilización laboral, inseguridad en el empleo y una protección social precaria para los trabajadores, dificultando su estabilidad laboral y financiera a largo plazo (Espinosa, 2005; López, 2005). Al igual que en Argentina, el mercado laboral chileno presenta características de segmentación (OCDE, 2015), con un carácter competitivo influenciado por la política laboral (Romaguera, 1986).
En este contexto, los migrantes se encuentran entre los grupos con mayores niveles de precariedad laboral. En el caso argentino, 46% de los trabajadores asalariados no se encuentran registrados en comparación con 34% de los trabajadores nacionales (Ernst et al., 2020). Por su parte, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) de 2020 muestra que 44% de los migrantes venezolanos estaban empleados bajo relación de dependencia con salario fijo, y 15% como trabajadores independientes, incluyendo monotributistas sociales y trabajadores de la economía popular (Debandi et al., 2021). En Chile, los migrantes exhiben una alta participación en la fuerza laboral y tasas más bajas de desocupación en comparación con los nacionales (Fuentes y Vergara, 2019). Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2021, 76.8% de los venezolanos estaban empleados, 17% inactivos y 6.1% desempleados (Plataforma R4V, 2022).
Dado el crecimiento significativo de la migración venezolana y su relevancia dentro de los grupos migratorios de los países del Cono Sur, así como su impacto en los mercados laborales (OIT, 2019), este artículo revisa la literatura sobre el acceso laboral de los migrantes venezolanos en Argentina y Chile. Se comparan los marcos normativos que regulan el empleo y la migración en ambos países y se presentan los principales hallazgos sobre las dinámicas de acceso al empleo. Además, se examinan las barreras y obstáculos que enfrentan los migrantes en su inserción laboral, destacando las brechas entre la normativa y las políticas públicas. Finalmente, se analizan las estrategias y circunstancias favorables para el acceso al empleo de esta población.
La comparación entre Argentina y Chile es fundamental debido a su prominencia como destinos principales para los migrantes venezolanos en Sudamérica. La proximidad geográfica de estos países permite analizar patrones comunes y diferencias significativas en el acceso al empleo y las dificultades que enfrentan los migrantes, influenciadas por las políticas laborales y las estructuras socioeconómicas específicas de cada nación. Este enfoque comparativo ayuda a entender cómo los factores locales afectan el acceso laboral de los migrantes, enriqueciendo la comprensión teórica sobre la migración y los mercados laborales. Así, se obtiene una perspectiva matizada que considera la interacción entre un grupo migratorio y los distintos contextos laborales regionales.
Metodología
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de tipo scoping review (Martín-Cilleros et al., 2022), que permitió mapear e identificar las discusiones clave en torno al acceso al empleo de los migrantes venezolanos en Argentina y Chile. Este tipo de revisión bibliográfica facilita la obtención de una visión general y la clarificación de las principales áreas de investigación sobre el tema, así como la identificación de los aportes más destacados.
A partir de la pregunta de investigación sobre cuáles son los hallazgos relevantes en la bibliografía que aborda el acceso al trabajo de los migrantes venezolanos, se realizó una búsqueda exhaustiva en diversas bibliotecas digitales y bases de datos de revistas científicas, incluyendo Scopus, JSTOR, SciELO, Google Scholar, Redalyc, Biblat y Dialnet. Las palabras clave utilizadas, tanto en español como en inglés, fueron: “migración venezolana”, “migrantes venezolanos”, “comunidad venezolana”, “éxodo venezolano”, “diáspora venezolana”, “Chile”, “Argentina”, “migración internacional”, “migración y trabajo”, “inserción laboral”, “inserción socioeconómica”, “derechos laborales”, “acceso al trabajo”, “obstáculos”, “estrategias”, “trabajador migrante”, “mercado de trabajo”, “trayectorias laborales” y “trayectorias profesionales”.
Como criterios de elegibilidad, se seleccionaron estudios centrados en la población migrante venezolana en Argentina y Chile, publicados entre 2015 y 2023. La revisión documental, realizada entre 2022 y 2023, abarcó artículos de revistas especializadas, informes de organismos nacionales e internacionales, capítulos de libros y tesis de grado y posgrado enfocados exclusivamente en el acceso al mercado laboral de los migrantes venezolanos.
Se observó que el periodo de 2017 a 2018 marcó el inicio de las publicaciones sobre esta migración reciente, coincidiendo con un aumento significativo en la población venezolana en ambos países. Los estudios adoptaron diversos enfoques debido a la novedad del tema, abarcando dimensiones causales, sociodemográficas, de regularización, desprotección jurídica, sanitaria y educativa. La inserción laboral emergió como el tema más estudiado. La bibliografía seleccionada se organizó temáticamente, con un enfoque en el acceso al empleo, incluyó tanto enfoques cualitativos como cuantitativos.
Posteriormente, se identificaron las principales dimensiones abordadas en los estudios, destacando el derecho laboral, el acceso al mercado de trabajo, los obstáculos al empleo y las estrategias empleadas para obtener un puesto de trabajo. La comparación de estas dimensiones permitió examinar cómo los contextos socioculturales distintos influyen en la inserción laboral de esta población, revelando patrones y tendencias que no serían evidentes al estudiar cada país de manera independiente.
Derecho al trabajo para migrantes internacionales en Argentina y Chile
En Argentina y Chile, se respaldan diversos instrumentos internacionales que subrayan el derecho al trabajo, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Además, ambos países también promueven la Agenda del Trabajo Decente mediante la incorporación de Programas de Trabajo Decente por País en sus políticas públicas (OIT, 1999, 2008 y 2013).
Desde su versión primigenia de 1853, la Constitución de la Nación Argentina —en los artículos 16 y 20— establece la igualdad de derechos civiles para todos los habitantes, independientemente de su origen. Aunque el artículo 25 busca fomentar la inmigración europea, también reconoce los derechos de acceso al trabajo para los extranjeros en Argentina. Estos derechos se consolidaron en la reforma constitucional de 1957, donde el artículo 14 bis garantiza los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en términos de condiciones laborales.
Dentro de los derechos y libertades establecidos por la Ley de Migraciones de 2003 (N° 25.871) en Argentina, el artículo 6 garantiza el acceso igualitario al trabajo para migrantes y sus familiares. Sin embargo, el artículo 55 prohíbe emplear a extranjeros en situación irregular, bajo pena de multa. A pesar de esto, el artículo 56 obliga a los empleadores a cumplir con las leyes laborales y garantizar los derechos de los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio.
En lo que respecta a Chile, la Constitución de 1980 garantiza la libertad al trabajo y su protección en el artículo 19, apartado 16. Se amplían los derechos en comparación con la carta magna anterior, destacando la libre elección de trabajo y contratación, la justa retribución, el derecho a la negociación colectiva y la prohibición de la discriminación.
Estos derechos y deberes se encuentran respaldados por la Ley de Migración y Extranjería de 2021 (N° 21.325), que sustituye al Decreto Ley N° 1.094 de 1975. En contraste con el enfoque securitista del decreto anterior, esta nueva legislación, en su artículo 14, equipara los derechos laborales de los migrantes a los de los ciudadanos nacionales. Además, exige que los empleadores cumplan con todas las obligaciones legales laborales, independientemente de la condición migratoria del empleado. El acceso a la seguridad social y los beneficios fiscales también se garantiza a los migrantes según el artículo 16. En un cambio significativo con respecto a la ley anterior, el artículo 117 establece que los extranjeros que trabajen sin autorización no serán sancionados si denuncian a su empleador por violar la legislación migratoria y laboral.
Desde un punto de vista comparativo, se observa que las constituciones de ambos países han experimentado una expansión de los derechos laborales a lo largo del tiempo, además de la implementación de principios de igualdad para las personas migrantes en materia de derechos laborales. Esto se ve reforzado por la adhesión a diversos acuerdos y tratados internacionales enfocados en la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, y en la promoción del trabajo decente. No obstante, al profundizar en el análisis de la normativa específica, incluyendo leyes y decretos, comienzan a surgir diferencias notables entre los dos países.
Siguiendo el modelo de gobernanza migratoria propuesto por Mármora (2010), los primeros indicios de diferenciación emergen al analizar tanto la normativa que regula la migración, como la legislación sobre trabajo. En Argentina, la Ley de Migración N° 25.871 representa un cambio hacia un enfoque de derechos humanos, donde las consecuencias de la infracción recaen principalmente en el empleador. Por otro lado, en Chile, el Decreto Ley N° 1.094 (1975) reflejaba una perspectiva más restrictiva y securitista, aunque esta postura persiste —atenuada— en la Ley N° 21.325 de 2021.
Por otra parte, la legislación laboral de Chile impone requisitos específicos sobre la composición de la fuerza laboral por nacionalidad, donde al menos 85% de los empleados deben ser chilenos en empresas con más de 25 trabajadores (Código de Trabajo, Artículo 19). Esta política podría reflejar los ideales del modelo securitista, buscando proteger la seguridad nacional y laboral del país receptor. En contraste, en Argentina no existen restricciones específicas sobre la nacionalidad de los empleados, siempre y cuando tengan la documentación requerida para trabajar en el país.
Estas diferencias en la normativa laboral reflejan las dinámicas del mercado de trabajo de cada país. Chile muestra una postura más orientada hacia la flexibilización laboral, con desregulación de las relaciones laborales y diversidad en las modalidades contractuales. Por otro lado, en Argentina, se respaldan las modalidades contractuales de trabajo bajo relación de dependencia y por tiempo indeterminado. Estas diferencias influyen en la configuración del marco legal que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores migrantes, reflejando en Chile un enfoque más hacia la apertura y en Argentina uno más centrado en el desarrollo humano para las migraciones.
Acceso al trabajo de las personas migrantes venezolanas
Los estudios sobre el mercado laboral en Argentina y Chile indican la existencia de una segmentación en varios niveles, incluyendo protección, legalidad y formalidad en las relaciones laborales (Barrero et al., 2018; Waisgrais, 2005). En este sentido, dentro de la literatura se distinguen diferentes categorías de empleo como el empleo formal, registrado o el perteneciente al segmento regulado. Predominantemente, se prefiere el uso del término “inserción laboral” en lugar de “acceso al trabajo”. Aunque las expresiones varían, proponemos entender el acceso efectivo al empleo como aquel que ofrece una remuneración equitativa y justa bajo la protección de la normativa laboral vigente, incluyendo beneficios como obra social, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, cobertura por accidentes de trabajo y seguro de desempleo, junto con la posibilidad de contar con un contrato indefinido y una jornada completa. Los factores clave en esta definición incluyen el tipo de relación contractual, el grado de formalidad y el acceso a derechos laborales que aseguran condiciones laborales adecuadas. Partiendo de esta noción, tomamos como punto de partida los descubrimientos concernientes a las modalidades y condiciones de acceso al trabajo de la migración venezolana en Argentina y Chile.
a) Argentina
El análisis del acceso al empleo requiere una revisión de trabajos iniciales que no sólo han caracterizado a la población migrante venezolana en Argentina, sino que también han abierto la discusión sobre las condiciones de acceso de este colectivo. Entre estos estudios, Pacecca y Liguori (2019) destacan una alta tasa de actividad laboral, dado que la mayoría de las personas estudiadas obtuvo un empleo en el primer mes de su llegada al país, alcanzando una tasa de ocupación de 90% con una distribución equitativa entre géneros. No obstante, Martínez y Carpinetti (2021) señalan más recientemente que las tasas de actividad laboral de las mujeres venezolanas son especialmente altas, superando las de otros colectivos migrantes y las de la población local.
A pesar de las altas tasas de empleo y la rápida inserción laboral de la comunidad venezolana, no todos estos empleos cumplen con las condiciones establecidas por el derecho laboral. Según Pacecca y Liguori (2019), 44% de los entrevistados en este estudio estaban empleados bajo relación de dependencia, 36% se desempeñaba en trabajos no registrados, y 20% eran monotributistas. Además, existe una notable disparidad de género en el acceso a empleos formales, del total de personas en relación de dependencia, 60% eran varones y sólo 29% mujeres, quienes tienden a ocupar empleos con menores garantías laborales en sectores como la gastronomía, el comercio y los cuidados.
En lo que respecta a las ramas de actividad económica, los migrantes venezolanos suelen insertarse en sectores tradicionalmente dominados por trabajadores migrantes como el comercio, la gastronomía, el cuidado, la limpieza, el mantenimiento y la construcción (Pacecca y Liguori, 2019). Aun con los elevados niveles de calificación que caracterizan a esta población, existe una marcada falta de correspondencia entre el nivel de calificación laboral y la inserción ocupacional, una discrepancia que se acentúa en las mujeres (Martínez y Carpinetti, 2021; Pacecca y Liguori, 2019).
Varios estudios han profundizado en los nichos laborales donde se insertan los migrantes venezolanos en Argentina. La tesis de Salas (2017) destaca que el trabajo en el sector de call centers ha llevado a las mujeres venezolanas a redefinir su campo profesional, combinando habilidades y competencias adquiridas durante su formación con otras nuevas, como la atención al público. Por otro lado, el trabajo de reparto de alimentos se ha convertido en una opción rápida de empleo para esta población, especialmente tras el contexto de pandemia y aislamiento (OIT, 2021). Esta tendencia se agudiza aún más debido a los obstáculos que enfrentan para el acceso laboral, entre ellos, las dificultades documentales y el reconocimiento de sus credenciales académicas (Ibarra, 2023b). En consecuencia, muchos llegan a trabajar hasta 60 horas semanales bajo regímenes de trabajo independiente (Haidar, 2020).
Similar a las experiencias de otras migraciones sudamericanas, con inserciones con alta precariedad (Magliano y Perissinotti, 2020), las condiciones de acceso al empleo para los ciudadanos venezolanos no siempre son favorables. Cerrutti y Penchaszadeh (2022) destacan una significativa brecha salarial en favor de la población nacional, una disparidad que se intensifica aún más entre los migrantes con estudios superiores completos. Además, se constata un alto grado de informalidad en los primeros empleos, marcada precariedad laboral y discriminación (Linares, 2021a; Pedoné y Mallimaci, 2019).
Adicionalmente, Nicolao, Debandi y Penchaszadeh (2022) exploran cómo el perfil diferencial de la migración venezolana influye en sus posibilidades de integración laboral en el país suramericano. Si bien el colectivo venezolano presenta características distintivas, como un elevado nivel de formación y una composición poblacional mayoritariamente juvenil, que en principio favorecerían el acceso al empleo, también enfrentan desafíos significativos. Entre estos, destaca su reciente llegada al país, lo que limitó sus oportunidades de obtener y mantener empleo estable, especialmente durante la pandemia.
La revisión de los hallazgos revela cómo diversas características de la migración venezolana en Argentina, así como las trayectorias profesionales previas y la clase social de origen, afectan su acceso al mercado laboral. La investigación de Pedone et al., (2019) identifica, por un lado, a migrantes cualificados de la clase media-alta, con proyectos migratorios individuales, que logran una inserción laboral en el destino. Por otro lado, se describe a un grupo de migrantes recién llegados, con una formación más variada y pertenecientes a la clase media o media baja, quienes tienen una inserción laboral más precaria y experimentan “procesos más agudos de desclasamiento social tanto en el origen como en el destino” (Pedone et al., 2019, p. 231).
Además de los estudios que han caracterizado el acceso laboral del colectivo venezolano, destaca una particularidad en las investigaciones realizadas en Argentina. Un grupo de autores se ha centrado en analizar las dinámicas laborales de segmentos específicos de profesionales venezolanos. Uno de los pioneros en este tipo de abordaje es Mercer (2019), quien destaca que un porcentaje de la población migrante venezolana radicada en Argentina está compuesto por profesionales de la salud, especialmente en áreas de psicología, enfermería, odontología y medicina general. También se encuentra el caso de los psicólogos (Ibarra y Fischman, 2022) y sus dificultades para la obtención de matrícula para la práctica clínica en la atención de salud mental; y los ingenieros quienes suelen insertarse en empleos con altos niveles de precariedad y un “subempleo” de sus capacidades (Sala, 2019).
Por último, en una investigación cualitativa exploratoria, Ortemberg (2022) incorpora una mirada interseccional relacionada con la inclusión laboral de personas con discapacidad provenientes de Venezuela. La mayoría cuenta con estudios formales altos, incluso de posgrados. El principal motivo de la migración es la situación socioeconómica del país, muchos eligen viajar a Argentina por la facilidad para realizar los trámites migratorios, así como por la calidad del sistema de salud y educación.
b) Chile
El flujo migratorio entre Chile y Venezuela ha estado históricamente vinculado a exilios políticos (Rojas y Santoni, 2013). Sin embargo, en los últimos años, el rápido crecimiento económico de Chile, la reducción de la pobreza, el retorno a un sistema democrático (OIM, 2019) y la oportunidad de ejercer la profesión para la cual se formaron (Gissi et al., 2019) han sido factores de atracción para la migración venezolana. Dicha población se caracteriza por tener un alto nivel educativo (OIM, 2019; Gissi et al., 2019) y una mayor dispersión geográfica en comparación con Argentina, donde se concentran principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pese a esto, según Salgado et al., (2018), la zona céntrica de Santiago de Chile se está convirtiendo en un “enclave territorial” para los migrantes. En el ámbito laboral, un boletín de la red de Observatorios Laborales del SENCE (2021) señala que 973 450 personas migrantes trabajan en Chile, con los venezolanos constituyendo la mayor proporción (44.3%). Esta población muestra un alto porcentaje de ocupación, similar al observado en Argentina, reflejando su principal objetivo de encontrar empleo (Stefoni, Silva y Brito, 2019).
Respecto a las modalidades de contratación, 79.5% corresponde a empleos formales, mientras que 17.6% son informales (R4V, 2022). Sin embargo, el informe sobre la Evaluación Conjunta de Necesidades de la Plataforma R4V en Chile indica que 13% de los venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza y a menudo se ven obligados a aceptar trabajos informales con salarios inferiores al mínimo legal. Este escenario predispone a la población venezolana al abuso y la explotación, además de situaciones de discriminación y xenofobia en el lugar de trabajo (R4V, 2022).
Por lo que se refiere a los sectores de actividad, el trabajo de Gissi et al., (2021), indica que la mayoría de migrantes venezolanos se dedica a actividades de comercio y servicios mientras espera el reconocimiento de sus títulos académicos. En este escenario, se ven obligados a buscar empleos de “baja calificación”, debido a la falta de documentación requerida, la ausencia de redes, las dificultades para obtener el apostillado de sus credenciales académicas o por la falta de reconocimiento de sus calificaciones en el mercado laboral local (Stefoni et al., 2019).
A pesar de los hallazgos relevados, Salgado et al., (2018), señalan la escasa cantidad de estudios sobre esta temática y critican la existencia de un “sesgo político” en la clasificación de la migración venezolana como una “fuga de cerebros” predominantemente de clase media. Sin embargo, la inserción laboral sigue siendo desafiante, dado que la formación académica de los migrantes a menudo no se corresponde con las ocupaciones que actualmente desempeñan. Además, se observa una diferencia significativa con respecto a la experiencia argentina, 27.6% de los migrantes venezolanos cuentan con estudios técnicos y 8.5% no ha completado sus estudios secundarios (Salgado et al., 2018).
Por otro lado, en su tesis sobre las trayectorias laborales de profesionales venezolanos en Chile, Rivas (2020) revela que el proceso de acceso laboral comienza generalmente con trabajos “no calificados”, recomendados por las redes de migrantes venezolanos en Chile. Posteriormente, describe un proceso caracterizado por la transición a empleos de nivel técnico y en áreas más afines a sus profesiones en el país de origen. De esta manera, se evidencian una serie de ascensos internos y una movilidad del “mercado laboral secundario” al “primario”[1] de los migrantes venezolanos, gracias a la búsqueda activa de empleo y a las redes mixtas.
Por su parte, desde una perspectiva de género, Carvallo (2019) analiza la situación de las mujeres migrantes que, aunque profesionales, trabajan en sectores terciarios con salarios inferiores al mínimo y enfrentan limitadas oportunidades de movilidad social. Este enfoque se complementa con el trabajo de Barrera (2022), que examina la posición de las mujeres venezolanas en las dinámicas de acceso al empleo en Chile. La investigación resalta en particular la situación de las madres migrantes y su adaptación al teletrabajo durante la pandemia por COVID-19. Se destaca que la mayoría de las entrevistadas poseen estudios superiores y que su migración fue motivada por buscar mejoras laborales. Este proyecto migratorio se vio influenciado por las redes de apoyo existentes en Chile, la notable presencia de venezolanos en el país, y las oportunidades de desarrollo junto con las facilidades del proceso migratorio (Carvallo, 2019).
En la misma línea, Barrera (2022) documenta en su investigación que numerosas mujeres venezolanas se ven obligadas a aceptar empleos que perciben como “socialmente degradados” en el país de destino. Respecto a la intersección entre teletrabajo y maternidad, aunque inicialmente se sugiere que el trabajo remoto podría facilitar una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, los testimonios recogidos revelan una brecha significativa. Esta diferencia se manifiesta en la disonancia entre los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, como el cuidado del hogar y la familia, y el incremento de la carga laboral que conlleva el teletrabajo.
En términos comparativos, la experiencia laboral de los migrantes venezolanos en Argentina muestra paralelismos notables con la de Chile. Primero, el acceso al empleo de este colectivo en ambos contextos revela altas tasas de ocupación que, frecuentemente, superan las de los ciudadanos locales y otros grupos migrantes. Este fenómeno se explica por la imperiosa necesidad de los migrantes de encontrar empleo rápidamente para sustentarse económicamente. Además, los sectores de inserción laboral son consistentemente aquellos de baja calificación, como el comercio, los servicios y el cuidado, donde históricamente existe una mayor presencia de trabajadores migrantes. Estos sectores suelen ser menos exigentes en términos de validación de credenciales y, por tanto, más accesibles para los recién llegados.
Sin embargo, a pesar de las elevadas tasas de actividad laboral observadas, esto no garantiza condiciones de trabajo favorables. La literatura señala persistentemente la precariedad laboral, la discriminación y las brechas salariales, que se intensifican especialmente entre las mujeres venezolanas. Además, en ambos contextos, la falta de documentación del país de origen es un obstáculo estructural significativo que afecta la experiencia laboral de estos migrantes. Esta situación conduce a múltiples desafíos, que se examinarán con más detalle en la siguiente sección dedicada a las barreras para el acceso al empleo.
Barreras y obstáculos: brechas entre la normativa, las políticas públicas y el acceso al mercado laboral
a) Argentina
En lo que respecta a los obstáculos para el acceso a un empleo, podemos clasificar los hallazgos relevantes identificados en la literatura. En primer lugar, se observan dificultades vinculadas con la normativa y el impacto directo de las políticas públicas en el mercado laboral argentino. Rodríguez (2020) analiza en su tesis la situación laboral de los migrantes venezolanos en Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). La investigación destaca un vacío en las estrategias gubernamentales, particularmente, la falta de coordinación entre los procesos administrativos para la residencia temporal y la inserción laboral de estos migrantes. Esto se refleja en que muchos de los entrevistados del estudio inicialmente encontraron empleo en el sector informal, enfrentando dificultades económicas significativas para costear los trámites de radicación.
Adicionalmente, Pedone y Malimacci (2019) revelan que un aspecto crucial para entender las dinámicas laborales de los migrantes venezolanos en Argentina es el despliegue de “prácticas excepcionales” y una política migratoria “selectiva” (Linares, 2021b) impulsada por razones humanitarias en la gestión de Macri. Estas prácticas han facilitado los trámites de residencia y la convalidación de títulos universitarios para la población venezolana. Las acciones están vinculadas a un discurso que promueve la idea de una “buena migración”, resaltando la contribución de la migración venezolana al desarrollo de Argentina. De esta manera, las autoras subrayan la importancia de entender esta confluencia de discursos y características propias del colectivo, tales como su orientación política y altos niveles de calificación, para comprender las prácticas estatales en dicho período.
A pesar de las políticas focalizadas que han “beneficiado” a los venezolanos en sus trámites de regularización, Pedone y Malimacci (2019) señalan una “gestión de la precariedad”, destacando que es el propio Estado quien precariza las inserciones laborales de los migrantes. Al iniciar el trámite de residencia, el Estado argentino otorga una residencia “precaria”[2] que permite a los extranjeros trabajar bajo los mismos derechos laborales que los nacionales mientras esperan la aprobación final del trámite. No obstante, los casos estudiados muestran que, pese a contar con la documentación necesaria, la mayoría de sus inserciones laborales no han sido formalizadas. Esto puede deberse a que en muchos casos los empleadores no consideran dicha documentación como suficiente para registrar la relación laboral.
En un sentido similar, a partir de la descripción sobre el proceso de reválida y convalidación de títulos universitarios, Ibarra y Fischman (2023) muestran las brechas entre la normativa ministerial que buscaba facilitar el trámite de reconocimiento de estudios de los nacionales de Venezuela y los innumerables escollos para su culminación. Una de las resoluciones ministeriales que tuvo un impacto directo en el acceso al trabajo de los migrantes venezolanos fue la Resolución 230-E/2018, promulgada por el Ministerio de Educación (Sala, 2020), que establece que los títulos venezolanos pueden convalidarse a través del mismo mecanismo que rige para los países que cuentan con convenio bilateral de reconocimiento de diplomas universitarios con Argentina. A pesar de esto, los autores constatan que, en el caso de los psicólogos, las barreras para concretar el trámite están vinculadas a la falta de documentación del país de origen y recepción, los extensos tiempos de espera, la asistematicidad del trámite, los altos costos que cobran las universidades para continuar con el procedimiento y la elevada cantidad de asignaturas que deben cursar, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas solicitantes debe cumplir extensas jornadas laborales.
Además, es posible identificar un segundo grupo de hallazgos centrados en las dinámicas específicas del mercado laboral en Argentina. A pesar de la cualificación de estos trabajadores, Pedone y Malimacci (2019) junto a Pacecca y Liguori (2019) destacan diversas barreras que presentan similitudes con los enfrentados por otros grupos migrantes. Principalmente, los migrantes venezolanos se integran en el mercado laboral no regulado, frecuentemente careciendo de registros formales de la relación laboral o enfrentándose a nuevas formas de flexibilización laboral, como es el caso de los conductores de plataformas como Uber. Adicionalmente, enfrentan discriminación laboral, exigencias de horarios que exceden el marco legal y salarios inferiores en comparación con los trabajadores locales.
Asimismo, un tercer grupo de estudios se centra en las particularidades de los perfiles profesionales y examina cómo las exigencias específicas de los nichos de actividad influyen en sus inserciones laborales. Como ejemplo, Mercer (2019) identifica que la principal barrera que enfrentan los profesionales de la salud está relacionada con las dificultades en los trámites de residencia, impidiendo a muchos iniciar el proceso de convalidación de títulos académicos y conduciendo a una “inserción laboral precarizada”. Un caso particular es el de los psicólogos venezolanos, quienes encuentran dificultades por las diferencias en las tradiciones teóricas. Aunque los entrevistados se desempeñan en diversos enfoques de la psicología, la mayoría señala que la tradición cognitivo-conductual, predominante en Venezuela, difiere significativamente de los enfoques psicoanalíticos comunes en Argentina, tanto en la academia como en la práctica clínica (Ibarra y Fischman, 2022).
Otra problemática destacada por Sala (2019) es que los ingenieros venezolanos se enfrentan a un mercado laboral segmentado que privilegia la juventud y la masculinidad, excluyendo tanto a mujeres ingenieras como a personas mayores de cuarenta años. Desde una perspectiva de género, se plantea que, si bien las ingenieras venezolanas enfrentan retos similares a sus homólogas argentinas en una profesión históricamente dominada por varones, estas dificultades se amplifican dado que muchas tenían una sólida trayectoria laboral en Venezuela, donde el mercado era considerado más inclusivo, especialmente en el sector petrolero.
En el contexto de las personas con discapacidad, Ortemberg (2022) resalta que los principales escollos incluyen prejuicios por parte de los empleadores, la edad, problemas para convalidar títulos universitarios, la falta del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y la escasez de experiencia laboral relevante al aplicar a empleos que no se corresponden con su formación anterior.
b) Chile
De manera similar al caso argentino, podemos clasificar los hallazgos respecto al acceso laboral en varias dimensiones. Por un lado, se encuentran los estudios que examinan la brecha entre la normativa y el acceso efectivo al mercado laboral. En su investigación sobre la influencia de la “securitización” en la legislación laboral en Chile, Pérez (2022) identifica brechas significativas en la implementación de los derechos laborales de los migrantes, manifestadas especialmente en la estigmatización laboral que relega a los venezolanos a desempeñarse en trabajos de menor calificación que sus credenciales. Además, Pérez señala las dificultades en el reconocimiento de títulos universitarios extranjeros y las barreras administrativas que impiden el acceso efectivo al mercado laboral, lo que resulta en una vulnerabilidad por el sistema de gestión migratoria. Estos obstáculos se asocian también con la burocratización y los elevados costos de los procesos de convalidación (Carvallo, 2019).
A pesar de que Chile experimentó un cambio en su política migratoria con la introducción de la Visa de Responsabilidad Democrática, que generó grandes expectativas entre los migrantes venezolanos, el trabajo de Gissi, Ghio y Silva (2019) demuestra que la situación migratoria y el acceso laboral de los venezolanos siguen estando condicionados por la normativa vigente. Por su parte, Stefoni, Silva y Brito (2019) documentan que, en ese entonces, los migrantes venezolanos continuaban ingresando al país con visas de turista y se veían obligados a obtener un contrato laboral para solicitar una visa temporal. Este requisito creó un bucle problemático, dado que para conseguir el contrato era necesario tener regularizado el estatus migratorio. Según esta investigación, esto llevó a los migrantes venezolanos a tomar dos caminos: aceptar empleos en condiciones desfavorables y buscar estrategias para acceder a la visa temporal, incluyendo la firma de contratos con conocidos o intermediarios que lucraban con este proceso, aunque no existía una verdadera relación laboral. Esta circunstancia colocó a los migrantes en una posición de alta vulnerabilidad y pudo complicar la regularización documentaria en Chile. En este contexto, la “visa democrática” no ha sido una solución efectiva debido a sus altos costos y las dificultades para obtener la documentación necesaria, como se refleja en el bajo número de solicitudes aprobadas (Gissi, Ghio y Silva, 2019).
Uno de los problemas destacados por Pérez (2022) es el desconocimiento de la normativa laboral, observable en dos dimensiones. En primer lugar, los empleadores a menudo ignoran los requisitos, procedimientos y protocolos necesarios para la contratación de personas migrantes. En segundo lugar, los propios migrantes frecuentemente carecen de información sobre sus derechos laborales. Aunque las políticas del Estado chileno hacia los migrantes han estado históricamente enmarcadas por la visión de seguridad nacional del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Pérez (2022) señala que los proyectos de ley promovidos por Bachelet en 2017 y Piñera en 2018 introdujeron mejoras “notables y sustanciales”. Sin embargo, estas reformas aún mantienen un “alineamiento al modelo de gobernanza migratoria de securitización” (Pérez, 2022, p. 24).
Por último, encontramos un grupo de investigaciones que abordan las diferencias culturales como obstáculos para el acceso al empleo. Salgado et al., (2018), identifican barreras en los entornos laborales que incluyen manifestaciones de discriminación, xenofobia y violaciones a los derechos laborales por parte de los empleadores, especialmente en empleos de atención al cliente. Estas divergencias socioculturales también son exploradas desde las percepciones y representaciones de los migrantes en la investigación de Gissi, Ghio y Silva (2019), quienes señalan que los venezolanos perciben una mayor cohesión y “calidez” entre sus connacionales en comparación con la sociedad de recepción.
En cuanto a las experiencias laborales de las mujeres venezolanas, Carvallo (2019) destaca el “machismo institucional” que restringe las oportunidades no sólo para las mujeres chilenas sino también para las migrantes. La investigación revela que el proceso de inserción laboral se desarrolla en un contexto donde los migrantes venezolanos son “estratificados” por los nacionales, quienes frecuentemente ven a los extranjeros como competidores que “quitan puestos laborales a los nacionales” (García, 2011 en Carvallo, 2019, pp. 99-100). Además, se resalta la singularidad de las experiencias de las mujeres migrantes venezolanas frente a nuevas formas de “segregación laboral por nacionalidad», exacerbado por un “encasillamiento” debido a su “belleza y amabilidad”. Esto conduce a una forma de “discriminación positiva” que, en ocasiones, condiciona su inserción laboral y las distingue de otros grupos.
Mientras que Rivas (2020) identifica diversos desafíos adicionales, tales como las barreras lingüísticas y el uso de terminología técnica profesional en Chile, las dificultades para obtener visado, las extensas jornadas laborales, los problemas de transporte hacia los lugares de trabajo, la rotación e inestabilidad en ciertos sectores del mercado laboral, las implicancias de aprender un nuevo oficio o profesión, y la “disminución potencial de rentas por exceso de profesionales en algunas áreas” (Rivas, 2020, p.82).
Retomando los obstáculos en el acceso al empleo en ambos países, existen hallazgos comunes, como las dificultades relacionadas con la residencia o la convalidación de títulos universitarios debido a la falta de documentación del país de origen. Sin embargo, en el análisis de la aplicación de la normativa migratoria laboral comenzamos a observar diferencias significativas entre las experiencias de ambos países. Por ejemplo, más allá de su incidencia efectiva, en Argentina se han implementado políticas focalizadas que han intentado subsanar la falta de documentación de origen y facilitar los trámites de residencia y convalidación. En cambio, en Chile no existen políticas específicas que faciliten el reconocimiento de títulos, y aunque la Visa de Responsabilidad Democrática fue presentada como una política beneficiosa para la población en estudio, en la práctica ha significado exigencias de visado más estrictas que antes de su aplicación.
Además, la revisión comparativa de las investigaciones permite constatar dinámicas propias del mercado laboral que conducen a la precarización y, en particular, a formas de discriminación contra la comunidad migrante venezolana que, según la literatura, son más evidentes en Chile, especialmente entre las mujeres venezolanas que enfrentan discriminación basada en estereotipos sobre ellas.
Por último, es notable que los estudios en Argentina se han enfocado en particularidades del acceso laboral en función de los perfiles profesionales, un abordaje que no ha sido tan evidente en la bibliografía chilena. A pesar de que en ambos países los venezolanos son caracterizados de manera homogénea como altamente educados, en Chile surge un grupo significativo con niveles técnicos y sin estudios secundarios completos.
Estrategias individuales y colectivas para el acceso al trabajo
a) Argentina
Para comprender las estrategias identificadas durante la revisión bibliográfica, proponemos clasificarlas según sean individuales o colectivas. En cuanto a las iniciativas individuales, la investigación de Melella (2021) documenta actividades laborales que proporcionan ingresos económicos a la comunidad venezolana, destacando un notable nivel de informalidad. Ejemplos de estas son la venta ambulante de alimentos y el trabajo en servicios de reparto de alimentos. Además, el estudio subraya el surgimiento de emprendimientos en los sectores gastronómico, comercial y de servicios, que dependen del capital económico y social de los recién llegados.
Por otro lado, la reconversión laboral, que implica un cambio en la ocupación original de los migrantes, es una estrategia utilizada para superar los obstáculos en el acceso al empleo. Sala (2019) destaca el caso de ingenieros venezolanos que recurren a capacitaciones laborales y educativas, como cursos de programación ofrecidos por plataformas gubernamentales y cursos de oficios, como peluquería. Algunos migrantes también adoptan métodos autodidactas, incluyendo el aprendizaje a través de tutoriales en Internet. De manera similar, Ibarra y Fischman (2023) describen diversas estrategias adoptadas por psicólogos venezolanos, quienes participan en espacios que no requieren matrícula profesional. Entre las actividades emprendidas se incluyen roles en integración escolar, acompañamiento terapéutico a infantes y adultos mayores, y la conducción de talleres de atención psicosocial dirigidos a migrantes venezolanos.
Además de las variaciones en las estrategias de acceso al empleo según los perfiles profesionales, también influyen las características sociodemográficas de la población migrante. Armas (2022) documenta cómo los adultos mayores venezolanos enfrentan barreras adicionales debido a su edad. Para superar estos obstáculos, algunos adoptan estrategias destinadas a rejuvenecer su apariencia, como teñirse el cabello, omitir su edad o excluir experiencias laborales de sus currículos profesionales. En la misma línea, Sala (2021) destaca cómo la edad juega un papel determinante en el acceso al empleo de la población migrante venezolana, especialmente para las personas mayores de 44 años, quienes se ven obligadas a desempeñar labores de cuidado como una estrategia para evitar el desempleo.
En el caso de las personas venezolanas con discapacidad, Ortemberg (2022) destaca el papel del capital social, aludiendo a las referencias y redes utilizadas en la búsqueda de empleo, y señala que muchas de las barreras están relacionadas con la falta de esos contactos. Aunque los migrantes venezolanos con discapacidad también utilizan plataformas virtuales como LinkedIn, Bumeran, Computrabajo, entre otras, estas no están específicamente diseñadas para personas con discapacidad. Por lo tanto, han surgido opciones especializadas que buscan impulsar la empleabilidad de este grupo.
La literatura también subraya la importancia de las estrategias colectivas en el acceso al empleo para los trabajadores migrantes. Así, el papel de las redes se vuelve fundamental para el acceso laboral de los migrantes venezolanos, especialmente aquellas que facilitan la difusión de ofertas de empleo, y la importancia de las asociaciones en diversas provincias que orientan los flujos migratorios (Sala, 2019). Característicamente, la migración venezolana muestra un notable asociativismo, como señalan Pacecca y Liguori (2019) y Linares (2021a). Una proporción significativa de esta población ha formado gremios profesionales que abarcan sectores como la abogacía, contabilidad, educación, enfermería, farmacia, ingeniería y psicología, entre otros.
Entre las organizaciones de la sociedad civil más destacadas, Pacecca y Liguori (2019) mencionan la Asociación de Enfermeros Venezolanos (ASOENVEAR), que trabaja en proyectos para establecer vínculos con el Estado argentino y facilitar la “reinserción laboral” de sus miembros. Por otro lado, la Asociación de Ingenieros Venezolanos implementa proyectos de “orientación migratoria” para mejorar el acceso laboral de estos profesionales (Sala, 2019). Asimismo, las asociaciones de personal sanitario venezolano en Argentina ofrecen asistencia y acompañamiento en los trámites de residencia, convalidación de títulos e inserción profesional, actuando como intermediarios con empleadores, autoridades provinciales e instituciones estatales (Mercer, 2019). Una herramienta común entre estos gremios profesionales son los grupos de WhatsApp y Facebook, donde se comparte información sobre procesos de reconocimiento de títulos y ofertas laborales (Ibarra, 2023a). Además, estas agrupaciones realizan censos para recopilar datos sobre las características sociodemográficas y la situación laboral de los migrantes dentro de sus respectivas profesiones.
b) Chile
Una notable diferencia en los estudios sobre la inserción laboral de migrantes venezolanos en los países del Cono Sur reside en el enfoque de las investigaciones. Mientras que los estudios realizados en Chile subrayan la importancia de establecer redes con connacionales para orientar a los recién llegados sobre ofertas laborales y características del mercado de trabajo (Carvallo, 2019), rara vez exploran las estrategias asociadas a la organización de acciones colectivas. Este hallazgo contrasta con la situación en Argentina, donde una de las tácticas más relevantes para acceder al empleo está vinculada al espíritu asociativo del colectivo venezolano en relación con sus profesiones, diferenciándose significativamente de la dinámica observada en Chile, donde las asociaciones venezolanas tienden a agruparse más por ubicación geográfica que por profesión.
No obstante, el estudio de Cienfuegos-Illanes y Ruf-Toledo (2022) describe estrategias tanto concretas como simbólicas. Una estrategia principal, común tanto entre los migrantes venezolanos como entre aquellos con perfiles profesionales de otros orígenes, es enfrentar un largo período de “subvaloración” y “humillación profesional” mientras esperan el reconocimiento de sus credenciales académicas. Este posicionamiento es planteado por las autoras desde un punto de tensión entre la agencia que tienen los migrantes para decidir y negociar durante estos períodos de espera mientras se concreta el reconocimiento de sus títulos universitarios, y un mercado laboral que “abusa” de ellos tanto en términos laborales y monetarios como en el ejercicio simbólico del poder. Además, mencionan el uso de recursos formales e informales, junto con la resiliencia ante la discriminación (Cienfuegos-Illanes y Ruf-Toledo, 2022).
Conclusiones
La literatura sobre la migración venezolana en Argentina y Chile y su acceso al mercado laboral resalta un notable interés en este fenómeno reciente. Los estudios se han centrado en diversos aspectos relacionados con el acceso al trabajo, como los modos y condiciones de inserción, los sectores de actividad, las brechas de género y clase social, las diferencias culturales entre los países de origen y destino, y las estrategias individuales y colectivas empleadas por los venezolanos para obtener empleo en condiciones favorables.
A pesar de que ambos países han suscrito tratados y pactos internacionales sobre derechos laborales y cuentan con protecciones laborales en sus constituciones, existen diferencias en los modelos de gobernabilidad migratoria. En Chile, la legislación vigente muestra un carácter más securitista con un enfoque progresivo hacia la garantía de derechos, mientras que en Argentina predomina una perspectiva de protección de derechos para los migrantes. Sin embargo, se observan diversas brechas entre la normativa y el acceso efectivo al trabajo para la población migrante venezolana en ambos contextos.
Aunque las brechas en el acceso laboral pueden surgir de factores inherentes a la migración venezolana, la experiencia en Argentina y Chile varía según sus políticas migratorias y las posturas gubernamentales respecto a esta migración. Las particularidades de los contextos macroeconómicos y sociales de cada país, así como sus normativas, regulaciones y barreras culturales, influyen en los procesos de acceso a mercados laborales formales. Las investigaciones muestran que, aun cuando la participación de los migrantes venezolanos en el mercado laboral es alta, esto no siempre se traduce en empleo formal. En Argentina, hay una mayor inserción en empleos no registrados en comparación con Chile. Sin embargo, aunque Chile muestra una mayor tasa de formalidad, esto no garantiza condiciones laborales favorables para los migrantes venezolanos.
Esta situación se ve reflejada en la diversidad de obstáculos encontrados en ambos países, tales como la obtención de residencia, la informalidad en el primer empleo, y barreras como los requisitos de juventud y masculinidad, los prejuicios hacia las personas con discapacidad, y los trámites para la convalidación de títulos universitarios. También se identifican formas de discriminación basadas en la nacionalidad. Sin embargo, se observan estrategias de organización colectiva, reconversión laboral, y emprendimientos propios. En Argentina, la acción colectiva destaca como facilitadora del acceso al empleo, mientras que en Chile se enfatizan las estrategias individuales empleadas por los migrantes.
A lo largo de la revisión, se ha constatado un abordaje exhaustivo en diversas dimensiones que afectan el acceso al trabajo de los migrantes venezolanos. No obstante, se observa un enfoque incipiente en varias áreas. En primer lugar, es necesario un análisis detallado de las políticas públicas relacionadas con la inserción laboral de personas migrantes venezolanas. Además, es importante abordar la dimensión subjetiva y emocional del ámbito laboral, dado que gran parte de los enfoques actuales, aunque cualitativos, no profundizan en el impacto subjetivo de las dinámicas de inserción laboral. En Argentina, se han iniciado estudios exploratorios sobre las dinámicas de acceso al empleo de personas adultas mayores y de personas con discapacidad. En Chile, estos enfoques aún están pendientes.
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[1] La tesis de Rivas (2020), establece una distinción entre el “mercado laboral primario”, caracterizado por empleos de nivel profesional, y el “mercado laboral secundario”, que comprende empleos de nivel no profesional.
[2] En Argentina, el certificado de “residencia precaria” es un documento que autoriza tanto la estadía temporal como el ejercicio laboral de personas extranjeras, en lo que aguardan la formalización de sus trámites para obtener residencia “permanente” o “temporaria”. Sin embargo, la emisión de este certificado no garantiza la aprobación de la solicitud de residencia, según lo establece la Ley 25.871 en su artículo 20.
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Venezolana. Magíster y Diplomada en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Actualmente es Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL-FLACSO). Líneas de investigación: migración venezolana, emociones y acceso laboral. Contacto: mibarra@flacso.org.ar.