Formas estatales reconfiguradas: la intervención a poblaciones migrantes en tránsito irregularizado por Tenosique, Tabasco, México

Primera época, número 10, julio-diciembre 2020, pp. 242-264.

Fecha de recepción: 15 de abril de 2020.
Fecha de aceptación: 23 de junio de 2020.

Autora: Marisol Pérez Díaz.1

Resumen

El neoliberalismo ha obligado a repensar al Estado. Estamos ante un “Estado ampliado”, aludiendo a la dispersión de las funciones estatales a través de diferentes actores —organismos supranacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales e incluso bandas y grupos criminales— que construyen, detentan, ejercen y difunden el poder en toda la sociedad y, por ende, en los procesos migratorios. En este trabajo se pretenden mostrar las reconfiguraciones de lo estatal, propias del neoliberalismo, en el marco de las migraciones irregularizadas que transitan por Tenosique, Tabasco, México. No sólo se analiza la intervención a la población migrante en tránsito a través de las instituciones y políticas públicas estatales, sino que, además, se evidencia que existen otros actores que despliegan prácticas en las que se expresan efectos estatales como formas reconfiguradas propias del neoliberalismo.

Palabras clave: migración irregularizada, Estado ampliado, intervención, neoliberalismo, Tenosique.

Reconfigured state forms: the intervention to migrant populations in irregular transit through Tenosique, Tabasco, Mexico

Abstract

Neoliberalism has forced to rethink the state. This is an «expanded State», alluding to the dispersion of State functions through different actors —supranational bodies, non-governmental organizations, transnational corporations and even criminal gangs and groups— that build, hold, exercise and disseminate power throughout society and thus in migration processes. In this work, it is intended to show the reconfigurations of the State, typical of neoliberalism, in the framework of irregularized migrations that pass through Tenosique, Tabasco, Mexico. Not only is it a view of intervention to the migrant population in transit through state public institutions and policies, but it is also clear that other actors deploy practices that express State effects as reconfigured forms of neoliberalism.

Keywords: irregular migration, expanded State, intervention, neoliberalism, Tenosique.

Introducción

La expansión y la consolidación del neoliberalismo ha obligado a repensar al Estado (Gupta y Sharma, 2006). Ante la reorganización a nivel transnacional, los Estados han presentado desafíos relacionados con el ejercicio de su soberanía, los que se han intensificado a partir del surgimiento y la proliferación de instituciones “cuasi estatales” —instituciones sociales, organismos supranacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales e individuos— con las que comparten la regulación de la economía, los territorios y las poblaciones, sin que ello se haya traducido en la desaparición del control por parte de los Estados nacionales.

La soberanía, afirman Gupta y Sharma (2006), ya no es vista como único ámbito o “derecho” del Estado moderno, sino que está parcialmente separada del Estado-nación y puede estar compartida con otros actores. Estamos ante lo que Trouillot (2011) define como Estado “ampliado”, idea que alude a la dispersión de los procesos de legitimación del poder que han sido transferidos por el Estado a diferentes actores que también construyen, detentan, ejercen y difunden el poder en toda la sociedad. Lo anterior, permite desmontar la idea del Estado como la máxima sede del poder y, a la vez, examinar las redes institucionales y sociales dispersas a través de las cuales se coordinan y consolidan la norma y los roles que las instituciones, las comunidades y los individuos no estatales juegan en los procesos, no de gobierno sino de gubernamentalidad (Fraser, 2003; Gupta y Sharma 2011; Mezzadra y Neilson, 2013). La gubernamentalidad, en la globalización neoliberal, está posibilitando un nuevo aparato regulatorio en múltiples capas, “en el cual el Estado nacional no es sino sólo un nivel entre otros” (Fraser, 2003: 28). Es decir, lo que está surgiendo, es un nuevo tipo de estructura regulatoria en donde el ordenamiento nacional se está descentralizando, en tanto sus mecanismos regulatorios se articulan con aquéllos ubicados en otros niveles (locales, regionales e internacionales).

En este sentido, en vez de asumir que los Estados son titulares supremos del poder exclusivamente para dominar y gobernar, podemos entender cómo se ejerce el poder en la sociedad actual a través de diversas relaciones sociales, instituciones y mecanismos que no se ajustan directamente a la idea “clásica” del Estado (Agudo, Estrada y Braig, 2017). Desde esa perspectiva, el Estado aparece como un campo abierto con múltiples fronteras, sin ser el único contenedor natural de las poblaciones o de las prácticas que las define. El problema radica en que, esta forma de gubernamentalidad desencadena una serie de acciones y reacciones que son difíciles de explicar dentro de las tipologías existentes de poder soberano y gubernamental que se desprende del Estado (Mezzadra y Neilson, 2013).

Este trabajo tiene como objetivo mostrar las diferentes y nuevas “configuraciones” de lo estatal en el marco de las corrientes migratorias irregularizadas[1] que transitan por México, en específico, aquéllas que transitan por Tenosique, Tabasco. En este sentido, no sólo se analiza la intervención del Estado a través de las instituciones y políticas públicas, sino que, además, se evidencia que existen otros actores que despliegan prácticas en las que se expresan efectos estatales “ampliados” tales como los organismos intergubernamentales, la denominada sociedad civil o incluso, las bandas y grupos criminales; entendidas como formas estatales reconfiguradas propias del neoliberalismo (Agudo, 2017).

En primer lugar, se hace un recuento del papel de México como país que, a través de la implementación de políticas que oscilan paradójicamente entre el binomio permitir-restringir, interviene poblaciones migrantes de origen centroamericano en tránsito hacia Estados Unidos. Posteriormente, tomando en cuenta que, tras la expansión y consolidación del neoliberalismo la estructura regulatoria nacional se está articulando con mecanismos regulatorios ubicados en otros niveles (locales, regionales e internacionales), se alude a dos facetas del Estado “ampliado” que intervienen a las poblaciones migrantes en su tránsito por Tenosique, Tabasco, México. Por un lado, la intervención por parte de las agencias intergubernamentales y la sociedad civil. Por otro, los grupos y bandas criminales en la dominación y gestión de estas poblaciones migrantes irregularizadas.

El Estado mexicano y sus políticas de intervención a la migración irregularizada proveniente de Centroamérica

La migración entre los países centroamericanos y México tiene una larga data histórica, compuesta de flujos que han oscilado de manera intermitente entre la regularidad y la irregularidad (Castillo, 2010).[2] Regular estas poblaciones ha sido un tema importante dentro de la política nacional y la agenda regional, por lo que, tras el aumento de los flujos irregularizados en las últimas décadas, se ha avivado el rediseño de políticas migratorias más restrictivas. Estas políticas, herencia de medidas prohibitivas y violentas, se hicieron más visibles a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (también conocidos como atentados del 9/11). Aunado a esto, dichas políticas han permitido evidenciar que existen otros actores que despliegan prácticas de gestión más allá de los Estados-nacionales.

En México, los dispositivos de contención de la migración irregularizada de origen centroamericano se han venido construyendo desde inicio de los años 1980. Con la puesta en marcha del Plan Chiapas, el control fronterizo se volvió más agresivo y el gobierno pudo enviar agentes migratorios a vigilar la frontera Chiapaneca (París, 2017).[3] Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), ante los acuerdos para crear lo que en 1994 sería el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), el Estado mexicano reformó y adicionó varios artículos de la Ley General de Población, destacando aquellos relacionados con las calidades migratorias de los extranjeros.[4] De esta primera reforma sobresale el cambio al apartado III del artículo 42 sobre la calidad de visitante, en el que se conceden prórrogas de permisos de estancia a aquellos visitantes con intención de invertir en el país.

Con estas primeras reformas y adiciones a la Ley de Población de 1974, se observa la puesta en marcha de medidas contradictorias y selectivas por parte del Estado mexicano con respecto a la intervención de poblaciones migrantes. Por un lado, se observan procesos de militarización con respecto a la migración irregularizada, sobre todo aquéllos diseñados para el control de poblaciones de origen guatemalteco, mayoritariamente asentadas en la frontera entre Chiapas y Guatemala. En muchos casos los migrantes fueron criminalizados tras vinculárseles con las bandas y grupos criminales y el incremento del tráfico de estupefacientes en la zona (Castillo, 2010; Galemba, 2017). Por otro lado, se establecieron cláusulas que alentaron la movilidad de “visitantes inversionistas”, sobre todo originarios de Estados Unidos, Canadá, Europa y, en menor medida, de centroamericanos.

Después de la culminación de las negociaciones de paz en Centroamérica, el Estado mexicano impulsó iniciativas de cooperación con algunos países de la región con la finalidad de crear mecanismos para la integración y el desarrollo compartido. La Cumbre Tuxtla de 1991, aún vigente, si bien no es una iniciativa relacionada de manera directa con la intervención de la migración, ha servido para justificar medidas restrictivas. Ésta destaca por ser una de las primeras iniciativas que planteó dinámicas de securitización en la región.

Tras el aumento de los flujos migratorios centroamericanos, que se estaban sumando a la creciente migración irregularizada de mexicanos, se incrementó la preocupación de Estados Unidos por preservar su seguridad obligando a México a generar medidas severas para contener estos flujos no autorizados (París, 2017). La Ley General de Población sufrió otra reforma en 1992, en la que destacaba la puesta en marcha de dos instrumentos para registrar a las personas residentes del país —Clave Única de Registro de Población y la Cédula de Identidad Ciudadana. Aunque en aquella época la no portación de la Cédula de Identificación no significaba sanción, representó una de las primeras estrategias a través de las cuales el gobierno mexicano criminalizaría la migración irregularizada. Aunado a lo anterior, en 1993, por Decreto de Ley, se crea el Instituto Nacional de Migración (INM) (París, 2017: 89-90).

En 1996, las reformas a la Ley de Población se vuelven más puntuales y punitivas, especificando que cualquier trámite de internación, estancia y salida de extranjeros debía cumplir con los permisos solicitados por el INM (París, 2017). También se adicionó un capítulo sobre el procedimiento de verificación y vigilancia migratoria, mismo que recaía sobre la autoridad migratoria. Con lo anterior se sientan los precedentes legales para las acciones de aseguramiento, custodia provisional y expulsión de extranjeros en condición irregularizada por parte de los agentes del INM. Dicha reforma, además, categorizó a la migración no autorizada como delito, fomentando la figura de extranjero indeseable.

A la par de las reformas a la Ley de Población, el gobierno mexicano estableció una serie de acuerdos de cooperación económica con países centroamericanos (Cumbre Tuxtla). Lo anterior, sirvió como preámbulo para la concreción de una serie de iniciativas que se desarrollaron a inicios del nuevo siglo. Hasta ese momento, parecía que la gestión de estas poblaciones recaía sólo en el poder soberano del Estado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se visibilizara la intervención sobre las poblaciones migrantes a través de mecanismos que incentivaban la cooperación y el desarrollo, por ende, a través de otros actores más allá del Estado. En este tenor, en 2001 se desarrolló la iniciativa conocida como Plan Puebla-Panamá (PPP). Dicha iniciativa promovía la integración económica y de explotación de recursos entre los países de Centroamérica y nueve estados de la región del sur-sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) (Presidencia de México, 2001). Con respecto a la migración, el PPP representó dos cosas: por un lado, una iniciativa a través de la cual se generaron procesos de despojo y expulsión de poblaciones, que a su vez propiciaron procesos migratorios sobre todo de tipo irregularizado. Por otro, al igual que la Cumbre Tuxtla, restringió de manera violenta los flujos migratorios, camuflada tras una iniciativa de cooperación y desarrollo.

Tras los atentados del 9/11, Estados Unidos crea una serie de iniciativas más estrictas en materia migratoria, que no solamente se implementarían en territorio estadounidense bajo el supuesto de que, por alguna de sus fronteras, principalmente la sur, podrían entrar amenazas a su seguridad. Es así como el territorio mexicano se vuelve el espacio ideal para contener todo aquello que despertara sospecha de amenazas en Estados Unidos, es decir, un espacio de externalización. La producción de espacios de externalización migratoria —control fronterizo y sus tecnologías desplazadas más allá de los límites territoriales de los espacios políticos formalmente unificados— busca, desde entonces, contener la migración, sobre todo aquélla de tipo irregularizada (Mezzadra y Neilson, 2013). Si bien, en un primer momento el control de las poblaciones migrantes en los espacios de externalización recaía exclusivamente en las políticas impuestas por los Estados-nacionales, con la globalización neoliberal se puede observar que estas prácticas se dispersaron entre diversas entidades.

A partir de esto, México se convierte en una zona tapón para contener a las poblaciones no deseadas para Estados Unidos a través de políticas mucho más restrictivas (Álvarez, 2016). Al respecto, según el Boletín Estadístico 2002 del INM, entre enero y diciembre de 2001 se registraron 150,061 aseguramientos de los cuales 44.9% eran personas provenientes de Guatemala, 26.6% de Honduras y 23.3% de El Salvador, mientras que el resto pertenecían a países como Ecuador, Nicaragua, Brasil, Cuba, entre otros (INM, 2002: 35). Esto evidencia que la restricción migratoria de centroamericanos hacia Estados Unidos inicia operando desde México. Como parte de estas iniciativas, entre 2000 y 2010 se instalaron la mayoría de las Estaciones Migratorias que hasta hoy están en función, entre éstas, la Estación Migratoria de Tenosique (CNDH, 2019). Además, entre 2003 y 2004, en la frontera entre México y Guatemala, se construyeron cuatro cruces fronterizos formales, adicionales a los cuatro existentes, uno de éstos fue el cruce fronterizo del Ceibo, Tabasco (SRE, 2013).

Hasta mediados de 2005, la mayoría de las iniciativas de securitización se habían desplegado en la frontera entre Guatemala y Chiapas, pues había sido la puerta de entrada de los migrantes centroamericanos a México.[5] En octubre de ese mismo año, las rutas de entrada de los centroamericanos se diversificaron tras los daños causados por el huracán Stan a las vías del tren del tramo costero, por lo que, la frontera entre Guatemala y Tabasco se volvió un punto de ingreso de los migrantes centroamericanos por dos razones: en primer lugar, acortar el recorrido, la distancia entre la frontera y la primera estación del tren (situada a 53 kilómetros) era menor en comparación con la que había entre los puntos fronterizos de Ciudad Hidalgo o Tapachula y Arriaga, lugar donde se encontraba la estación de tren más próxima. Una segunda razón se relaciona con el hecho de que, a finales de 2005, cruzar y transitar por Tabasco implicaba menos riesgos (Martínez, Cobo y Narváez, 2015). Derivado de estos cambios, las áreas de El Ceibo-Tenosique (66 kilómetros) y El Naranjo-Tenosique (54 kilómetros) se volvieron parte de los itinerarios de los migrantes procedentes de Centroamérica, África y Haití (vía Brasil). En ambas rutas, la que inicia en Chiapas y la que inicia en Tenosique, se encuentran corredores ferroviarios que han servido y siguen sirviendo a las personas migrantes para transitar por México, pese a la criminalización (Hernández, 2016).

En 2007, bajo el argumento de desarticular a los grupos delictivos del crimen organizado que ya habían aumentado en la región y de frenar la violencia asociada, que ya causaba problemas de seguridad en Estados Unidos, el gobierno de ese país, en asociación con el de México, crearon la Iniciativa Mérida. Si bien esta iniciativa no tenía un corte migratorio, al igual que sus antecesoras, en poco tiempo se convirtió en uno de los referentes más importantes de restricción (París, 2017: 100).

Dominado por esta lógica, en abril de 2008, el Congreso mexicano aprobó de manera unánime otra reforma a la Ley de Población de 1974, la cual enfatizaba la criminalización de la internación de personas irregularizadas y de personas con permanencia en el país después de que su visa hubiera expirado.[6] En ese mismo año, México inició un nuevo programa de visas biométricas para trabajadores agrícolas temporales de Guatemala y Belice. Este programa incluía permisos laborales para los trabajadores agrícolas, válidos por un año en los estados fronterizos de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, con ello la economía de la región se benefició de una mano de obra barata, disciplinada y no libre. También se dieron visas para otros sectores de la economía y para visitantes de ciertas regiones fronterizas de Guatemala —Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL)—, a quienes se les permitía visitar poblaciones fronterizas hasta por tres días (González-Murphy y Koslowski, 2011).

Tras la masacre de 72 migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, sucedida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, el Senado mexicano aprobó la reforma al Artículo 67 de la Ley General de Población en septiembre del mismo año. De acuerdo con esta reforma, tanto los migrantes regularizados como los irregularizados tenían derecho a reportar abusos contra sus derechos humanos y recibir atención médica sin temer a deportaciones por las autoridades migratorias.

En 2011 se hacen dos modificaciones importantes en materia migratoria: en enero, se creó la Ley sobre refugiados y protección complementaria y en mayo la Ley de Migración, ambas iniciativas independientes de la Ley de Población (París, 2017: 98). La Ley sobre refugiados y protección complementaria marca las pautas para regular la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, y establece las bases para la atención y asistencia a los refugiados que se encuentran en territorio nacional. En lo que respecta a la Ley de migración, ésta marca las pautas para regular la movilidad de las personas, tomando en cuenta los momentos de la entrada y estancia de los extranjeros, el tránsito y parte de la emigración y el retorno de emigrantes (París, 2017).

En esta misma deriva regulatoria, en 2014, se pone en marcha el Programa Frontera Sur, promocionado como un programa de protección a migrantes que cruzan el país con la intención de llegar a Estados Unidos (París, 2017: 106). Sin embargo, pocos meses después de ser puesto en marcha evidenció que más que ser un programa de protección era una iniciativa de securitización que criminalizaba la migración no autorizada. Las acciones punitivas del Programa Frontera Sur están enmascaradas tras los objetivos. Bajo la lógica de medidas preventivas, este programa ha implementado el monitoreo y patrullaje en las vías e instalaciones ferroviarias, lo que ha incrementado el número de detenciones. También se puso en marcha la emisión de tarjetas de residente regional, con lo que se ha podido monitorear a un grueso importante de la población migrante. Otra de las supuestas iniciativas que se han echado a andar tras Frontera Sur, ha sido el fortalecimiento de las líneas de investigación e inteligencia que, supuestamente, previenen delitos contra migrantes. Asimismo, se han promovido e implementado fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes a cargo de ministerios públicos especializados.

Las prácticas del Estado mexicano que regulan la migración centroamericana se despliegan en dos sentidos, por un lado, se busca restringir los flujos a través de políticas de “tolerancia cero” y, por otro, se crean grietas legales, enmarcadas en la propia legislación, como es el caso del otorgamiento de la condición de refugiado, que permite la entrada de ciertos grupos poblacionales y su gestión, a través de actores internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o de actores locales como albergues. La implementación de estas políticas restrictivas, acordadas entre Estados Unidos, México y Centroamérica, con apoyo de actores regionales e internacionales, confirma la idea de externalización del Estado mexicano.

La intervención a la migración irregularizada más allá del Estado: Sociedad Civil y Organizaciones Intergubernamentales en Tenosique, Tabasco

Las fronteras son sitios donde entran en juego múltiples actores, más allá del Estado (Mezzadra y Neilson, 2013). Tenosique, resulta ser uno de estos espacios fronterizos donde convergen múltiples actores que intervienen en la gestión de poblaciones migrantes. Aparte de la intervención del Estado[7] —a través de políticas e instituciones como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Fiscalía Especial para Migrantes— en Tenosique convergen otros niveles de gubernamentalidad.[8]

Tenosique desde 1947, año en el que empezó a funcionar el tren de pasajeros, comenzó a ser un espacio de auge natural de migrantes.[9] En las primeras décadas, el municipio no tenía un importante flujo migratorio, sin embargo, a mediados de la década de 1990, tras la inestabilidad político-económica en Centroamérica, se observó un aumento en la llegada de migrantes irregularizados. En respuesta a las necesidades que presentaban los migrantes centroamericanos que transitaban por Tenosique, un grupo de frailes franciscanos, pertenecientes a la Provincia de “San Felipe de Jesús”, iniciaron un proyecto de hospedaje temporal, en la parroquia a su cargo (La 72, 2016).

Durante la primera década del siglo XXI, los flujos de migrantes por Tenosique siguieron en aumento, producto de la inestabilidad en Centroamérica, de la implementación de medidas de securitización en las fronteras, de la diversificación de las rutas migratorias y del aumento de la violencia. Buscando responder a las necesidades de esta población migrante, fue que, tanto organizaciones civiles, nacionales e internacionales, como organizaciones intergubernamentales se establecieron en Tenosique.

En abril de 2011, el aumento de la violencia perpetrada contra los migrantes en la zona, llevó a que la labor de hospedaje temporal que los frailes franciscanos habían comenzado años atrás se institucionalizará, dando inició al trabajo de “La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes”. “La 72” es un albergue donde se ofrecen hospedaje, comida y asesoría legal a migrantes centroamericanos que buscan cruzar por México para llegar a Estados Unidos. El albergue fue bautizado como “La 72” en memoria de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 (La 72, 2016).

Antes de “La 72”, las organizaciones civiles y las organizaciones intergubernamentales no figuraban en la cotidianidad de Tenosique. Cruz Roja Internacional fue la primera organización intergubernamental en llegar al municipio (2012) con un programa de atención a migrantes que ejecutaba la Cruz Roja Mexicana.[10] En 2015, a partir del aumento de las solicitudes de refugio, aparecen en Tenosique: Asylum Access (asesoría legal),[11] Médicos Sin Fronteras, la Organización Internacional para las migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).[12]

Dentro de “La 72” se realizan diversas actividades y se ofrecen varios servicios. Las actividades “sencillas”, son realizadas por los voluntarios de corta estancia (por ejemplo, registrar a las personas migrantes en la base de datos, atender la enfermería o la sala de comunicaciones, ir por las tortillas para la comida o recoger las donaciones, entre otras). Las actividades “especializadas” son llevadas a cabo por el grupo de trabajo permanente y por voluntarios de larga estancia. Las actividades que desempeña este grupo (asesoría y acompañamiento legal; talleres y pláticas informativas sobre temas diversos; recaudación de fondos; responsables de módulos, entre otras) están divididas en cinco áreas: 1) asistencia humanitaria; 2) cambio estructural; 3) derechos humanos y gestión migratoria; 4) grupos vulnerables; y 5) techo, trabajo y tierra. “La 72”, además, cuenta con el apoyo de Médicos Sin Fronteras[13] y Asylum Access que tienen asignado un espacio físico dentro del albergue, donde prestan sus servicios. De manera intermitente, apoya una unidad móvil de la Cruz Roja, que se aparca en las afueras de “La 72”. Los días lunes, personal del ACNUR acude al albergue para dar asesorías sobre los trámites para la obtención de la condición de refugiado.

La intervención de los Organismos Intergubernamentales (ACNUR y OIM) y de las Organizaciones No Gubernamentales nacionales (albergues y casas de migrante) e internacionales (Médicos Sin Fronteras, Asylum Access, entre otras) en las disposiciones relacionadas con la migración irregularizada no se hubiera podido dar sin la armonización, en 2011, de la legislación nacional con la internacional. Al respecto, Mezzadra y Neilson plantean que, se está fabricando el “derecho a la intervención humanitaria” (2013: 170). En este sentido, se hace referencia a un derecho estatal liberado de la soberanía, donde los Estados, a través de la creación de vínculos con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y con ideas y principios como ciudadanía universal y respeto a derechos humanos, diseñan los marcos para justificar, no sólo las intervenciones militares o policiacas en las medidas humanitarias, sino, además, el diseño y la implementación de políticas más restrictivas, tal como se evidenció en el apartado anterior.

Las alianzas entre las agencias estatales, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales están despolitizando las políticas migratorias, permitiendo que los Estados justifiquen sus iniciativas, incluso intervencionistas, como humanitarias. Todo se hace a favor de la causa de un bien nacional común, por lo que todos estos actores son vistos como la “cara humanitaria” en la migración (Mezzadra y Neilson, 2013; Comaroff y Comaroff, 2009).

Lo que se deja de lado, es que tras estas prácticas se diseñan una serie de reglamentos, acuerdos y mandatos que filtran poblaciones.[14] Esto ha dado como resultado que se creen nuevas formas de estratificación que categorizan a la población migrante entre regularizada e irregularizada. Con respecto a la migración regularizada, las políticas migratorias están impulsando flujos mucho más selectivos, conformados por hombres y mujeres con experiencia laboral y mayor escolarización, lo que a su vez está provocando un flujo no autorizado de personas que, al no cumplir con estas características, buscan insertarse desde la flexibilidad extrema, expuestos a la irregularización.

En lo que respecta a la migración irregularizada, los Estados y diversos actores del sistema internacional están estableciendo una serie de políticas a través de diversas estrategias y planes que, por un lado, obstaculizan el tránsito migratorio; mientras que, por otro, implementan una serie de medidas de acogida, para todos aquéllos que logran cumplir con ciertas características, sobre todo relacionadas con la condición de refugio o la cuestión humanitaria (visas humanitarias). Al mismo tiempo, esto ha provocado el crecimiento de Organizaciones no gubernamentales (ONG) y la importancia del activismo relacionado con los derechos de las personas migrantes en tránsito.

El binomio restringir-permitir se hace presente en la gestión de las migraciones en Tenosique, no sólo a través de las acciones del Estado, sino incluso de otros actores. Los discursos relacionados con el respeto a los derechos humanos y el altruismo, enmascaran sus intervenciones. “Cada vez más, se desplaza la responsabilidad de la atención de la nación, del gobierno al sector privado […] bajo el término de responsabilidad social” (Comaroff y Comaroff, 2009: 129-130). A través de lo que, en el argot del altruismo se le conoce como “buenas prácticas”, los Estados enmascaran prácticas relacionadas con la gestión de las migraciones (Mezzadra y Neilson, 2013). El resultado es una nueva clase de gubernamentalidad que permite la movilidad de algunos, al mismo tiempo que reprime y condiciona la movilidad de otros (Fraser, 2003).

Bandas y grupos criminales: la intervención sobre la migración irregularizada en tránsito por Tenosique, Tabasco

Al cobijo de la globalización neoliberal ha proliferado una incontable serie de negocios ilícitos —narcotráfico, contrabando de armas, tráfico y trata de personas, secuestros, tráfico de órganos, corrupción, cobra de cuotas— que están produciendo altas sumas de dinero no declarado, mayores a las producidas de forma licita, por lo que cada vez se vuelven negocios más atractivos (Segato, 2014). Las poblaciones migrantes, sobre todo las irregularizadas, pobres, no blancas, son las que fácilmente están siendo amenazadas por estos negocios ilícitos.

Esta “segunda economía”, como la llama Segato (2014), se encuentra invisibilizada tras el intercambio comercial que se lleva a cabo desde la legalidad y bajo la potestad de los Estados —primera economía—, por lo que es difícil percibirla y desentrañar los vínculos entre una y otra. El Estado ha jugado un papel primordial en la reproducción de la violencia criminal perpetrada hacia las personas migrantes en dos sentidos. Por un lado, a través del ejercicio de prácticas corruptas de parte de funcionarios públicos —soborno, mordida, pago de cuotas, etcétera. Por otro, a través del “dejar hacer” del Estado, al permitir la operatividad del crimen organizado a través de la informalización de la economía, la desregulación y el aumento vertiginoso del capital no declarado (Segato, 2014).

Los negocios ilícitos no se reducen al narcotráfico, al tráfico y la trata de personas, también se conforma por la extorsión, el secuestro, el robo, la estafa e incluso por la venta o renta de servicios (renta de cuartos, venta de alimentos preparados, cambio de divisas, transporte, venta de papeles falsos, por mencionar algunos) y productos básicos (artículos de aseo personal como jabón, pasta de dientes; ropa, tarjetas y teléfonos) todos necesarios para las personas migrantes. En el caso de los migrantes centroamericanos, la violencia criminal que les amenaza se puede encontrar tanto es sus lugares de origen como en los lugares de tránsito y destino.

En los lugares de origen, los migrantes son presas de la violencia criminal perpetrada por parte de las maras a través del reclutamiento forzado, el acoso y la violencia sexual, la extorsión y el cobro del “impuesto de guerra”.[15] En Guatemala, El Salvador y Honduras, estas organizaciones violentas emergieron con fuerza a mediados de la década de los años 1990, debido a que “las deportaciones desde Estados Unidos [catalizaron] la conformación de pandillas transnacionales” (París, 2017: 67). Amplias zonas urbanas de estos países centroamericanos se volvieron, desde entonces, presas de las pandillas o maras (Fuentes, 2012). El incremento de la violencia de las llamadas maras originó la aplicación de políticas de “mano dura” que, en lugar de remediar el problema, provocaron la criminalización de sectores sociales completos. La violencia ejercida por las maras es pública y visible, esto permite entender por qué los actos de violencia son cada vez más brutales y por qué muchas personas “deciden” migrar antes de convertirse en “víctimas sacrificiales”.

Aunado a esto, en los cruces fronterizos se observan negocios dedicados a actividades ilícitas como la venta o renta de servicios y productos básicos, en los que muchas veces se recurre a la estafa. En el cruce fronterizo del Ceibo, Tabasco, se ubican negocios de distinto giro, que ofrecen servicios de hospedaje, duchas, sanitarios, venta de alimentos preparados e incluso servicios de trámite de permisos o de credenciales “tipo mexicano”,[16] venta de alcohol y marihuana o servicios sexuales. En la entrada de las tiendas de conveniencia, pululan grupos de hombres de mediana edad que ofrecen servicios para realizar cruces “seguros”. Estos grupos, están compuestos por traficantes, dueños de tiendas y choferes de mototaxis o combis (Segato, 2014). En El Ceibo, los migrantes no sólo son timados por las autoridades que los engañan y les hacen pagar por permisos inexistentes; también son embaucados por comerciantes y transportistas locales que les cobran precios exorbitantes por bienes o servicios.

Con el paso de los años, la ruta que va del punto fronterizo del Ceibo al municipio de Tenosique se ha vuelto cada vez más peligrosa. Según el primer informe público de “La 72”, el hecho que detonó la escalada de violencia en la región fue la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, en 2014. Desde ese momento, “los denominadores comunes son los asaltos con armas de fuego […], los secuestros y la privación ilegal de la libertad o las violaciones sexuales, sin dejar atrás los abusos de autoridad” (La 72, 2016: 18). En esta zona, la reproducción de la violencia se ha hecho más recurrente. Se observa, la perpetración de actos cada vez más crueles a manos no sólo de agentes que detentan el uso legal de la fuerza (Estado), sino, además, de grupos paraestatales que, por no tener autoridad jurisdiccional, ejecutan acciones sin límites, como forma de evidenciar su poder (Segato, 2014). Testimonios recabados, en estancias de campo realizadas en la región, entre 2017 y 2018, coinciden en las características de los agresores y su modus operandi: participan entre dos y cinco varones, casi siempre llevan cubiertos el rostro con un pasamontaña o un pañuelo, portan armas largas y/o machetes, profieren amenazas para sacar del camino, despojan a los migrantes de sus pertenencias de valor. Generalmente, golpean y violan para amedrentar. Cuando terminan los atracos, abandonan a los migrantes.

En las rutas migratorias a través de México, la historia no es diferente. Los migrantes se encuentran con la segunda economía, a través de la extorsión sistemática, el secuestro, la violencia sexual, la trata y el tráfico de personas,[17] así como, las masacres perpetradas por el crimen organizado. Esta misma delincuencia organizada, coopta y cobra derechos de piso a los delincuentes comunes que operan en su territorio, ampliándose así, el abanico de negocios (Galemba, 2017).

Según París (2018), en la mayor parte del territorio mexicano y en Centroamérica, han adquirido preeminencia las “bandas territoriales” u “organizaciones territoriales” del crimen organizado.

Estas organizaciones se parecen a los Estados en la medida en que se basan en el control de un territorio, en una dominación jerárquica y en el ejercicio de la violencia financiada por el cobro de impuestos, pero a diferencia de los Estados, las organizaciones delincuenciales territoriales no tienen el monopolio legítimo de la violencia, lo que las obliga, por lo tanto, a ejercer la violencia física de manera continua y con enorme espectacularidad para mantener a la población civil controlada por medio del terror (Tilly, 1985: 171; en París, 2018: 159).

En lo que respecta a Tenosique, Tabasco, desde hace varios años se vienen registrando recurrentes asaltos, extorsiones y agresiones físicas y sexuales a migrantes. Estos hechos son recurrentes a unos pasos de las vías del tren, en el malecón o cerca de la plaza de armas. Al respecto, asegura Fray Tomás —quien fue el encargado de “La 72” hasta 2019— en Tenosique, los migrantes son víctimas del crimen organizado, principalmente de Los Zetas, que han hecho del secuestro y la extorsión uno de sus negocios más lucrativos en la última década (La 72, 2016).[18]

La violencia ejercida por estos grupos, y en general por los grupos que conforman la economía criminal, es pública, visible; y sirve para reproducir mensajes de poder a través de los cuerpos de los migrantes. Esto permite entender por qué los actos de violencia perpetrados por estos grupos son cada vez más brutales. La violencia ejercida por estos grupos, no sólo les ha servido de manera directa para dejar mensajes claros a sus contrincantes, incluso ha contribuido al rediseño y la implementación de políticas migratorias más restrictivas que, bajo el pretexto de “terminar” con este tipo de prácticas y “proteger” los derechos humanos de los migrantes, despliegan medidas violentas que sirven para controlar la movilidad humana. Además, evidencian las implicaciones contradictorias del Estado, sin cuya tolerancia u omisión, no sería posible la operación de dichos grupos. Lo anterior, permite escenarios de inmensa inestabilidad y anomia estatal que, paradójicamente, emanan de la propia estructura del Estado, un Estado ampliado.

Conclusiones

El tránsito por México, cada vez más riesgoso, ha visibilizado que el Estado ya no es el único titular del poder para intervenir, regular y gobernar poblaciones migrantes. Tras la entrada del neoliberalismo, se puede entender cómo se ejerce el poder estatal en la sociedad contemporánea a través de diversas relaciones sociales e instituciones que intervienen en la administración de las poblaciones en movimiento (diversas capas de gubernamentalidad), las que no se ajustan directamente a la idea “clásica” del Estado —organismos supranacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales, individuos, bandas y grupos criminales.

Si bien, algunos procesos de legitimación del poder del Estado se han transferido a diversos actores, ello no se ha traducido en la desaparición de su control. A partir de la globalización neoliberal se ha hecho más evidente que las intervenciones y las regulaciones ocurren simultáneamente en varios niveles. El resultado es una nueva clase de “redes que combinan la organización gobernada conforme a reglas con la flexibilidad” (Fraser, 2003: 31). En este sentido, cada vez más, vemos ejemplos donde los Estados, en alianza con otros niveles de gubernamentalidad, implementan políticas que oscilan paradójicamente entre el binomio permitir-restringir, para regular a la población migrante. Muchas de estas políticas, que se desdibujan entre estas alianzas, pocas veces se ven como punitivas o violentas.

Tenosique, resulta ser ejemplo de los espacios fronterizos donde las formas estatales reconfiguradas están presentes. Al respecto, se visibilizan las diferentes y nuevas “configuraciones” de lo estatal en el marco de las migraciones irregularizadas (Trouillot, 2011). En primer lugar, la intervención de poblaciones migrantes por parte de las agencias intergubernamentales y la sociedad civil que, en muchos casos, enmascaran prácticas violentas. En segundo lugar, la intervención de las bandas y grupos criminales, entendido como un dejar hacer de las autoridades estatales, en la dominación de las poblaciones migrantes irregularizadas.

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[1] A lo largo de este trabajo se ocupa el término de “migración irregularizada”, acuñado por De Genova (2002, 2005), en lugar de los términos irregular o ilegal, pues éste permite desnaturalizar una condición que es producida y reafirmada continuamente por normativas, leyes, políticas y prácticas estatales que definen qué y quién es ilegal.

[2] Durante largo tiempo, el flujo de centroamericanos hacia México fue un fenómeno básicamente interregional entre poblaciones fronterizas guatemaltecas y chiapanecas, ligado a ofertas laborales estacionales (Arámbula y Santos, 2007: 2). Sin embargo, desde finales de los años 1970, la migración estacional de trabajadores guatemaltecos en el sur de México empezó a reconfigurarse y se amplió a migrantes de toda Centroamérica, producto de los conflictos políticos y armados por los que atravesaba la región. Como consecuencia, se observaron movilizaciones importantes, sobre todo de guatemaltecos que buscaban la condición de refugiado (Castillo, 2010). Posteriormente, con el fin de los conflictos armados se dieron procesos de repatriación de personas desplazadas o refugiadas. Sin embargo, a la par de estos procesos, se reinició un creciente desplazamiento de individuos y familias, provocado por los planes fracasados de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en la región.

[3] Las leyes de control migratorio en México tienen sus antecedentes en el siglo XIX. Las primeras normas para el control migratorio se remontan a 1836 y 1857, con las Cartas Fundamentales. Posteriormente, en 1908 se aprobó la Ley General de Población, misma que fue ampliada en 1926. En 1930 se decretó una nueva Ley de Migración; y en 1936 se promulgó la Ley General de Población que fue modificada de manera sustantiva en 1974 (CGB, 2015: 16).

[4] La Ley General de Población de 1974 y su reglamento (1976) respondieron tanto a la explosión demográfica que se suscitó en México durante los primeros años de la década de los años 1970, como a la necesidad de afrontar asuntos como la llegada de refugiados de países centroamericanos, principalmente de Guatemala y El Salvador; y la creciente oleada de mexicanos emigrando a Estados Unidos. Dicha Ley y su Reglamento establecían diversas calidades y características migratorias en las cuales se clasificaba a los extranjeros que visitaban o se establecían en México (OEA, 2011).

[5] Según Martínez, Cobo y Narváez (2015) hasta 2005 por Chiapas cruzaba 81% del flujo de migrantes no documentados. La ruta “iniciaba en el área de Tecún Umán-Suchiate (ruta de la costa), o en el área de El Carmen-La Mesilla (ruta de la panamericana)”. El área más transitada dentro del estado de Chiapas es la costa, que corre paralela a las líneas férreas.

[6] Si bien, ingresar a México de forma irregularizada era un delito castigado con hasta diez años de prisión (Reforma de 1990), tras la reforma de julio de 2008 se redujo la sanción a una infracción administrativa con una multa de hasta 5000 pesos (400 dólares) (González-Murphy y Koslowski, 2011).

[7] La intervención del Estado no se reduce a la actividad del gobierno mexicano, en Tenosique también se encuentran las representaciones consulares de los Estados hondureño, salvadoreño y guatemalteco.

[8] En Tenosique se encuentran asentadas Organizaciones Intergubernamentales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Además, Organizaciones No Gubernamentales Internacionales como Cruz Roja Internacional y Asylum Access, así como, representaciones de la sociedad civil local como es el caso de “La 72, Hogar–Refugio para personas migrantes”.

[9] En 1997, el tren dejó de ser de pasajeros para convertirse en tren de carga (La 72, 2016).

[10] Entre sus principales apoyos han destacado, la atención médica y el saneamiento del agua.

[11] Es una organización internacional sin fines de lucro que ofrece asesorías legales a refugiados de África, Asia y América Latina, con el fin de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia a través de servicios legales, la habilitación legal de la comunidad, y los programas de promoción de políticas.

[12] Aunque las primeras representaciones del ACNUR en México se establecieron en 1981, con el fin de proveer ayuda a la Comisión de Ayuda al Refugiado (COMAR) en los campamentos de refugiados en estados del sur del país; en Tenosique, el ACNUR inició funciones en noviembre de 2015 (París, 2017). El objetivo principal de dicho organismo en México es “apoyar” en los trámites para obtener la condición de refugiado.

[13] Es una organización de acción médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. En 2017, 96% de su presupuesto provenía de la iniciativa privada.

[14] Ejemplo de esto, la implementación del Programa Frontera Sur en 2014, que de manera clara evidenció que más que ser un programa de protección era una iniciativa de securitización que criminalizaba la migración no autorizada.

[15] Cabe hacer mención que, en Centroamérica, la violencia perpetrada por las maras no es la única, sin embargo, es la más visible. En Centroamérica también se puede observar la violencia producida por la inestabilidad política o económica. Además, la violencia íntima de género es el factor que motiva la migración de muchas mujeres (Montoya, 2018).

[16] Durante una de las visitas al Ceibo se observó un local que por un bajo costo expedía credenciales de elector falsas, a las que en la publicidad llamaban de “tipo mexicano” (Diario de campo, 5 de agosto 2017).

[17] En el caso del tráfico de personas han sucedido dos hechos importantes de mencionar. Por un lado, la criminalización del acto a través de políticas restrictivas, a partir de configurar como delitos, prácticas como el coyotaje (Galemba, 2017). Por el otro lado, paradójicamente, esta criminalización llevó a que organizaciones criminales monopolizaran el control del tráfico de personas e incluso hicieran que el negocio del coyotaje independiente desapareciera (Paris, 2018).

[18] Los Zetas es un cártel de la droga formado en 1999 por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, preso desde 2003 en Estados Unidos. El fundador del cártel del Golfo, creó Los Zetas con algunos militares de élite. Desde 2007, Los Zetas, a parte del trasiego de droga y de la lucha por el dominio del territorio, se dedican al secuestro masivo, la extorsión y asesinato de migrantes. En 2010, se les atribuyó la masacre de 72 migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica, que tuvo lugar en San Fernando, Tamaulipas. En 2012, se les atribuyó la masacre de 49 migrantes, en Cadereyta, Nuevo León (Varela, 2017).

 

  1. Doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México. Especialista en Migración Internacional por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), México. Actualmente es Profesora-Investigadora de tiempo completo en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la BUAP. Líneas de investigación: migración internacional, derechos humanos y género. Contacto: marisol.perezd@correo.buap.mx.