Segunda época, número 13, enero-junio 2022, pp. 213-216.
Fecha de recepción: 04 de febrero de 2022.
Fecha de aceptación: 30 de abril de 2022.
Autora: Anna Peñuelas Peñarroya.1
Desde mediados del siglo XX grupos familiares de indígenas ngäbe y buglé[1] se desplazan anualmente desde sus comunidades de origen en Panamá hasta áreas agrícolas de Costa Rica para trabajar en la cosecha del café. La llegada de la COVID-19 ha significado un gran cambio en este proceso migratorio y, a pesar de que la pandemia no los ha detenido, en 2020 no sólo se desplazaron muchas menos personas, sino que la mayoría de ellas fueron hombres. Además, los nuevos protocolos migratorios, laborales y de salud establecidos por las autoridades costarricenses a raíz de la crisis sanitaria afectaron su movilidad y estadía en el país. Con base a los cambios observados en la experiencia migratoria del año 2020, este texto propone reflexionar sobre el impacto que ha tenido y puede tener la pandemia en la movilidad laboral transfronteriza de estas poblaciones indígenas, contribuyendo a entender cómo estos flujos de personas se ven afectados por los cambios globales.
Cada año miles de familias indígenas ngäbe y buglé[2] de Panamá emprenden una ruta escalonada siguiendo el proceso de maduración del fruto del café hacia diferentes localidades de Costa Rica, principalmente en Coto Brus (entre los meses de septiembre y diciembre) y en Los Santos (entre los meses de diciembre y marzo), para incorporarse en el mercado laboral cafetalero del país vecino. Si bien el motivo central de la migración es el empleo y la mejora del salario, no sólo se trata de una cuestión económica y laboral, sino que las razones son multidimensionales, y factores como las relaciones familiares entre grupos de ambos países, la búsqueda de nuevas oportunidades por parte de los jóvenes y mejoras potenciales en cuestiones de salud y educación, juegan un papel importante (Fernández, 2012).
Para el sector cafetalero de Costa Rica, los ngäbe y buglé son una población laboral muy atractiva para suplir las vacantes de mano de obra de la región causadas por el histórico desplazamiento laboral local y el crecimiento de las industrias en los años 1990, pues son reconocidos por su maestría en la recolección del café. No obstante, también los prefieren antes que otros trabajadores de otras etnias o nacionalidades que pueden trabajar en lo mismo por tratarse de trabajadores no calificados, en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y jurídica, y pertenecientes a un sistema sociocultural y lingüístico diferente, lo que en muchos casos implica que no conozcan sus derechos y/o no los exijan (Gómez Rojas, 2013; Idiáquez, 2013; Morales et al., 2014).
Históricamente, su movilidad transfronteriza se ha dado de forma irregular, en condiciones que no garantizan su seguridad jurídica y con ello tampoco sus derechos laborales ni el acceso a los servicios sociales. Además, los empresarios cafetaleros no reconocen la relación laboral con los recolectores, lo cual impide a éstos últimos recurrir a los beneficios vinculados a una contratación laboral como el acceso a un seguro de salud (Gómez Rojas, 2013; Morales et al., 2014). Por si fuera poco, sus lugares de hospedaje suelen encontrarse aislados y lejos de tiendas y servicios, y en algunos casos se trata de estructuras improvisadas en mal estado y con acceso limitado o inadecuado a servicios básicos (Fernández, 2012; Loría, 2012; Loría et al., 2008; Morales et al., 2014).
Si bien las condiciones de trabajo y vivienda han mejorado mucho en los últimos años, siguen en desventaja con respecto al resto de los trabajadores nacionales y de otros trabajadores transfronterizos como los nicaragüenses. En este sentido, la población indígena móvil sufre desigualdad no sólo por ser migrantes y trabajadores pobres sino también por su condición étnica, de modo que a las tradicionales formas de segmentación del mercado laboral —como las divisiones de género— se suman diferenciaciones entre migrantes y no migrantes o entre distintos tipos de migrantes según su etnia. Esta segmentación étnica —etnización del trabajo (Cfr. Bourgois, 1989)— conlleva varias desigualdades, sobre todo jerárquicas y salariales: los trabajadores nacionales reciben el mejor salario y tienen los cargos de mayor rango mientras que los indígenas ngäbe y buglé pertenecen al escalafón más bajo de la jerarquía laboral desarrollando las tareas más difíciles y riesgosas, cobrando salarios a veces irrisorios (Fernández, 2011; Idiáquez, 2013).
Los trabajadores indígenas son conscientes de estas diferencias, pero aun así consideran que el trato recibido es bueno si lo comparan con el de Panamá. Además, es importante señalar que el abuso no es generalizado y muchos cafetaleros les atienden muy bien y colaboran con proyectos a favor de la salud y de la niñez (Idiáquez, 2013; Morales et al., 2014), como por ejemplo la iniciativa de las Casas de la Alegría, un proyecto que se encarga de atender a los hijos de los trabajadores indígenas mientras estos trabajan en los cafetales.
A pesar de los retos y dificultades que suponía el nuevo contexto pandémico para la movilidad en general y la transnacional en particular, en 2020, en plena crisis sanitaria, los ngäbe y buglé de Panamá también dejaron sus comunidades para ir a trabajar en la cosecha del café en el país vecino. Ante la importancia económica de la producción cafetalera en Costa Rica, y teniendo en cuenta el significativo porcentaje que representan los trabajadores indígenas migrantes para el sector, gobierno, instituciones públicas como el Instituto del café de Costa Rica (ICAFE) y organizaciones no gubernamentales como Hands for Health, trabajaron exhaustivamente para establecer nuevos protocolos migratorios y sanitarios específicos para la población indígena panameña con el fin de que su ingreso y circulación dentro del país pudiese llevarse a cabo.
Por consiguiente, no se impidió la entrada de la población indígena móvil, pero se regularizó, pues a diferencia de años anteriores los trabajadores indígenas tuvieron que sacarse un documento de identidad que acreditara su condición migratoria y se exigió a los empresarios cafetaleros que todos sus trabajadores hubieran pasado por los puestos migratorios. Para facilitar esta regularización se eximió el pago de $30 colones costarricenses que anteriormente costaba la obtención de dicho carnet y se estableció que los caficultores debían ir a la frontera a buscar a los grupos que trabajarían en sus fincas para garantizar un traslado seguro y dar fe de que serían sus empleados. Además, los cafetaleros debieron sacarse una “cédula cafetalera”, un nuevo documento emitido por el ICAFE destinado a identificar y representar al productor de café, y que entre otras cosas permitía garantizar el desplazamiento y trazabilidad segura de la mano de obra recolectora de café durante la cosecha. Asimismo, se solicitó a los propietarios de las fincas que hicieran mejoras en los albergues, pues las deficiencias físico-sanitarias de algunos podían contribuir al contagio del virus. Para ello, las cooperativas ayudaron y asesoraron a los productores, y personal capacitado realizó inspecciones en las fincas para orientarlos de las mejoras que debían realizar.
Respecto a los aspectos sanitarios, se reclamó a los indígenas migrantes estar en posesión de un carnet sanitario binacional, emitido por las autoridades sanitarias panameñas al certificar su condición médica y verificado en la frontera durante el ingreso. Además, en los puestos sanitarios de la frontera se les proporcionaron kits con mascarilla, jabón en barra, alcohol en gel, jabón líquido y merienda, y se les recibió con los llamados asesores culturales, hombres y mujeres ngäbe que habían sido capacitados en materia sanitaria y que ayudaban y explicaban las medidas y protocolos sanitarios a los indígenas que llegaban al país.
No obstante, la situación pandémica aceleró la culminación de un modelo de aseguramiento de los trabajadores recolectores de café, nacionales y extranjeros, que se había estado gestando los últimos años. Por ende, los trabajadores indígenas ngäbe y buglé —y sus familiares directos— que ingresaron al país para trabajar en las labores de cosecha, y todavía no estar contratados, pudieron disponer de todos los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, desde Costa Rica se recomendó que no viajaran niños, niñas ni mujeres embarazadas en miras a la prevención y al temor de no poder atenderlos en buenas condiciones en los hospitales por la predominancia de pacientes COVID-19. Esta advertencia, sumada al llamamiento de las autoridades de la Comarca en Panamá pidiendo que las mujeres se quedaran en casa cuidando de los hijos y de las personas vulnerables, fueron posiblemente las causas de la gran disminución de la migración femenina e infantil. Si bien en años anteriores migraba toda la familia y llegaban muchos niños y niñas, los registros de los puestos de salud fronterizos mostraron una disminución drástica del número de menores, así como una reducción en el número de mujeres. Este descenso de la población infantil hizo que muy pocas de las mencionadas Casas de la Alegría abrieran para recibirlos, lo que a la vez comportó que los pocos niños y niñas que llegaron pasaran el día en los cafetales.
Este caso evidencia la incertidumbre y las interrogantes que ha generado la irrupción del virus SARS COV 2 que provoca la enfermedad de la COVID-19 con respecto a la circulación de personas en general y la transnacional en particular, y, por consiguiente, la necesidad de seguir estudiando etnográficamente las lógicas de la movilidad humana para conocer cómo evolucionarán los cambios originados por la pandemia y qué impacto tendrá ésta en los procesos migratorios globales.
La cuestión principal con respecto a la movilidad de los ngäbe y buglé entre Panamá y Costa Rica es si seguirán desplazándose en las siguientes cosechas. Como se comprobó en el año 2020, es muy difícil que estos movimientos transfronterizos se detengan, pues se han establecido como algo frecuente, regular y constante en las últimas décadas, y de ellos dependen miles de familias indígenas, así como la producción cafetalera de Costa Rica. Sin embargo, ¿cambiarán los patrones de movilidad? Históricamente los ngäbe y buglé se desplazan de forma colectiva en conglomerados familiares y muchos expresaron el dolor que supuso dejar a sus mujeres e hijos en casa. Asimismo, recalcan la necesidad de desplazarse con ellos, pues consideran importante que toda la familia trabaje junta en los cafetales para que pueda darse la transmisión intergeneracional del conocimiento, ya que es entonces cuando se enseña a los más pequeños la recolección del café en miras a que puedan vivir de esto en el futuro. Con todo, es preciso analizar la perpetuidad de las pautas de desplazamiento en los próximos años y si la separación familiar observada en 2020 tendrá continuidad, para poder evaluar el impacto en las relaciones de género y los roles de los hombres y mujeres en la familia, así como en las relaciones intrafamiliares e intergeneracionales de la población en movilidad.
Adicionalmente, debemos cuestionarnos la prosecución e incidencia de la agenda política en la atención de estas poblaciones indígenas en movilidad, al igual que de la implicación de los empresarios cafetaleros. Mientras que la pandemia potenció un cambio en las políticas migratorias y en las condiciones de trabajo y de salud que a priori favoreció tanto a los trabajadores indígenas panameños como al sector cafetalero, las medidas desarrolladas y establecidas durante los últimos años para regular la situación laboral, y simplificar los trámites de entrada al país habían tenido un escaso nivel de éxito (Morales et al., 2014). En la misma línea, a raíz de la pandemia los empresarios cafetaleros —quienes dependen económicamente de la mano de obra indígena migrante— se implicaron y colaboraron más en el proceso migratorio para que este pudiese llevarse a cabo. Por esta razón, examinar la evolución de la implicación del Estado y de las élites económicas será crucial para entender las futuras relaciones entre estos grupos y la población indígena en movilidad, así como las condiciones laborales y de vida que tendrá ésta en los próximos años en Costa Rica.
Por todo lo expuesto, es fundamental estudiar la continuidad de los cambios generados por la pandemia de COVID-19 con el fin de entender si las circunstancias vividas se trataron de un paréntesis coyuntural o si, por el contrario, implicarán cambios estructurales que se perpetuarán en el tiempo. Analizar la evolución de los protocolos migratorios, laborales y sanitarios y estudiar las lógicas de la movilidad humana desde una perspectiva etnográfica que tenga en cuenta la experiencia de los indígenas móviles y la voz de otros actores implicados, permitirá una mejor comprensión del impacto de las crisis sanitarias, así como de otros fenómenos globales en la movilidad humana a nivel mundial.
Referencias bibliográficas
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- Young, P. D. (1971). Ngawbe. Tradition and Change among the Western Guaymi of Panamá. Urbana: University of Illinois Press.
[1] El pueblo ngäbe es el pueblo indígena más numeroso en población de Panamá, y en 2010 representaba 62,3% de la población indígena del país, mientras que el pueblo buglé es más pequeño y representa 6% de los indígenas del país (INEC, 2010). A pesar de que durante mucho tiempo los ngäbe y los buglé fueron agrupados bajo el nombre genérico de guaymies, muchos autores han mostrado la heterogeneidad existente en el interior de este grupo (Cooke, 1982; Torres de Araúz, 1980; Wassen 1963; Young, 1971). Y, teniendo en cuenta los procesos de autoidentificación, actualmente se considera a los ngäbe y a los buglé dos pueblos indígenas diferentes. No obstante, están profundamente interrelacionados, viven en el mismo territorio, la Comarca Ngäbe-Buglé (Barrantes, 1993; Constenla, 1991; Idiáquez, 2013; Morales et al., 2014).
[2] Si bien no hay datos exactos de la población indígena móvil que ingresa cada año en el país, se calcula que aproximadamente entre 15 000 y 20 000 indígenas ngäbe y buglé realizan esta ruta todos los años (Cortez-Sosa y Méndez-Coto, 2015; Gómez Rojas, 2013; Idiáquez, 2013; Mondol, 2018; Morales et al., 2014; Subinas, 2018).
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Española. Magíster en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (FLACSO), Ecuador. Actualmente doctoranda en Antropología Social en la Universidad de Barcelona (UB), España, dentro del Grupo de Investigación sobre Culturas Indígenas y Afroamericanas (CINAF) del Departamento de Antropología Social de la misma institución. Líneas de investigación: etnografía de los pueblos indígenas ngäbe y buglé, (in)movilidades, género y comunicación. Contacto: apenuelas@ub.edu.