El impacto legislativo de las políticas anti-trata en la práctica de la prostitución de mujeres migrantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Primera época, número 10, julio-diciembre 2020, pp. 24-57.

Fecha de recepción: 21 de marzo de 2020.
Fecha de aceptación: 09 de junio 2020.

Autora: Lucía Núñez Lodwick¹.

Resumen

La práctica de la prostitución femenina ha experimentado en las últimas décadas procesos de industrialización y globalización, reavivando disputas feministas en términos de coerción/autonomía y debates legislativos en torno al reconocimiento estatal de esta actividad. En este contexto el presente trabajo pretende analizar los modos en que el avance legislativo que el Estado argentino efectuó en las últimas décadas, que implicó la toma de medidas legales y la implementación de dispositivos de control, destinadas a la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual; impactó sobre las dinámicas y el desarrollo de la práctica de la prostitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Centrándonos particularmente en los modos en que este proceso generó modificaciones específicas en las prácticas de las mujeres migrantes insertas en dicha actividad, reforzando situaciones de vulnerabilidad.

Palabras clave: migración femenina, prostitución, legislación, trata de personas, sexualidades.

The legislative impact of anti-trafficking policies on the practice of prostitution of migrant women in the Autonomous City of Buenos Aires, Argentina

Abstract
The practice of female prostitution has undergone in recent decades processes of industrialization and globalization (Jeffreys, 2009), rekindling feminist disputes in terms of coercion / autonomy and legislative debates around the State recognition of this activity. In this context, the present work tries to analyze the ways in which the legislative progress that the Argentine State has made in the last decades, which implied the taking of legal measures and the implementation of control devices, destined to the fight against trafficking in persons with sexual exploitation purposes; It impacted on the dynamics and development of the practice of prostitution in the Autonomous City of Buenos Aires, Argentina. Focusing particularly on the ways in which this process generated specific modifications in the practices of migrant women inserted in said activity, reinforcing situations of vulnerability.

Keywords: female migration, prostitution, legislation, human trafficking, sexualities.

Introducción

El presente artículo, producto de un arduo trabajo de campo, efectuado desde hace casi una década en torno al ejercicio de la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, intenta poner en relación el avance legislativo sobre esta práctica que llevó adelante el Estado argentino, cuyo propósito fue combatir la trata de personas con fines de explotación sexual; y la situación específica de las mujeres migrantes insertas en esta actividad que por su condición acabaron sometidas a situaciones de mayor vulnerabilidad.

Realizar trabajo de campo sobre prostitución fue sumamente complejo debido a la criminalización y al estigma social que sigue pesando sobre quienes la ejercen, al imbricado entramado legal que la rige, a la ineficacia de las políticas públicas destinadas a esta problemática y a la polarización del movimiento feminista que despierta pasiones desde cada uno de los enclaves.

Existen dos grandes entramados discursivos en disputa en relación a la práctica de la prostitución. Por un lado, el regulacionismo concibe la facultad de optar por el ejercicio de la prostitución como un trabajo en el marco de las decisiones posibles de acuerdo al contexto social, económico, cultural, educativo; y por el otro, el abolicionismo entiende esta experiencia como un modo de opresión de género, un eslabón más en la cadena de violencia que experimentan los sujetos femeninos/feminizados en un sistema patriarcal. Ergo, no existiría allí la posibilidad de opción por este tipo de práctica. Si bien ambos posicionamientos derivan de los marcos jurídicos que definen la intervención del estado frente a una práctica social, los movimientos feministas se han posicionado desde ambos enclaves enarbolando banderas y desplegando demandas específicas.

El trabajo de campo incluyó múltiples abordajes a lo largo de los años que coincidieron con mi trayectoria académica. Por un lado, la realización de observaciones etnográficas[1] en sitios específicos de ejercicio de la prostitución en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, con características diferenciadas en relación a la espacialidad y a la población interviniente en cada territorio. Los datos recabados permitieron la elaboración de una cartografía en el año 2012 que visibilizara la distribución de corporalidades femeninas/feminizadas en ejercicio de la prostitución en el espacio público de la ciudad, atravesadas por la cuestión étnico-racial y sexo-genérica. Este mapa permitió visibilizar lógicas de distribución en términos de centro-periferia y poner en relación cuerpos, territorialidades y status, debido a que este instrumento mostraba cómo determinadas corporalidades tendían a segregarse en zonas específicas que eran en la práctica más o menos valorizadas y que a su vez esto tenía un correlato en el desarrollo de la actividad vinculado al precio que las protagonistas podían cobrar, a la posibilidad del hostigamiento policial, a ser víctima de la inseguridad, entre otras.

También llevé adelante entrevistas en profundidad[2] a mujeres cis y trans[3] en ejercicio de la prostitución y actores/actrices involucrados/as como ser activistas, abogados/as, funcionarios/as públicas, etcétera. Asimismo trabajé a lo largo de estos años sobre las acciones y discursos de organizaciones feministas a través de la lectura y el análisis de documentos, comunicados (impresos y virtuales), materiales audiovisuales generados por las mismas y la participación en marchas, concentraciones, encuentros, charlas, intervenciones artísticas, etcétera. También participé de talleres impartidos por organizaciones sociales que contaron con la presencia de profesionales abogados, médicos, etcétera, destinados a trabajadoras sexuales desde 2016 a 2018. Además realicé análisis discursivos[4] de las legislaciones históricas en torno a la prostitución y la trata de personas que rigieron esta práctica en Buenos Aires y de dispositivos de oferta sexual en el marco de la sanción del decreto 936/2011 que prohibió la publicación de oferta sexual en medios gráficos generando la propagación de dos formas alternativas de publicidad: los avisos en internet y los volantes de oferta sexual.

Estos años de trabajo de campo dieron luz a algunas de las preguntas que guiaron este artículo cuyas reflexiones forman parte de mi tesis de maestría que, frente al avance legislativo y punitivo, se ocupó de pensar el impacto de las políticas anti-trata en la práctica de las mujeres y disidencias en ejercicio de la prostitución.

Este texto se centrará específicamente en los modos en que estas medidas atravesaron la experiencia de las mujeres migrantes, acrecentando situaciones de fragilidad y vulnerabilidad preexistentes.

Para ello, en primera instancia, describiré las características generales de la migración de mujeres afrodominacanas en la ciudad, a partir de los aportes brindados por los estudios de migración femenina pensando a las mujeres como agentes migratorios en contextos de feminización de la pobreza y segmentación del mercado laboral para las mujeres migrantes, como fenómenos que permitan dar cuenta de la desigualdad de géneros. Asimismo, los aportes de los feminismos des/poscoloniales y negros permitirán indagar en las representaciones de las corporalidades femeninas afrodescendientes como exóticas e hipersexualizadas.

Luego presentaré las principales medidas estatales respecto a la prostitución que intervinieron de modo directo en las dinámicas de la práctica, para concluir con el análisis del impacto específico que sufrió este colectivo a partir de dicha intervención legal.

La migración dominicana en Buenos Aires

La migración dominicana en Argentina creció a partir de los años 1990 de la mano de la profundización de un modelo económico neoliberal que se caracterizó por la liberalización y la desregulación del mercado, las privatizaciones, la adquisición exponencial de deuda externa y la búsqueda de un cambio monetario competitivo. Una medida relevante de ese modelo económico de liberalización de mercados y capitales, de reducción de la intervención estatal; para estudiar la migración dominicana fue la sanción de la Ley de Convertibilidad (1991) que fijaba una paridad cambiaria de “1 peso argentino = 1 dólar estadounidense”. Esta paridad facilitaba para la población migrante el envío de remesas en dólares al país de origen. La posibilidad de sostener económicamente el hogar provocó un cambio en los destinos frecuentes de la población migrante dominicana —que antes eran España o Estados Unidos (Puerto Rico)—, convirtiendo a la Argentina, específicamente a Buenos Aires, en un destino elegido.

En términos generales esta migración se produce con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del hogar. Según un informe de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[5] si bien la mayoría de las mujeres no se encontraban desocupadas en su país de origen, sí estaban insatisfechas con sus ingresos. En este contexto la migración aparece para las mujeres y sus núcleos domésticos como un modo posible de acceder a oportunidades laborales más convenientes y brindar un mejor pasar a la familia.

Esta primera ola migratoria proveniente de República Dominicana fue mayoritariamente femenina. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones esta tendencia se revierte a partir de los años 1999-2000 donde comienza a diversificarse con la presencia de varones, niños y niñas; extendiendo esa migración familiar.

Del mismo modo la mayoría de las mujeres migrantes eran madres al momento de viajar, único sostén del hogar y dejaban hijos/as menores a cargo del cuidado familiar en el país de origen. Según estos datos es notoria la ausencia del progenitor en la crianza y el sostenimiento familiar por motivos de distinta índole como laborales, separaciones, migraciones, fallecimiento, entre otras. Esta ausencia devela una doble condición para las mujeres: tienen hijos de los que se sienten responsables y carecen de presencia/cumplimiento de obligaciones paternas frente a este cuidado. Esto coloca a las mismas en una situación de mayor responsabilidad al consolidarse como el principal sostén económico y afectivo del hogar.

En el inicio de los años 2000 se produce un cambio importante que interviene de modo directo en los movimientos migratorios. La “crisis de 2001”, estallido económico-político y social producto de las reformas estructurales de los años 1990, la hiperinflación y el incremento de la deuda externa; produce la devaluación de la moneda local, el aumento la pobreza, el desempleo y la precarización laboral. Esta crisis que afectó a la sociedad toda, impactó en los flujos migratorios impulsando el retorno de inmigrantes a sus países de origen.

Recién a partir de 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se producen una serie de modificaciones a estas políticas que serán abordadas en el apartado siguiente. Si bien mi trabajo de campo se inicia en el año 2011, bajo esta nueva política migratoria, el breve recorrido histórico que propongo permite dar cuenta de la inserción que las mujeres dominicanas habían tenido en la ciudad para pensar luego cómo se fueron consolidando como foco de las medidas de lucha contra la trata de personas a partir de la categoría de “víctima”.

Según la CAREF (2003) la mayoría de las mujeres dominicanas relevadas habían migrado entre los 20 y los 40 años de edad. Ergo se trataba de mujeres activas ya insertas en el mercado de trabajo, que en muchos casos mostraban haber desarrollado tempranamente actividades laborales incluso como trabajadoras no remuneradas dentro de la propia unidad doméstica. Respecto a la inserción en Argentina dicho informe afirma que “tanto el tipo de trabajo a realizar como el régimen de contratación coinciden con la segmentación por género de los mercados de trabajo: las mujeres sin calificación específica tienden a ocupar los puestos más precarios y menos calificados, con el agregado de que, salvo casos excepcionales, se trata también de puestos que ni son el primer escalón en una carrera ocupacional, ni mejoran la calificación inicial (el servicio doméstico y el cuentapropismo de supervivencia son los ejemplos más claros)” (CAREF, 2003: 21).

La feminización de la pobreza,[6] como herramienta analítica que permite poner en relación el género con la falta de ingresos económicos y las condiciones materiales de las mujeres, debe ser complejizada en un análisis transversal. Las sujetas de las que se ocupa este artículo no sólo son mujeres sino que corporizan múltiples posiciones de subalternidad como extranjeras, migrantes, afrodescendientes, entre otras; que operan de modo intersectado.[7]

En Argentina esta población femenina tendió a una inserción laboral en el sector servicios (empleo doméstico, tareas de cuidado, peluquerías, restaurantes) y presencia en el mercado del sexo. Esta inclusión laboral, a pesar de contar en muchos casos con una formación educativa básica, puede pensarse desde diversas aristas: por un lado, la hipersexualización[8] de las corporalidades afrodescendientes que interviene en la segregación racista del mercado de trabajo al que acceden las afrodominicanas en la ciudad; y por otro lado, la presencia de redes (tanto familiares como de tráfico internacional) que facilitan el viaje y consolidan a Buenos Aires como destino para el ejercicio de la prostitución. Estas dimensiones colocan a esas mujeres, que llegan con la necesidad de dar respuesta a esa carga familiar, en situaciones de vulnerabilidad. La segregación del mercado laboral a tareas típicamente femeninas y de baja calificación, refuerzan la desigualdad femenina de acceso al mercado laboral.

Asimismo, las representaciones corporales de la negritud como condensadoras de lo exótico y lo erótico dotan de altos niveles de visibilidad a dichos cuerpos en el espacio público, que en el imaginario social han sido vinculadas al mercado sexual. La presencia de las mujeres afrodominicanas en el ejercicio de la prostitución en Buenos Aires es sumamente heterogéneo. Las experiencias varían desde las situaciones más clásicas de explotación sexual (mediadas por el engaño, el forzamiento, el secuestro y la retención de documentación) hasta las migraciones autónomas de mujeres que viajan de modo independiente para insertarse voluntariamente en el mercado del sexo; pasando por prácticas intermedias donde la línea entre elección y coerción es mucho más sutil.

Las redes de comercio sexual entre República Dominicana y Argentina combinaron la circulación de mujeres que viajaron de manera forzada o engañada hacia nuestro país para ser obligadas o terminar insertas en formas de explotación sexual, con mujeres que migraron de modo independiente para ingresar autónomamente en el mercado del sexo local y en algunos casos terminaron envueltas en situaciones de explotación.

Respecto al primer caso, la información relevada por la CAREF, que busca visibilizar la trata con fines de explotación sexual, describe la experiencia migratoria a partir de la presencia de reclutadores que otorgaron préstamos para financiar el viaje de las mujeres y que luego se convirtieron en deudas estrepitosas. Esta dinámica se centraba en que:

[…] el trabajo previamente ofrecido no estaba disponible y gran parte de estas mujeres quedaron libradas a sus propios recursos en una ciudad distante, donde no conocían a nadie. Así, la presión de la deuda hipotecaria contraída para el traslado funcionaba como un eficaz “empuje” para el ingreso en la prostitución —que era la ocupación que verdaderamente había estado disponible desde un principio (CAREF, 2010: 25).

El trabajo de campo amplía y complejiza esta relación entre prostitución/explotación sexual y migración dando cuenta de casos donde las mujeres viajan sabiendo que aquí ejercerán el trabajo sexual y ven en la ciudad una forma de ejercicio de la sexualidad más abierta que en sus comunidades de origen. Una de mis entrevistadas relata que: “Allá [en República Dominicana] si vos te parás en una esquina sos la peor mujer […]”. Esto hace que muchas veces sus familias no sepan de su ocupación en el destino. Ergo es frecuente que las mujeres oculten esta información. “No digo que trabajo de esto. Me da vergüenza. Aunque ellos piensen, yo digo yo, no yo trabajo en una fábrica. O trabajo por mi cuenta” (Florencia, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

En otros casos las mujeres viajan a través de una promesa laboral, para insertarse mayoritariamente en tareas de cuidado, pero finalmente esa oferta no existe. En estos casos el ingreso al mercado del sexo se produce frente a la falta de alternativas laborales concretas, la dificultad económica propia y del núcleo familiar que impulsó el viaje, entre otras.[9] Estas experiencias intermedias son las que permiten poner en cuestión las condiciones materiales de las mujeres que impulsan las decisiones, la precariedad y la vulnerabilidad en las que se ven inmersas. En algunos casos la necesidad de enviar dinero al hogar de origen, las deudas adquiridas por el viaje, el racismo y el sexismo que dificultan el acceso al mercado laboral formal; impulsan a las mujeres migrantes al ejercicio de la prostitución en condiciones de precariedad que muchas veces no son identificadas por las propias mujeres como situaciones de explotación.

Se vuelve fundamental entonces indagar en las dinámicas migratorias de las mujeres y las políticas migratorias que las regulan para dar cuenta de esas situaciones de precariedad y vulnerabilidad que las atraviesan para pensarlas como sujetas activas. Los modos en que el Estado define a esas mujeres se entrecruzan con sus propias percepciones experimentando vivencias que van desde la fragilidad al empoderamiento. Estas caracterizaciones serán recuperadas más adelante cuando analice el impacto específico de las intervenciones estatales.

A partir de la crisis político-económico-social de 2001 Argentina ha desarrollado modificaciones en sus políticas migratorias, que incluyeron la aplicación de la Ley de migraciones N° 25.871 (2003) en reemplazo de la “Ley Videla”[10], normativa conocida por su “carácter restrictivo y persecutorio en el tratamiento del fenómeno migratorio” (Nejamki; Sierra, 2010: 1). Asimismo, en 2006 se lanza el Plan “Patria Grande”, que fue un programa de regularización documentaria migratoria que pretendió instalar una nueva política migratoria que abarcó a millares de beneficiarios provenientes de países integrantes del Mercosur que no tuvieran legalizada su situación migratoria. El espíritu de la ley suponía que regularizar a los inmigrantes acabaría con el trabajo informal y convertiría a estos sujetos en potenciales contribuyentes. En esta línea Magliano (2011) describe las lógicas de las políticas internacionales migratorias que reproducen el supuesto que las migraciones regulares/legales son representadas como un aporte, una contribución al país receptor; y las irregulares/ilegales son vistas como una amenaza, problema.

A pesar de la apertura que significaron estas políticas, las mujeres migrantes se vieron sometidas a mayores controles. Como trabajaré más adelante, el visado obligatorio para las mujeres dominicanas, en pos de la lucha contra la trata de personas, dificultó o restringió el ingreso de las mismas. La conceptualización estatal de la mujer en prostitución como víctima y la asociación simbólica entre mujeres dominicanas y trata intervinieron limitando esa circulación.

La experiencia migratoria presenta una serie de complejidades que ponen en juego las condiciones de vulnerabilidad que impulsaron a las mujeres a viajar, el entramado jurídico del que me ocuparé en el próximo apartado, la criminalización de la actividad y la discriminación y el racismo de la sociedad receptora que dificultan la inserción laboral en el país de destino. Las mujeres afrodominicanas, con alta visibilidad en el espacio público de la ciudad, se convirtieron en un foco específico de la intervención estatal así como del movimiento feminista, que ubicaron esta temática en la agenda pública a partir del resurgimiento de discursos trafiquistas (Varela, 2013). Tanto la intervención legal como el activismo feminista abolicionista reforzaron la idea de mujer víctima asociando prostitución-trata de personas y esclavitud. La concepción de la prostitución como esclavitud del siglo XXI buscó visibilizar no sólo una permanencia colonial, sino de género; al conceptualizar ciertas corporalidades femeninas como disponibles para la satisfacción de ese privilegio sexual masculino.

La Ley de Trata

Un hito fundamental en el recorrido histórico de los entramados jurídicos en torno a la legislación de la práctica de la prostitución en Argentina,[11] se produce en el año 2008 con la sanción y promulgación de la Ley 26.364 para la Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.[12] Esta normativa refuerza el carácter abolicionista del país al mantener no sólo el castigo al proxenetismo[13] y la explotación sino también la reducción a la esclavitud, la comercialización de contenido pornográfico, entre otros.

Dicha legislación se enmarca en una serie de tratados internacionales de larga data a los que históricamente se adhirió Argentina.[14] La misma definió el fenómeno de la trata de personas de acuerdo con la edad de las víctimas (mayores o menores de 18 años) al establecer que:

Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado-ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentamiento de ésta […][15]

Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.

Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto alguno (Ley 26364, 2008, cursivas mías).

Esta legislación fue modificada en el año 2012. Una de las reformas consistió en eliminar esta división entre mayores y menores de edad definiendo el delito de trata, cometido contra una persona de cualquier edad. De este modo la nueva normativa anula el consentimiento al afirmar que: “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores” (Ley 26.842, 2012).

Según Chávez (2013: 45) la legislación original “invertía la responsabilidad por el crimen, transfiriéndola a la víctima mayor de 18 años” y propiciaría la impunidad si no podía probarse en un juicio que la persona explotada había sido amenazada, engañada, violentada, abusada; o si no se lograban demostrar condiciones de vulnerabilidad. La impunidad también se sostenía cuando la persona “consentía” la explotación.

Esta cuestión se convierte en el punto neurálgico del debate entre abolicionistas y regulacionistas. Como para las primeras la prostitución, al igual que la trata de personas con fines de explotación sexual, es siempre una relación de subordinación y violencia, quien posee el dinero detenta el poder de definir las condiciones de dicha relación social. En este sentido Tuñez (2014: 53) afirma que “trata y prostitución son sinónimos de esclavitud y violencia basadas en las desigualdades estructurales que todavía persisten a lo largo del tiempo y la historia”. Mientras que para las regulacionistas existe la posibilidad de la decisión autónoma de las sujetas de ejercer el trabajo sexual de modo independiente y libre. Ergo mientras que para las primeras no existe la posibilidad de consentimiento de la práctica (porque es un modo de explotación); para las regulacionistas la aplicación de esta legislación, acompañada de una falta de regulación del trabajo sexual, contribuye a la criminalización de la práctica de las trabajadoras sexuales.

La división entre personas mayores y menores de edad que la primera ley impuso, suponía la posibilidad del asentimiento entre las primeras y lo anulaba entre las segundas. La potencialidad de optar por la mercantilización de la propia sexualidad es un punto crítico del debate, que reaparece como tensión entre los reclamos de las mujeres que se auto-reconocen como trabajadoras sexuales y reivindican la autonomía de decidir sobre su propio cuerpo, las abolicionistas que denuncian la prostitución como una práctica de mercantilización corporal al servicio del sistema patriarcal y capitalista[16] que instaura una normativa sexual femenina para uso masculino; y las políticas públicas destinadas a combatir la trata de personas con fines de explotación sexual que anulan el consentimiento porque intentan legislar sobre las prácticas de explotación sexual.

Respecto a la nueva ley de trata, la antropóloga Cecilia Varela sostiene que:

[…] la exclusión de los medios comisivos y el establecimiento explícito de que el consentimiento de la mujer resulta irrelevante, intenta constituirse como un cierre definitivo respecto de la posibilidad de trazar alguna distinción entre prostitución forzada y libre […] la única modalidad de oferta de servicios sexuales que se mantendría por fuera de la categoría de víctima predefinida, es el ejercicio autónomo de la prostitución (Varela, 2013:51).

Ambas legislaciones (la original y su modificatoria) refuerzan el carácter abolicionista del Estado argentino al condenar la explotación y señalar la no punibilidad de las víctimas, creando un protocolo específico de actuación para víctimas (UFASE-OVD)[17] que tutele sus derechos, haciendo hincapié en que el primer contacto con la víctima es crítico y debe ser realizado por personal capacitado en la temática específica. La persona se convierte en una víctima que puede brindar un testimonio, dejando de ser un testigo imparcial de un delito, por lo que puede o no declarar y su identidad debe ser reservada. La nueva ley homogeneiza todas esas diversas condiciones bajo la categoría de “víctima”, establece que la percepción que las mujeres tengan sobre su inserción en el mercado es irrelevante, y dispone la necesidad de actuar ante estas situaciones con el sistema punitivo[18] y la lógica del “rescate” (Varela, 2013:51).

Esta representación femenina de las involucradas en el ejercicio de la prostitución como víctimas de un sistema de dominación patriarcal, se refuerza en el estereotipo a las mujeres migrantes. En términos legales las prácticas de las personas migrantes se encuentran regidas además por una legislación específica. Históricamente el Reglamento Migratorio sancionado a través del decreto 1023 en el año 1994 estableció la inhabilitación de ingreso/permanencia en el país de los/as extranjeros/as que se dedicaran a: “f) Ejercer la prostitución, traficar o haber traficado con personas, haber lucrado con ello o que por sus antecedentes sea presumible el propósito de hacerlo” (Art. 21, cursivas mías). Según el informe elaborado por la OIM (2003): “A pesar de que las mujeres nativas no son penadas por ejercer la prostitución por su propia cuenta […] [según] el Reglamento Migratorio vigente (decreto 1023/94), el ejercicio de la prostitución es una de las inhabilitaciones absolutas para el ingreso o permanencia en el país” (CAREF, 2003: 38). Y según la actualización del año 2010 “si bien el ingreso como turista es relativamente sencillo, existen algunas limitaciones o controles adicionales. Uno de ellos es la figura de “falso turista” y el otro es la exigencia de visación consular impuesta a ciertos países. Ambas figuras han afectado de manera especial el ingreso de personas dominicanas […] En virtud de las disposiciones relativas al control de “falsos” o “pseudo” turistas, muchas mujeres dominicanas fueron retenidas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini […] y devueltas a República Dominicana” (CAREF, 2003: 29).

En el año 2017, en el marco de la profundización legal de las medidas anti trata, se produjo una modificación al Reglamento Migratorio a través del Decreto 70 que modificó la Ley N° 25.871, respecto a las causas que imposibilitan el ingreso o permanencia en el país al:

i) Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o haber incurrido o participado, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior en la promoción de la prostitución, por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas (Art. 29, cursivas mías).

Dicha modificatoria apuntó a descriminalizar la migración autónoma de las mujeres, debido a que siguió castigando a quienes se hallaran vinculados al tráfico de personas pero quitó la sanción al ejercicio de la prostitución. Asimismo suponemos que el impacto real de estas políticas es limitado ya que las penas por lucrar con la explotación sexual ajena, acto penado en la ley de trata (Ley 26.842/2012) son escasas (Nuñez Lodwick, 2017).

Esta asociación simbólica entre trata/prostitución y mujeres dominicanas fue reforzada por el Estado al sancionar en el año 2012 la resolución 23, dispuesta por el Ministerio del Interior, que implementaba como medida para combatir la trata de personas el requisito del visado a los nacionales de la República Dominicana para el ingreso al territorio argentino. El mismo debe ser otorgado en el Consulado Argentino en República Dominicana.[19] Si bien esta normativa redujo las “devoluciones” en el aeropuerto internacional, según el relevamiento de la OIM se incrementaron las entradas por pasos no habilitados, por tierra o agua desde países limítrofes, no registrando su entrada.

La resolución expresa explícitamente que: “el Poder Ejecutivo Nacional se halla implementando distintas medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas y combatir el tráfico ilícito de migrantes”, así como “mejorar la información en el exterior que se brinde a aquellos extranjeros que deseen viajar a la República Argentina en calidad de turistas”. Esta Resolución circunscribe a la trata de personas como un “flagelo que ha afectado a ciudadanos de nacionalidad dominicana, particularmente mujeres” (Resolución 23/2012).

Esta respuesta institucional de lucha contra la trata nuevamente se focaliza en la mujer migrante a quien se le dificulta el ingreso al país y quien debe demostrar que migra autónomamente; al tiempo que criminaliza a la migración dominicana femenina debido a que a ninguna otra mujer migrante se le solicita un visado. En este punto las construcciones eróticas con las que cargan las corporalidades afrodescendientes hipersexualizadas, son puestas al servicio de políticas que refuerzan un imaginario de disponibilidad corporal femenina y de una sexualidad masculina automatizada pasivamente receptora del estímulo generador de la descarga sexual.

Al año siguiente la Dirección Nacional de Migraciones presenta un régimen especial de regularización para personas extranjeras de nacionalidad dominicana (Disposición 001/2013).[20] Dicha residencia requería una doble renovación, para adquirir la residencia temporaria regular y luego la permanente. Esta solicitud pedía la inscripción como monotributista en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y comprobantes de pago del impuesto. Este programa (destinado a las poblaciones dominicanas y senegalesas) tuvo como objetivo atacar dos situaciones vinculadas a la regularización: el matrimonio y el pedido de refugio.

Según los datos de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE): “de las 850 solicitudes de reconocimiento interpuestas por personas dominicanas, 570 fueron presentadas por mujeres y 280 por varones. El incremento comenzó en 2008, cuando de 11 solicitudes se pasó a 120, y luego a 310 en 2009. En los años anteriores, apenas 9 personas habían solicitado el estatuto, que le fue reconocido a una sola” (CONARE en OIM, 2016: 33). El notable aumento de estas peticiones podría hallarse vinculado a la sanción de la ley de trata que en ese mismo año tipificó el delito de trata de personas y lo incorporó al código penal, incrementando la persecución judicial hacia este delito. Este fenómeno de las peticiones de refugio abrió la posibilidad de la investigación judicial a partir de la situación migratoria y el desbaratamiento de redes de trata. En este contexto “paralelamente, los medios de comunicación informaban casi a diario sobre allanamientos a “whiskerías” y “privados”, destacando en ellos la presencia de mujeres extranjeras —principalmente paraguayas y dominicanas— en situación migratoria irregular” (OIM, 2010:33).

En síntesis, más allá de las regulaciones estatales específicas que involucran a las mujeres migrantes con el objetivo de luchar contra la trata de personas, la intervención estatal refuerza la estigmatización y crea condiciones de mayor vulnerabilidad para esta población que ya cargaba con situaciones de fragilidad. Como profundizaré en el próximo apartado el miedo a la persecución estatal en la lucha contra la trata a través de normativas específicas, produce modificaciones en las dinámicas del ejercicio de la práctica que colocan a las mujeres migrantes en ejercicio de la prostitución en espacios y territorios menos seguros bajo condiciones de mayor vulnerabilidad.

Representaciones étnico-raciales y circulación de las corporalidades femeninas migrantes frente al avance legislativo

El avance legislativo generó modificaciones en las dinámicas de desenvolvimiento de la práctica de la prostitución, que lejos de desaparecer presentó mutaciones para continuar la actividad. A partir de las entrevistas y observaciones realizadas identifiqué tres tipos de movimientos propiciados por el avance legislativo, que atravesaba al colectivo femenino en términos generales y presentaba obstáculos mayores para las migrantes. En primer lugar, el cambio de establecimiento bajo una misma modalidad. Frente a los allanamientos o clausuras las mujeres pasaban a ejercer el trabajo sexual/la prostitución en otro local (privado o boliche) respetando la modalidad[21] en la que venían desarrollando dicha práctica. Esto incluye casos de mujeres que frente al avance legislativo y la clausura de establecimientos privados consiguieron a través de alguna persona conocida seguir en otro privado o boliche bajo una dinámica similar a la que venían ejerciendo su actividad. Esta primera mutación permite visibilizar las redes que vinculan espacios donde se ejerce la prostitución. Las mismas pueden consistir tanto en contactos/amistades que las propias mujeres gestan en el desarrollo de la práctica y que facilitan esta dinámica de circulación; como redes ilegales que usufructúan con las situaciones de vulnerabilidad en las que se ven envueltas las mujeres y actúan de modo coordinado con la complicidad policial.

Por otro lado, frente a las prohibiciones algunas mujeres lograron insertarse en nuevos establecimientos, pero bajo condiciones de mayor precariedad. La entrevistada Flavia por ejemplo relata que: “ahora trabajo bajo un dueño. Me sacan el 50 por ciento y pago un aviso a diario de $100, aparte del 50 por ciento” (Flavia, Entrevista, Buenos Aires, 2016). En este caso Flavia continuó ejerciendo la prostitución en un departamento privado, pero bajo esta nueva inserción se profundiza la relación de explotación a partir de la retención de un porcentaje, inexistente en la forma original de departamento privado con un funcionamiento más cooperativo.[22] En este caso las mujeres migrantes tenían mayores obstáculos para insertarse en un nuevo establecimiento debido a que su situación migratoria las ubicaba en condiciones de mayor precariedad, ya sea por la falta de documentación, por el miedo a ser vinculadas al delito de trata, etcétera.

En segundo lugar, el cambio del tipo de establecimiento pero manteniendo la modalidad de trabajo sexual a puertas cerradas. En este caso por ejemplo, algunas mujeres pasaban de un boliche a un privado o de un boliche a un spa. Si bien la modalidad del spa mantenía el arreglo con el “cliente” por fuera del establecimiento, suponía para las mujeres el aprendizaje de un nuevo saber específico que no todas están dispuestas a realizar. Por ejemplo, Gabriela frente a la clausura del boliche compartía sus reflexiones sobre cómo continuar y expresaba que: “como masajista no, porque nosotras no somos masajistas” (Gabriela, Entrevista, Buenos Aires, 2016). Mientras que Sara expresaba que frente a la clausura de un departamento privado “las chicas no querían saber nada, porque no eran masajistas. Tuvieron que hacer cursos, porque te pedían matrícula como masajista, porque ellos ofrecen masajes lo que vos haces adentro es cosa tuya”. Su llegada al spa “fue después que se empezaron a cerrar los establecimientos nocturnos. Estuve un buen tiempo sin trabajar porque pensábamos que nos abrían enseguida el lugar y ese lugar quedó cerrado. Busqué para el lado del spa” (Sara, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

En este caso algunas mujeres lograron a adaptarse a nuevas formas con el objetivo de mantener la modalidad de ejercicio de la actividad a puertas cerradas porque allí se sienten más cómodas y seguras que en el espacio público. Es frecuente que las mujeres sostengan que: “cada uno tiene en su hábitat de trabajo, en su ámbito, su forma de trabajo y cada una trabaja de acuerdo a su forma de trabajo” (Natalia, Entrevista, Buenos Aires, 2016) y que esto se encuentra vinculado tanto a la personalidad como a la costumbre. O simplemente al gusto. “Nunca me animé ni me gusta la parte de la calle […] No lo sé hacer, no trabajé nunca en boliche tampoco. Porque no es mi forma de trabajo. No estoy acostumbrada. Conocí el otro lado entonces como que cuesta” (María, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Al mismo tiempo quienes ejercen la prostitución a puertas adentro sostienen que:

La de la calle jamás entraría a trabajar a un boliche porque se embola […] yo conocí un montón de chicas que les decía yo, “¿qué haces en la calle? Vos sos re linda. Anda a laburar allá, vas a ganar 10 veces más” y la piba me decía “ni en pedo me meto ahí adentro” […] o sea, otra cabeza. La que estaba equivocada era yo porque ya las estaba juzgando porque eran de la calle, ¿entendés? Así le debe pasar a la gente.

Del mismo modo quienes ejercen la prostitución en la vía pública sienten incomodidad de estar en un departamento o boliche, debido a que el ejercicio de la actividad bajo ésta modalidad implica tanto el “encare”[23] como el consumo de alcohol. Algunas mujeres expresaron: “yo no sirvo para encarar” (María, Entrevista, Buenos Aires, 2016) o “en los boliches tenés que tomar mucho” (Clara, Entrevista, Buenos Aires, 2012).

Otro de los aspectos que genera tensiones para las mujeres que ejercen la prostitución bajo otra modalidad es la vergüenza de encontrarse con algún conocido que no conoce a qué se dedica. Porque, por ejemplo, “en departamento vos generalmente tenés una cámara, mirás quién sube. Si es alguien que vos conocés no te presentás” (María, Entrevista, Buenos Aires,).

En los relatos de las mujeres que entrevisté en ejercicio de la prostitución bajo cualquier modalidad, fue frecuente la referencia a la vergüenza y al dolor de no poder compartir la verdad sobre cómo se ganaban la vida con sus familiares y/o amigos. Elba relata: “yo creo que lo que más nos duele a nosotras, lo único que nos duele de nuestro trabajo es mentir. Es lo único que nos duele de nuestro trabajo, mentir. Mentirle a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que amamos” (Elba, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Por su parte Sol me contaba en una charla que:

[…] cuando yo arranqué estaba de novia y cuando decidí juntarme, dejé. Porque no sabía cómo decírselo a mi pareja […] no me gustaba tener que mentir tanto. Tener que decirle al resto del mundo tal cosa, no sé, “mirá, cuido chicos”, a tu pareja con la que vivís, no, no podría. Otra vez no. Entonces, no hay ningún problema, punto […] La familia no. En mi caso no. Es algo que no sacrificaría, no por un montón de cosas. Porque tienen una concepción de este laburo errada, que es la que tienen la mayoría de las personas e imagínate, es difícil cambiar […] imagínate no podés con tu familia, cambiar el pensamiento, es difícil.

En este sentido Oliveira (2016: 10) relata la experiencia del trabajo sexual en mujeres migrantes en Sudáfrica a partir del constante “negociar el estigma y los sentimientos de orgullo”. En la experiencia de la prostitución, en dicho caso, confluirían el miedo a la reacción familiar y divina con el orgullo de poder solventar económicamente tanto la propia subsistencia así como la de los hijos, en caso de ser madres.

Respecto al estigma, Juliana al ser entrevistada por Daich (Daich, 2012: 98) afirma que:

[…] nadie nace prostituta entonces toda la gente que se dedica al trabajo sexual, ha tenido una parte importante de su existencia fuera del trabajo sexual y ha incorporado todos los estereotipos discriminadores. Por consiguiente, el tema del estigma les afecta también desde dentro porque son personas socializadas en una cultura en la que esto está altamente estigmatizado.

Este estigma se profundiza en el caso de las mujeres trans migrantes. Como Tatiana relata:

Las chicas trans son más sufridas que una chica prostituta, que una mujer de la calle, una meretriz no sufre tanto como sufrimos nosotras. Nosotras sufrimos, empezamos con la familia, seguimos por los amigos, los que nos impulsan, los que se aprovechan que somos como somos, la marginación y la violencia y de ahí ya viene todo lo demás. Pero la vida hay que vivirla como te toca y es así (Tatiana, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

A la discriminación que viven las personas trans se le suman otras situaciones de vulnerabilidad como ser el ejercicio de la práctica de la prostitución (concentrada en zonas específicas del espacio público, caracterizadas como peligrosas y violentas). El intercambio de sexo por dinero genera sentimientos de vergüenza y dolor que en algunos casos son paliados con alcohol y drogas:

Se dice “lo hizo por la necesidad” Pero la necesidad está en una misma. Y decís yo necesito porque necesito comer, necesito vestirme y quiero vivir bien. Pero si yo me prostituyo, y esa plata me entra por mi cuerpo, entonces no puedo disfrutarla bien, ¿me entendés? Decir, voy a ir a un negocio, me voy a llenar de ropa linda, cara, me voy a comprar electrodomésticos porque quiero, no decir tengo plata y ¿qué hago? Voy y me compro más droga. Porque pasa. Yo las veo a las chicas (Julieta, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Al mismo tiempo en la historia de Tatiana la experiencia de ser una persona trans y el ejercicio de la prostitución se intersectan con la migración interna.

Porque al estar allá en el norte, cuando vos comenzás en tus inicios, cuando sos adolescente que es cuando mayormente nos largan […] otras que nos largamos y otras que la familia te larga, ¿me entendés? Es por eso que muchas somos muy sufridas, más si somos del norte, te hablo de Tucumán, Salta, Jujuy, porque son las zonas más afectadas allá. Aparte que te desarraigan de tu pago, vos te venís porque es la palabra de una corre en la boca de otra. Te dicen: “nos vamos a Buenos Aires”, vos sabés que allá te pagan más sexualmente, trabajás más sexualmente, ganás más sexualmente y muchas son las que por ahí dicen “me voy a Buenos Aires, me voy a re producir.” Primero llegan, se ponen silicona, ropa linda, cirugías por todos lados. Pero ahí son muy pocas las que vuelven y si vuelven algunas, algunas vuelven en cajón. Porque hoy por hoy las chicas trans son de 18, 20, 25 añitos donde están terminan bajo tierra. Ésa es la realidad de ahora (Tatiana, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

La vivencia de la prostitución aparece vinculada al dolor y la violencia. Tatiana relata que “todo eso lo pasas y lo sufres porque lo sufres en vida, ¿me entiendes? Lo sufres cada momento que pones un pie en la calle. Encima que te hace sufrir la proxeneta con los clientes porque los clientes son tipos aberrantes que te piden cosas sexuales que te da asco a sí misma. Yo lo he pasado, yo lo he vivido” (Tatiana, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Del mismo modo, la experiencia de la prostitución también se presenta asociada al riesgo. Tatiana respecto al cobro de un “derecho de piso” por parte de una proxeneta se pregunta “¿Por qué te lo tengo que dar? Si yo ese peso lo conseguí trabajando, con mi cuerpo, exponiéndome a cosas, tanto en lo sexual, en las enfermedades, el riesgo de estar en la calle” (Tatiana, Entrevista, Buenos Aires, 2016). Donde ese peligro, que se hace cuerpo, se encuentra vinculado a su vez a la indefensión frente a la explotación.

Recuperando las trayectorias de las mujeres frente a los allanamientos y clausuras de los establecimientos; el tercer tipo de circulación que logré identificar consiste en el cambio total de modalidad. Este implica el desplazamiento de mujeres que ejercían la prostitución puertas adentro al ejercicio de la prostitución en la vía pública. En el trabajo de campo con mujeres que ejercen la prostitución “a puertas cerradas”, las mismas expresaban sus incomodidades respecto a otras modalidades. Por ejemplo, Sol expresaba: “nos cierran las puertas, ¿quién nos quiere alquilar ahora para poder trabajar? Nadie. Entonces nos dejan a las de puertas adentro en la calle. Y en la calle no nos sabemos manejar porque no es nuestro lugar” (Sol, Entrevista, Buenos Aires, 2016) porque “nosotras no sabemos trabajar en la calle” (Eugenia, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

La incomodidad frente al cambio de modalidad se vuelve relevante a partir de la circulación entre modalidades que propiciaron los allanamientos y clausuras a los establecimientos nocturnos. “Una se va adaptando. Algunas mejor, otras más. El tema es que después ya no vamos a tener con qué adaptarnos. No nos quedan muchas opciones, para publicar, para ofrecer trabajo, para dónde estar, dónde ofrecerlo […] es un bajón” (Sol, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

La búsqueda de nuevas estrategias para continuar el ejercicio de la prostitución frente a la prohibición y las clausuras han sido históricamente desarrolladas por las mujeres.[24]

Por ello Georgina Orellano, Coordinadora General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR–CTA)[25] expresa que:

Nosotras dijimos que había ya legislaciones vigentes, decretos provinciales que se estaban llevando adelante que prohibían los cabarets, las whiskerías, las casas de citas y cuál era el impacto de eso, de esas políticas anti trata en la vida diaria de las trabajadoras sexuales. Que esto de prohibir los lugares no era la solución porque los lugares iban modificando […] o sea no podían habilitar más como cabarets o whiskerías, habilitaban como bar, como pool y ya a la organización misma se le hacía muy difícil llegar a las compañeras porque estaban en lugares más ocultos, como expuestas a una mayor clandestinización, mayor vulneración de derechos (Entrevista. Mayo de 2015, cursivas mías).

Otro elemento que considero relevante al pensar estas dinámicas de circulación de las mujeres provenientes de otros contextos geográficos, propiciadas por la aplicación de las legislaciones, se halla vinculado al carácter étnico/racial, inscripto a su vez en la condición migratoria[26] de quienes ejercen la prostitución. Las mujeres migrantes en la práctica de la prostitución se ubican en posiciones de mayor subalternidad debido a varias cuestiones. En primer lugar la vulnerabilidad producto de la circunstancia migratoria en sí, que provoca entre otras cosas que no siempre las sujetas hayan regularizado su situación migratoria, lo que podía costarles la permanencia en el país. Así como la discriminación y el racismo existente en el mercado laboral, dificultando el acceso a empleos formales con protección social.

El avance legislativo produce mutaciones amplias en las dinámicas del mercado sexual de la ciudad. Las mujeres migrantes permanecen en él pero en mayores condiciones de vulnerabilidad. Las mujeres nativas que ejercen la prostitución en privados rechazan la presencia de las migrantes por miedo a un allanamiento. Del mismo modo las primeras son menos recibidas en boliches y saunas por miedo a una causa de trata de personas. El miedo al involucramiento judicial en causas de delitos complejos refuerza la segregación de las mujeres sin documentación o con una situación migratoria precaria. Asimismo las mujeres dominicanas en el ejercicio de la prostitución en la calle experimentan un proceso de distribución que las sitúa en áreas específicas[27] y son foco de discriminación y violencia por parte de la policía.

Como desarrollé más arriba, el racismo y la discriminación intervienen en los modos en que se jerarquizan los cuerpos femeninos en la práctica de la prostitución. Haciendo que las mujeres caribeñas tiendan al ejercicio de la prostitución en el espacio público, donde sus cuerpos son hipererotizados, caracterizados como exuberantes, y dotados de un carácter “disponible”; mientras que las corporalidades de las mujeres provenientes de una migración andina son deserotizadas y caracterizadas como sumisas y obedientes.[28]

Las representaciones sociales del cuerpo afro hipersexualizado tienen impacto tanto en el tipo de modalidad (espacio público/a puertas cerradas) en el que esas mujeres tienden a insertarse en el ejercicio de la prostitución, como en los espacios más o menos valorizados al interior de cada dinámica. Por ejemplo, una mujer auto-reconocida como trabajadora sexual a puertas cerradas de la zona de Barrio Norte, una zona de alto poder adquisitivo de la Capital Federal, relataba que:

He tenido compañeras dominicanas, pocas porque donde nos manejábamos por ahí el cliente no le llamaba tanto la atención una dominicana. La chica misma se quedaba o se iba. No se le decía. Era ella que veía si le servía laburar o no ahí.

Yo tuve una compañera dominicana, muy bonita, de 21 años. Lomazo. Y ella trabajaba, tenía sus clientes que le gustaban las chicas de color. Porque tiene que ver con eso. Pero, bueno, hay lugares de valor alto donde los clientes iban y pagaban bien. Fui a lugares donde no pasa, ninguna ves (Sofía, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Si bien el Informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de personas (UFASE) visibiliza la “existencia de una organización dedicada a reclutar a mujeres dominicanas vulnerables ofreciendo venir a la Argentina y/o España por trabajo, vivienda y comida. Estas personas eran engañadas con falsas promesas. Una vez que ingresaban a nuestro país, las introducían en el circuito prostibulario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también en el interior del país, más precisamente en La Pampa, Córdoba, Misiones, Río Negro, San Luis y provincia de Buenos Aires” (UFASE, 2012:20).

La presencia/ausencia de mujeres afrodescendientes en determinadas zonas/modalidades es explicada por las protagonistas a partir de la demanda, donde con una lógica de mercado el “gusto” del varón determina la oferta. Pero esta interpretación no pone en cuestión que el imaginario erótico y las representaciones del deseo responden a constructos sociales, culturales e históricos. Por otra parte también es preciso señalar que, según el Informe la migración dominicana en Argentina, “desde los primeros arribos registrados en la década de 1990, la migración dominicana hacia la Argentina ha estado asociada a la prostitución” (CAREF, 2015:73).

Estas cuestiones hacen que muchas veces las propias mujeres que ejercen la prostitución a puertas cerradas prefieran no compartir espacios con mujeres migrantes por miedo a que en posibles allanamientos o clausuras sean vinculadas al delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Cuando yo arranqué tenía compañeras por ejemplo, de Paraguay, peruanas, muy lindas por cierto […] lo que siempre tenían […] por lo menos, donde yo me manejé, que era que hagan la documentación correspondiente. Vos sabés que si no tenés documento o si venís, que para todos estás paseando acá, y alguien te da trabajo, caemos todas las que estamos en el mismo lugar […] Entonces todas mis compañeras tenían su documentación, el documento de argentina, hecho todo el trámite como corresponde. O por lo menos con la precaria. Con la precaria, como están haciendo el trámite, podían trabajar. Porque si no caemos todas y las multas vos sabés que son altas, ¿sí? Y no estamos para perder plata ni para tener una causa porque tenés una compañera que es extranjera.

Ahora, olvidáte. No tenés el documento, no. Porque ahora cuando viene el allanamiento también cae inmigración. Si vos sos paraguaya, por más que tengas el documento argentino, igual llaman a inmigración para verificar que esos datos estén bien” (Sofía, Entrevista, Buenos Aires, 2016, cursivas mías).

Así como existen experiencias de migración forzada, destinada a la explotación sexual, otras mujeres relatan la migración destinada a la inserción en el mercado del trabajo sexual del país receptor como una de las “estrategias concretas que utilizan las mujeres para habitar un mundo poblado de desigualdades” (Iglesias Skulj, 2012:23).

N, proveniente de la República del Paraguay, quien migró sabiendo que su inserción laboral en Argentina podría continuar siendo el ejercicio de la práctica de la prostitución expresa que: “allá vos podés ser doméstica, vos podés ser lo que quieras pero te pagan una miseria […] la opción de trabajar de puta nunca lo vi como malo.” N hace doce años que está separada y cinco que ejerce el trabajo sexual, y si bien relata que: como dicen “nadie elige ser puta”. Mentira, “nosotras no tenemos maridos, vivimos solas” afirma que “hace como 4 ó 5 años que estoy trabajando acá. Y hasta el día de hoy no me arrepiento, no tengo un ritmo, no creo que ningún hombre me toque ni con un escarbadientes si no me paga. Esa es la pura verdad. Yo no necesito otra cosa” (Patricia, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Esta concepción del trabajo sexual como modo de subsistencia elegido se pone en jaque frente a los deseos de su hija de 20 años de viajar a Buenos Aires a vivir con su madre cuando cumpla la mayoría de edad. “¿Y si se le ocurre “ay, yo voy a trabajar de puta”?, yo no le voy a decir que lo haga. Es muy chica […] A mí me da como cosa porque “sos chica —le digo— para esto sos chica. Y estando embarazada, ¿dónde te vas a quedar? Y me quedo en la casa de mi mamá —dice—, ¿cuál es el problema? Y le digo, la gente que está de la vereda de enfrente no lo ve así. Aparte a mi nieto no le va a faltar nada” (Patricia, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Iglesias Skulj sostiene que “los trabajos disponibles para las mujeres migrantes son fundamentalmente el servicio doméstico, las tareas de cuidado o el trabajo sexual. Todos ellos están caracterizados por ser trabajos desregularizados, privatizados, feminizados, a los que sólo se puede acceder a través de redes más o menos informales de ayuda […] En el caso de las migrantes que se dedican al trabajo sexual se une a los prejuicios étnicos y de clase que, de por sí, ya tienen por su condición de migrantes la sanción de género por razón de su sexualidad descontrolada” (2012:15).

Para analizar la relación entre migración y prostitución estimo necesario pensar como una experiencia intersectada el entrecruzamiento entre la estigmatización/criminalización de la práctica de la prostitución y los constructos étnico-raciales/sexo-genéricos/etarios que construyen valorizaciones en torno a las corporalidades femeninas/feminizadas (al vincular por ejemplo a la mujer afrodescendiente con la disponibilidad sexual o al deserotizar a la mujer con rasgos indígenas)[29] y que en el caso de la variable étnico-racial se anclan en la nacionalidad; éstas caracterizaciones tienen a su vez un impacto en la distribución espacial de dichos cuerpos.

En este sentido, la zona en que se ubica el establecimiento nocturno funciona como indicador de cierto status. “De un boliche te das cuenta por la zona” (Entrevista, abril de 2016). Una de mis entrevistadas me relataba que la primera vez que llegó a un local a través de un aviso en el diario, sito en Liniers “donde creo que cobraban 70 pesos el pase y a vos te quedaban 35. O sea, olvídate y vos veías a las chicas y decías yo no puedo estar acá”. Yo encima toda […] camisita, pollerita, saquito […] y cuando entré ahí dije: “¿cómo salgo?” […] horrible. Viste cuando decís “no”. Mucha luz oscura, no era lo mío”. Y se trasladó a Barrio Norte que “fue el único lugar donde arranqué y dije “faaa”, viste. Luz. Todo blanco, olor a perfume. Impecable el lugar” (Patricia, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

No sólo la territorialidad del establecimiento es símbolo de status sino que a la vez la zona del lugar interviene en la formación del precio del servicio (en las zonas con mayor estatus el precio del servicio es mayor) y éste en el discurso de algunas entrevistadas aparece como un indicador de mejor trato por parte del cliente que accede a esa prostitución más VIP, exclusiva. S relata que:

Cuánto pague el cliente ya te da la pauta, es un filtro. Vos sabés cómo es el cliente. Tiene que ver con varias cosas, pero yo creo que la educación va en pagar poco o pagar mucho. El respeto va en todos lados, pero a veces se mide con eso. Cosa que un cliente que te paga, no sé, dos mil pesos, el trato va a ser diferente a un cliente que te quiere pagar 300, ¿entendés? Eso tiene mucho que ver” (Sol, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

El precio se vincula a la zona pero también al tipo de servicio que se brinda en cada lugar. El siguiente testimonio permite visibilizar las diferencias entre una prostitución más VIP y la prostitución en el espacio público, que a la vez posee un anclaje territorial (Recoleta y Constitución en este caso); su relación con los precios y el vínculo con el varón que paga por el intercambio sexual.

Lo que modifica el tema del cachet es la diferencia que hay en la forma de trabajar porque por ejemplo si yo laburo en un boliche y me voy al hotel del cliente y el cliente quiere que yo me quede a dormir y mañana ir de shopping o todo ese tipo de cosas, es un precio. Si vos vas y le hacés 15 minutos en Constitución es otro precio. Pero eso depende de lo que decida cada uno, si yo tengo ganas de estar con el tipo toda la noche para que mañana me lleve a un shopping o para que me pague toda la noche más el shopping, ¿entendés? Es un precio, pero yo me estoy bancando al tipo toda la noche. La que está en Constitución se lo banca diez minutos (Patricia, Entrevista, Buenos Aires, 2016).

Asimismo, como adelanté más arriba, considero que este constructo (que implica des/valorizaciones) en relación a los cuerpos (racializados), el espacio, los precios; puede leerse como continuidades del proceso de penetración colonial en América, donde la mujer negra ocupaba el lugar de la esclava sexual disponible para el placer del varón blanco; mientras que la mujer indígena fue vinculada a la naturaleza y a la fuerza de trabajo. En esta línea Bidaseca afirma que “la mujer negra es vista como un objeto sexual, fundamentalmente promiscua, un ser erótico cuya función primaria es satisfacer el deseo sexual y la reproducción, siempre lista a la mirada violadora del blanco” (2010: 57).

María Galindo expresa además que “el colonialismo introduce un tipo de contrato sexual[30] para la unión hombre-mujer blancos; otro tipo de contrato sexual paralelo para la relación india-indio; otorga al hombre blanco un doble código de acceso simultáneo a las mujeres blancas y a las indias, pero bajo status diferentes.” (2014:105). El vínculo entre colonialidad y patriarcado ha sido también profundamente trabajado por la antropóloga argentina Rita Segato (2011, 2015), muestra las “continuidades históricas […] dada por la transposición del trabajo no pago de la esclava al trabajo no pago (o mal pago) de la muchacha como madre sustituta” (2015: 185); donde “el “derecho de propiedad […] no es exclusivo del señor y del esclavo, es también un sentimiento edípico de todo niño con relación al territorio entero e indiscriminado del cuerpo materno-infantil” (2015: 199). La objetificación del cuerpo materno como cuerpo de alquiler lleva a Segato a plantear que la “maternidad mercenaria equivale aquí a sexualidad en el mercado de la prostitución, con un impacto definitivo en la psique del infante en lo que respecta a la percepción del cuerpo femenino y del cuerpo no-blanco” (Segato, 2015: 200). Carlos Figari (2009) respecto a la reproducción del patriarcado, en su análisis sobre las eróticas coloniales de Río de Janeiro en los siglos XVII y XVIII, sobre la relación entre los niños blancos y sus amas de leche negra afirma que “Freyre adscribe a una interpretación psicológica […] que ve en la costumbre de las amas de leche negras de amamantar a los sinhozinhos el futuro elemento erotizador por el cual de adultos las preferirían como objetos sexuales” (Figari, 2009: 41, cursivas mías).

Este trabajo pretende contribuir a visibilizar la complejidad de entramados que se ponen en juego al analizar la situación de las mujeres migrantes en ejercicio de la prostitución. Las representaciones de un imaginario erótico que intervienen de modo directo tanto en la segregación y el racismo del mercado laboral como en las posibilidades el ejercicio de la prostitución en particular, jerarquizando corporalidades y construyendo dinámicas, territorios y prácticas más o menos seguros para las mismas.

El avance legislativo, la victimización impulsada por el estado, la intervención punitiva refuerzan de modo indirecto las condiciones de precariedad de las mujeres. El desafío consiste en pensar políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres, que sancionen la explotación sexual; pero que no criminalicen a quienes ejercen la actividad de modo autónomo, asegurando el derecho de las mujeres a circular. El Estado debe trabajar en la prevención con el fin de que ninguna mujer que no lo desee se vea inserta en el mercado del sexo, fortaleciendo derechos; así como en políticas reparatorias destinadas a quienes atraviesan esta experiencia traumática no deseada.

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Varela, C. (2013). “¿Cuáles son las mujeres de esos derechos humanos? Reflexiones a propósito de las perspectivas trafiquistas sobre el mercado del sexo”. En Trata de personas. Buenos Aires: Sociales en debate UBA. pp: 43-53.

Informes, leyes y reglamentos citados

“Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”. (1949).
“Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. (1979).
Informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”, UFASE, 2012.
Ley N° 2894 “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” (2008).
Modificatoria Ley 26.842 para la “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” (2012).
Modificatoria Reglamento Migratorio Vigente Ley N° 25.871.
“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. (2000).

[1] Estas observaciones destinadas al “estar allí” tuvieron una primera etapa en los años 2011 y 2012 y una segunda etapa en los años 2016, 2017 y 2018.

[2] Entendiendo esta forma de entrevista como aquélla que apunta a la biografía del entrevistado apelando “al conjunto de representaciones asociadas a acontecimientos vividos por (él)” (Alonso, 1998 en Marradi et al., 2004: 218). “El entrevistado es un self que relata historias mediadas por su memoria e interpretación personal, y en este sentido, la información que provee no debe apreciarse en términos de veracidad-falsedad, sino como le producto de un individuo en sociedad cuyos relatos deben ser contextualizados y contrastados” (Alonso, 1998 en Marradi et al., 2004: 219).

[3] Ambos términos apelan a la construcción de la identidad de género. Mientras en la transexualidad discrepa la percepción identitaria y el sexo “biológico” asignado, en lo cisgénero coinciden.

[4] Bajtín (1982), Authier-Revuz (1984), Van Dijk (1999), Amossy, (2000), Maingeneau, (2002).

[5] Si bien Magliano (2011) cuestiona las políticas migratorias de la OIM que, sin abandonar el modelo de control y seguridad, al afirmar que fomenta la construcción de una visión negativa de las personas migrantes; los diagnósticos realizados junto a CAREF son de los pocos relevamientos llevados a cabo en el país que recaba información respecto a la conformación demográfica de dicho colectivo. Recuperamos entonces ese dato censal para dar cuenta estadísticamente de los procesos migratorios de este grupo.

[6] Concepto acuñado en Estado Unidos por Diana Pearce (1978).

[7] El concepto de interseccionalidad fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1991 para dar cuenta de las opresiones de las mujeres negras que experimentaban simultáneamente el racismo de los blancos y el sexismo de los varones.

[8] La hipererotización de las corporalidades afro fue tratada por Fanon (1973) para pensar la corporalidad negra, recuperada por el feminismo negro: Lorde (1988), Hooks (2004) y Davis (2005) y analizado por Bidaseca (2010; 2012).

[9] A partir de mi experiencia de campo puedo afirmar que estas dinámicas no fueron exclusivas de la migración dominicana sino que también estuvieron presentes en las trayectorias viajeras de mujeres de otros países, así como de migraciones internas.

[10] Jorge Rafael Videla, genocida que encabezó en nombre del ejército la junta militar que mediante un golpe de estado accedió al poder en 1976, instaurando la sangrienta dictadura cívica-eclesiástica-militar.

[11] La práctica de la prostitución se encuentra legislada de modo indirecto. Si bien no existe una prohibición concreta sobre el ejercicio de dicha actividad (lo que está penado es la explotación sexual ajena), tampoco hay una regulación de la misma. En muchas provincias del país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se legisla el uso del espacio público, ergo la oferta de sexo en dicha espacialidad.

[12] Esta normativa no sólo legisla el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual sino que abarca diversas modalidades de trata de personas como el trabajo esclavo.

[13] Entendido como la explotación sexual ajena, sancionado en Argentina desde 1936 en la Ley de Profilaxis (Ley 12.331, 1936).

[14] El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949), que castiga el proxenetismo anulando el consentimiento de las personas involucradas. Asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Ley 23.179) (1985) que en su artículo 6 estipula que “los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Y más recientemente la adhesión al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2003), que tiene como objetivo establecer medidas de prevención y cooperación internacional frente a dicho delito.

[15] En la ley original se describen los medios comisivos (eliminados de la nueva versión): engaño, fraude, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad, etcétera. Chávez sostiene que en la ley 26.364 (2008) se producen las siguientes secuencias: “Acción + medio comisivo + finalidad= imputación” y “acción + asentamiento víctima + finalidad+ medios comisivos= impunidad”. En cambio, con la modificación de la ley se simplifica la fórmula donde “Acción+ finalidad= imputación”. En el caso de los menores de 18 años, la secuencia establecida por la ley se mantiene en ambas legislaciones “Acción+ finalidad=imputación” (Chávez, 2013: 42).

[16] Para profundizar este abordaje de la sexualidad como mercancía consultar Cobo (2017; 2016).

[17] Unidad Fiscal resistencia en secuestros extorsivos y trata de personas dependiente de la Oficina de Violencia Doméstica, creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

[18] Entendiendo la intervención estatal punitiva en términos de castigo. Como afirma Picasso (2009) “Los juristas que se enrolan en esta corriente entienden que este plus tiene como meta la punición del infractor: “[l]os ‘daños punitivos’ tienen entonces un propósito netamente sancionatorio […] No cabe ninguna duda de que los llamados ‘daños punitivos’, en tanto no tienden a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de castigo y de prevención general, tienen la naturaleza de una pena” ( Picasso, 2009, en Brodsky, 2012: 280).

[19] “Los funcionarios consulares deben verificar la solvencia económica de la persona (demostrable mediante tarjeta de crédito, extracto bancario, título de propiedad o carta del empleador) así como la existencia de una reserva de pasaje aéreo de ida y vuelta y una reserva hotelera o carta de invitación. La carta de invitación la realiza una persona física o jurídica residente en Argentina, según un formato preestablecido” (Consulado Argentino, 2012: 30).

[20] Dirigida a quienes ya residieran en el país y hubieran ingresado legalmente al territorio argentino con anterioridad al 1 de agosto de 2012, momento de puesta en marcha del visado.

[21] A grandes rasgos podría decirse que existen dos ámbitos frecuentes de ejercicio de la prostitución: el espacio público y el espacio privado. Este último puede ejercerse a puertas cerradas en departamentos (donde varias mujeres comparten el espacio), boliches/locales bailables, saunas, clubes. Todas estas modalidades pueden ser objeto de explotación de terceros a través del engaño, el pago de porcentajes, etcétera.

[22] Algunas de las mujeres que se auto-reconocen como trabajadoras sexuales a puertas cerradas describen funcionamientos de departamentos privados “en cooperativa” donde quienes acuerdan llevar adelante este tipo de inserción comparten gastos de alquiler y servicios, no así ganancias propias.

[23] El “encare” implica abordar a los potenciales “clientes”.

[24] Véase Carretero (1998).

[25] AMMAR, la organización sindical que nuclea a mujeres auto-reconocidas como trabajadoras sexuales, nació como respuesta al constante asedio y violencia de la Policía. Empezamos a reunirnos a fines de 1994. En 1995 nos sumamos a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Desde 1997 integramos la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) que tiene como objetivo apoyar y fortalecer a las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en la defensa y promoción de sus derechos humanos. La Red está compuesta por 15 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

[26] En los discursos de las mujeres y los actores involucrados con los que interactué fue frecuente la referencia a la nacionalidad de las mujeres como aglutinador de determinados estereotipos de género y étnico-raciales que simplifican y a la vez universalizan las experiencias de las mujeres.

[27] En el caso de la ciudad de Buenos Aires las mujeres dominicanas en el ejercicio de la prostitución en el espacio público se centran en los barrios de Constitución, Once y Flores.

[28] Para indagar en el análisis discursivo de las representaciones eróticas presentes en los volantes de oferta sexual véase Nuñez Lodwick (2016).

[29] Estas caracterizaciones se deslizan en los trabajos de Canessa (2008), Lugones (2008), Millán (2011) y Paredes (2012).

[30] Véase Carole Pateman (1995).

Maestra en Sociología de la Cultura y Licenciada en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martin (IDAES/UNSAM), Argentina. Actualmente es Doctoranda en Sociología en la misma institución; e integrante del “Programa poscolonialidad, pensamiento fronterizo y transfronterizo en los Estudios Feministas. Líneas de investigación: géneros y sexualidades. Contacto: lucialodwick@yahoo.com.ar.