Caravanas, medidas de contención y política antiinmigrante de Donald Trump

Segunda época, número 11, enero-junio 2021, pp. 97-116.

Fecha de recepción: 11 de septiembre de 2020.
Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2020.

Autor: Daniel Villafuerte Solís.¹

Resumen

En el presente emerge un fenómeno que merece una reflexión crítica y propositiva. Nos referimos a una nueva época de movilidad humana, en la que convergen las migraciones laborales, los desplazamientos forzados y las solicitudes de refugio, estas manifestaciones tiene una matriz de origen: las violencias generadas por el capitalismo en su fase globalizadora. Este conjunto de manifestaciones tiene en común la extrema precariedad tanto en el origen como en el tránsito. La desprotección de los migrantes es tal que han decidido emprender nuevas estrategias como la migración en masa, conocidas como caravanas, la respuesta de los gobiernos de México y Estados Unidos ha sido profundizar las medidas de contención. Este artículo analiza el significado de las caravanas centroamericanas, las medidas de contención y las políticas antinmigrantes de la era Trump.

Palabras clave: política migratoria, movilidad humana, frontera sur, caravanas, contención.

Caravans, restraint measures and Donald Trump’s anti-immigration policy

Abstract

In the present a phenomenon emerges that deserves critical and purposeful reflection. We refer to a new era of human mobility, in which labor migration, forced displacement and refugee requests converge. These manifestations have an origin: the violence generated by capitalism in its globalizing phase. This set of manifestations have in common the extreme precariousness both in origin and in transit. The lack of protection of migrants is such that they have decided to undertake new strategies, such as mass migration, known as caravans. The response of the governments of Mexico and the United States has been to toughen the containment and deportation measures. This article analyzes the meaning of the conjunction of the Central American caravans, restraint measures and anti-immigrant policies in the Trump era.

Keywords: migration policy, human mobility, southern border, caravans, containment.

Introducción

¿En qué consiste la nueva época de movilidad humana? En 2004 se publicó la versión en castellano del libro de Stephen Castles y Mark J. y Miller, La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno. A la distancia, el fenómeno migratorio ha cambiado, el patrón no es el mismo, la migración circular se transformó en desplazamientos permanentes; así mismo, se pasó de la preponderancia de la migración de varones adultos a la migración de mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes.

Detrás del cambio de época en la movilidad humana está la metamorfosis del sistema-mundo, donde el capital financiero se convirtió en hegemónico y el capital productivo experimentó cambios a instancias de los procesos de automatización. De esta forma se alteró la relación capital-trabajo, de manera que algunos autores comenzaron a referirse al fin del trabajo o el fin de la sociedad basada en el trabajo (Rifkin, 1996; Gorz, 2000). De esta manera, fueron cuestionados conceptos asociados al capitalismo clásico como el de Ejército Industrial de Reserva, porque estamos, como refiere Bauman, “en un mundo que no necesita más mano de obra” (2010: 100).

Hoy se puede afirmar que la movilidad humana es síntesis de múltiples determinaciones. No sólo se trata de la destrucción del ejercito industrial de reserva, que se expresa en el crecimiento de los supernumerarios, y en la precarización extrema del trabajo, sino también en la concentración de los medios de producción, de las violencias generadas por las formas de producción y de la emergencia de nuevos factores como el narcotráfico. Todo esto obliga a una visión comprensiva del significado del fenómeno de la movilidad humana, “sus orígenes, su trayectoria y, más importante aún, cuál es su lugar en el orden mayor de las cosas” (Wallerstein, 2006: p. 9).

En otro momento se intentó construir teorías sobre el fenómeno migratorio: surgieron enfoques que van desde la escuela neoclásica, que analiza la migración en términos de oferta y demanda laboral, cuya explicación última es la búsqueda de mejores salarios; la perspectiva del transnacionalismo que intenta presentar la migración como un fenómeno de la “globalización desde abajo”; hasta la visión del Sistema-Mundo que ofrece un punto de vista crítico.[1]

Este artículo tiene como propósito aportar elementos que permitan comprender las transformaciones de las migraciones de la región norte de Centroamérica, también conocida como Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), y su relación con la política migratoria más reciente, con énfasis en los gobiernos de Donald Trump y de la Cuarta Transformación (4T). Su contenido se estructura en cinco secciones: en la primera se presentan algunos elementos para el análisis del acontecimiento migratorio de los últimos años; en la segunda se aportan indicadores para entender el actual ciclo migratorio en el TNCA; la tercera da cuenta de las principales medidas implementadas por la administración de Donald Trump y de las respuestas ofrecidas por el gobierno de la 4T; en la cuarta se exponen algunos acontecimientos recientes en la frontera sur de México que sirven para ilustrar los cambios en las formas que ha adquirido la movilidad humana; finalmente, en la quinta sección se trata de responder a la pregunta de si el gobierno de la 4T está contribuyendo a “sellar” la frontera sur de México con las medidas aplicadas para contener los flujos migratorios; se concluye con dos ideas que parecen obvias pero que pueden generar nuevas preguntas: primera, que la política de Trump ha sido la más letal para los migrantes centroamericanos; segunda, que las caravanas son un reflejo de las condiciones socioeconómicas en los lugares de origen y de las políticas antiinmigrantes.

El problema de fondo de la migración y el desplazamiento

La caravana de octubre de 2018, con más de 7 mil migrantes, fue un acontecimiento[2] que mostró con todas sus expresiones el drama de la movilidad de las masas y cuestionó las visiones construidas sobre la migración de la economía neoclásica. Fue un hecho que rebasó a las autoridades guatemaltecas, mexicanas, a los albergues y a las organizaciones de apoyo a migrantes. La segunda caravana fue menos numerosa, pero las autoridades de Guatemala y de México respondieron bloqueando el paso por el puente fronterizo de Suchiate, por lo cual se registraron actos de violencia, pero finalmente los migrantes lograron entrar a territorio mexicano.

¿Quién o quiénes son los presuntos responsables del éxodo centroamericano? Los gobiernos de Guatemala y de México han asegurado que son las redes de tráfico de personas, que se aprovechan de la situación. La Secretaría de Gobernación comunicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) “colabora con las autoridades correspondientes sobre la investigación de más de 20 probables redes de traficantes de personas que operan en territorio mexicano con alcance internacional” (INM, 2020a). Se afirmó que las caravanas constituían una estrategia planeada y premeditada por la organización Pueblo sin Fronteras, cuya cabeza visible era el activista Irineo Mújica.

Nuestra hipótesis de trabajo es que la movilidad se genera por la violencia del capitalismo y sus diversas articulaciones. Siguiendo a Saskia Sassen (2015), se puede afirmar que el capitalismo produce expulsiones. Sostenemos que lo que mueve al desarraigo de las personas de sus lugares de origen son los cambios en el sistema, mismos que determinan las formas que asume la movilidad humana, para el caso del TNCA se expresa en expulsiones masivas que han tomado la forma de caravanas. Se pasó de la afirmación de que los más pobres no emigran porque no tienen recursos económicos para financiar el viaje (Bustamante, 1989; Durand, 1989), a la migración de las masas desposeídas, se trata, parafraseando a José Luis Rocha (2017) de la desobediencia de las masas frente a un sistema depredador que niega la vida a quien no considere útil.

La metamorfosis del sistema va definiendo y profundizando la biopolítica (Foucault, 1998; Hardt y Negri, 2002) y la necropolítica, (Mbembe, 2011), las dos caras de la administración de la vida por gobiernos, Estados y por un sistema-mundo que opera bajo una racionalidad instrumental guiada por un paradigma científico que se traduce en un sistema que clasifica, selecciona y elige quién debe vivir y quién morir, la “biopolítica es, en ella misma necropolítica, es decir, una política de y con la muerte” (Valverde, 2015: p. 12). Foucault refería que “el ajuste entre la acumulación de hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas y la repartición diferencial de la ganancia, en parte fueron posibles gracias al ejercicio del bio-poder en sus formas y procedimientos múltiples” (1998: p. 72).

La caravana de octubre fue impresionante, ríos de gente adulta, mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres con sus bebés marchando bajo el sol ardiente del trópico de la costa chiapaneca. Y, sin embargo, era tan sólo la manifestación de una realidad subyacente de enorme complejidad; se trataba de la representación de lo que Kosík llamó pseudoconcreto: “El mundo de la pseudoconcreción es un claroscuro de verdad y engaño. Su elemento propio es el doble sentido. El fenómeno muestra la esencia y, al mismo tiempo, la oculta. La esencia se manifiesta en el fenómeno, pero sólo de manera inadecuada, parcialmente, en algunas de sus facetas y ciertos aspectos” (Kosík, 1967: p. 9).

El capitalismo contemporáneo abrió la Caja de Pandora y con ello se expandieron todos los males, cuyo costo es el sufrimiento y la muerte de miles de personas. La opinión generalizada sobre la migración en masa estaba muy lejana de considerar el fondo: la biopolítica y la necropolítica, rasgos que forman parte de la naturaleza del sistema.

El horror económico descrito por Vivian Forrester (1997) hoy se muestra en todo su despliegue. La COVID-19 es un factor añadido que vino a desnudar todos los males que encierra el sistema-mundo, y que ha servido para contener y confinar a los migrantes, así como para reforzar las fronteras. Las infamias se expresan en fenómenos como el hambre, la pobreza, la enfermedad y la exclusión de los “beneficios” que ofrece la era moderna.

El desplazamiento forzado es uno de los grandes males del sistema-mundo globalizado. Lo que revela es una profunda crisis de la globalización neoliberal, que en su naturaleza y lógica genera conflictos, disputas por el control de los países y territorios, concentración de riqueza y recursos naturales. André Gorz había advertido algunas de las características de la nueva fase del capitalismo global:

Así la reproducción material y cultural de las sociedades entra en crisis y la anomia, la barbarie, las guerras “civiles” larvadas o no, el miedo a un desfondamiento de la civilización y la implosión de la economía globalizada, basada en las finanzas, en la cual el dinero produce dinero sin vender ni comprar nada más que dinero, se extiende a todos los continentes (Gorz, 2000: p. 15).

En esta idea de Gorz podemos situar el Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre las migraciones en el mundo 2020 el cual refiere que “la triste realidad es que en los dos últimos años hubo importantes episodios de migración y desplazamiento, que causaron grandes dificultades, traumas y pérdidas de vidas” (McAuliffe y Khadria 2020: p. 2). “En 2019 había en el mundo 272 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 3,5% de la población mundial. La India tuvo el número más alto de migrantes residentes en el extranjero, con 17,5 millones; seguida de México y China, con 11.8 millones y 10.7 millones, respectivamente” (McAuliffe y Khadria, 2020: p. 3).

La OIM complementa estas cifras con la población mundial de refugiados que en 2018 alcanzó 25.9 millones de personas; los desplazados internos a raíz de la violencia y los conflictos que sumó 41.3 millones de personas; y el total mundial de personas apátridas se situó en 3.9 millones en 2018 (McAuliffe y Khadria, 2020: p. 4).

El actual ciclo de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica

Sostenemos que en el presente la región del TNCA atraviesa por un nuevo ciclo migratorio donde el patrón presenta cambios relevantes; además, se registran dos elementos emergentes: por una parte, el surgimiento de la migración en masa, lo que se ha dado en llamar caravanas y, por otro lado, el crecimiento de solicitudes de refugio. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sintetiza el ciclo actual de la migración centroamericana en los siguientes términos:

[…] en los últimos años ha aumentado la importancia y la visibilidad de los movimientos de Centroamérica, sobre todo hacia los Estados Unidos y durante su tránsito por México, debido, entre otras cosas, a la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados y la movilidad en caravanas, que desataron sucesivas “crisis humanitarias” por la falta de protocolos para atender una migración masiva y sin precedentes y, posteriormente, los desplazamientos masivos de familias enteras provocados por las deportaciones (CEPAL, 2019: p. 175, cursivas añadidas).

El número de migrantes forzados provenientes de los países del norte de Centroamérica que ha solicitado asilo y cuya solicitud se encuentra en evaluación ha crecido en México y los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, en 2017 solicitaron asilo 91.000 salvadoreños, 71.000 guatemaltecos y 54.000 hondureños (CEPAL, 2019: p. 175, cursivas añadidas).

A las cifras anteriores se suma un número creciente de solicitudes de refugio del TNCA en México. En 2013 las solicitudes llegaron a 1,296, mientras que en 2018 y 2019 se registraron 21,219 y 43,695, respectivamente. Incluso en 2020, en plena pandemia la cantidad de solicitudes, al cierre de noviembre, llegó a 19,783 (COMAR, 2020), cifra que se equipara a la de 2018.

Los rasgos descritos apoyan la hipótesis de que estamos en una nueva época de la migración, cuyo origen son, por una parte, el agravamiento de las condiciones de vida de la población en los lugares de origen y, por otra, el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos. Las expresiones de esta nueva era cuestionan el concepto tradicional de migración en tanto que involucra una serie de movilidades por diversas razones tales como desempleo o empleo precario, pobreza, violencia, extorsión, amenazas, huracanes (los más recientes Eta e Iota), despojo de tierras, todas estas formas se manifiestan en las caravanas, en el incremento en las solicitudes de refugio, así como en la consolidación de la llamada industria de la migración. Se trata de un incremento de las expulsiones que en palabras de Saskia Sassen, están marcadas “por extremos de desempleo, pobreza, suicidio, desplazamiento del hogar y la tierra o encarcelamiento” (2015: p. 92).

Además de hacerse masiva, la migración de los países del TNCA ha dado un giro en el patrón migratorio. Así mismo, la CEPAL ha observado que “en años recientes, el perfil de las personas que solicitan asilo en México ha cambiado de hombres solos a familias completas, mujeres, y niños, niñas y adolescentes no acompañados” (CEPAL, 2019: p. 176). ¿Cuál es el fondo de esta metamorfosis? Nuestra hipótesis es que, por una parte, las condiciones de vida han empeorado en la región, y por otro lado se ha consolidado la red migratoria, en paralelo al crecimiento del número de migrantes en Estados Unidos también.[3] Pensamos que el cambio en el patrón migratorio se relaciona con vínculos fuertes con familiares y conocidos en Estados Unidos, lo que revela la existencia de un capital social acumulado. De ahí que la extorsión haya cobrado importancia como fuente de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003).

A los factores estructurales que han venido generado el éxodo centroamericano, como el desempleo y la pobreza,[4] ahora se añaden otros elementos como el cambio climático y la violencia sistémica, que hace de la región un territorio sin opciones para la reproducción social y el desarrollo humano de amplios sectores de la población. En este sentido, la CEPAL refiere:

En los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), los principales factores de la emigración son, por un lado, la insuficiente capacidad productiva unida a la escasez de empleo y, por otro, los extensos efectos negativos de los desastres y del cambio climático. Estos factores se entrelazan con la violencia y la inseguridad. Las redes sociales facilitan las nuevas migraciones y búsquedas de refugio, lo que se ha plasmado en los últimos meses en las caravanas de migrantes. Es cada vez más reconocido el hecho de que el grueso de esta migración se debe a la falta de opciones para la permanencia en los países de origen (CEPAL, 2019: p. 176, cursivas añadidas).

Un reciente estudio patrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encontró que la violencia es una de las principales causas del éxodo de las familias centroamericanas[5]:

Existen múltiples causas principales del desplazamiento en el norte de Centroamérica, las cuales con gran frecuencia están relacionadas con la violencia. A finales de 2019, casi 800,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscaron protección dentro de sus países o cruzaron fronteras internacionales para escapar de los crecientes niveles de violencia y persecución de las pandillas (ACNUR/UNICEF, 2020).

Un recuento de los últimos años permite observar que la región ha sido una de las más violentas del mundo —en 2016 El Salvador alcanzó la cifra de 81.2 homicidios por cada 100,000 habitantes; Honduras llegó en 2011 a su pico más alto con 85.5 homicidios por cada 100,000 habitantes; y Guatemala, el más bajo de la región con 26.1 por cada 100,000 habitantes (Dalby, y Carranza, 22/01/2019). No obstante, en 2019 se registraron algunas variaciones hacia la baja, sobre todo para los casos de El Salvador, que ha sido el caso más emblemático de violencia, y Guatemala, sin embargo, mantienen altas tasas de extorsión lo que, sin lugar a duda, contribuye al desplazamiento forzado y la migración. Veamos: “2019 fue un año de crisis en Honduras, donde hubo un repunte en los homicidios por primera vez desde 2012 […] Los 3,996 homicidios registrados en 2019 representan un aumento del 7.1 por ciento con respecto a las 3,731 muertes violentas registradas en 2018” (Asmann y O’Reilly, 2020). Con estas cifras, el país se colocó como el país más inseguro de la región.

En el caso de El Salvador se produjo una caída considerable, después de haber presentado una de las tasas más altas del mundo durante los gobiernos de Antonio Saca, del partido Arena, y de los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. El presidente Nayib Bukele logró en 2019 una tasa de 36 homicidios por 100,000 habitantes con su estrategia de Control Territorial, sin embargo, las extorsiones se incrementaron en 17.2 por ciento, de acuerdo con Asmann y O’Reilly (28/01/2020) “dicho control territorial trae consigo más oportunidades para extorsionar, práctica que constituye la principal actividad criminal de las pandillas y su más importante fuente de ingresos”.

En lo que respecta a Guatemala, la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes se colocó en 21.5 al pasar de 3,881 en 2018 a 3,578 en 2019. Sin embargo, como en el caso de El Salvador “tiene la tasa de extorsión más alta de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica” (Asmann y O’Reilly, 28/01/2020).

En resumen, se puede decir que el TNCA es un espacio negado para el desarrollo de millones de personas, es tierra de expulsiones, de violencias, de concentración de la riqueza.[6] En esta perspectiva el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que “el desarrollo implica muchas cosas materiales y muchos cambios sociales, pero el desarrollo consiste en que la vida de las personas mejore: el desarrollo es desarrollo de la gente” (PNUD, 2009: p. 30).

La era de Trump y el gobierno de la 4T

La política del presidente Donald Trump pasará a la historia como la más letal para los migrantes centroamericanos. Las principales medidas fueron: 1) seguridad fronteriza. Esto incluye la construcción de un muro fronterizo; “construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera para evaluar solicitudes de asilo, sujeto a fondos existentes” (Rambaldi, 28/01/2017); contratación de 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza; cancelación de la política de “captura y liberación” de inmigrantes mientras se resuelve su situación, por lo cual México se convirtió en “tercer país seguro de facto”; 2) deportaciones y cancelación de recursos a ciudades santuario, lo que supone acelerar deportaciones con prioridad a los acusados de delitos menores como infracciones de tránsito, quienes hayan utilizado números de seguro social falsos y los que estén en la lista de orden de expulsión, además, en estas ciudades se ordena publicar una lista semanal de “crímenes” cometidos por inmigrantes; 3) restablecimiento del programa “comunidades seguras” que faculta a autoridades estatales y locales actuar como funcionarios de migración; sanciones para países que se nieguen a aceptar a migrantes indocumentados deportados; reducción a la mitad del número de refugiados aceptados; 4) aumentar la coordinación entre las diferentes agencias de seguridad para luchar contra organizaciones criminales internacionales, en la prevención de la trata y el tráfico de sustancias controladas; 5) medidas de tolerancia cero, que consisten en separar a los menores de edad de sus padres; 6) cancelación del programa TPS (migrantes con protección temporal); y 7) suspensión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Finalmente, otra medida fue la externalización de las fronteras mediante la suscripción de un acuerdo de tercer país seguro con cada uno de los países del TNCA.

Las medidas aplicadas durante el mandato de Trump se concretaron en la detención de 1,329,235 migrantes (CBP, 2020) durante los años fiscales 2017-2021 (que comprende de octubre a septiembre, para el último año sólo se contabilizó octubre y noviembre). De estos, 55.8% correspondió a unidades familiares; 30.8% a adultos solos; y 13.4% a menores no acompañados. La estructura de las detenciones abona a la hipótesis del cambio en el patrón migratorio.

La política del presidente Trump, acompañada por México de manera obligada, terminó por configurar un nuevo rostro de la frontera sur de México. Una región con presencia de nuevos actores institucionales como la Guardia Nacional, y un número cada vez más mayor de solicitantes de refugio, incluyendo a venezolanos, cubanos y haitianos, así como de migrantes de África y Asia.[7] Otros actores, no tan nuevos, son las redes de narcotráfico, trata y tráfico de personas, así como la presencia de pandillas juveniles.

México ha venido haciendo esfuerzos para convencer a Estados Unidos que la verdadera solución a la migración forzada es la puesta en marcha del Plan Integral para los países del Triángulo Norte. Sin embargo, las señales del gobierno de la Casa Blanca han sido contrarias, entre otras, el empecinamiento en construir el muro fronterizo y las medidas unilaterales para convertir a México en “tercer país seguro” de facto.

Trump decretó en 2019 “emergencia nacional” como recurso para derivar fondos del Pentágono para la construcción del muro, los cuales fueron negados por el Congreso. Sin embargo, el jueves 9 de enero de 2020 la Casa Blanca dio a conocer una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito que desechaba una orden judicial de menor rango que prohibía ejercer un fondo de 3,600 millones de dólares del Pentágono para la construcción del muro. El vocero expresó: “Ésta es una victoria para el imperio de la ley. Estamos comprometidos con mantener nuestras fronteras seguras, y terminaremos el muro” (The White House, 2020).

La política migratoria de Trump modificó sustancialmente la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de impulsar un nuevo paradigma en la materia. Uno de los cambios en la política migratoria en México es el liderazgo asumido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) frente al Instituto Nacional de Migración (INM) que desde su fundación la había llevado a cabo. Pues bien, en un balance realizado el día 26 de diciembre de 2019, el canciller Marcelo Ebrard indicó que en mayo de 2019 se alcanzó la marca más alta con 144,116 aprensiones en la frontera sur de Estados Unidos. Ése fue el punto de partida referido para el acuerdo con Estados Unidos para contener los flujos migratorios. Desde entonces: “cada mes se fue reduciendo, expresó Ebrard, primero 28 por ciento, luego 22, luego 23, luego 16, 14, hasta llegar al mes de noviembre, para pasar de 144 mil 116 a 42 mil 710 en el mes de noviembre, con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas” (Presidencia de la República, 26 de diciembre de 2019).

Lo anterior, argumentó el canciller Ebrard, como resultado de diversas disposiciones del gobierno con fundamento en la Ley de Migración y otros ordenamientos constitucionales, donde destaca la participación de la Guardia Nacional con 25,451 elementos: 14,951 en el norte y 10,500 en el sur del país. A partir del acuerdo las cifras registran una tendencia decreciente de los flujos migratorios, vistos en términos de las detenciones y deportaciones desde la aplicación del acuerdo (junio 2019) y hasta el primer semestre de 2020 (véase cuadro siguiente), que coincidió con la pandemia de la COVID-19.

Por otra parte, Estados Unidos obligó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar un pacto de “tercer país seguro” a cambio de reanudar la cooperación y de prorrogar la conclusión del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para migrantes salvadoreños.

A pesar de las medidas, y de la emergencia de la pandemia, continúa la migración clandestina, y seguramente veremos crecer el número de solicitantes de refugio. En efecto, el día 15 de enero de 2020 se formó una nueva caravana de migrantes con la mira de llegar a Estados Unidos. Un número aproximado de 400 migrantes cruzaron la frontera hondureña de Corinto, otro grupo más pequeño que venía atrás no pudo pasar y decidieron esperar a que se reunieran más personas (La Prensa, 15 de enero, 2020). Más tarde, entre el 15 y el 16, en el paso fronterizo guatemalteco de Agua Caliente (Esquipulas-Chiquimula), “pasaron 1,216 hondureños con documentación, y por el paso de El Cinchado (Puerto Barrios-Izabal) otros 662, lo que hace un total de 2,274 personas”. El jueves 16 por la tarde unos 200 migrantes se encontraban en Petén, mientras que otros cien se encontraban en paso de Tecún Umán (Henríquez/AFP, 2020). En la mañana del día vienes 17 los medios nacionales contabilizaron al menos 500 migrantes en esta frontera y en espera de la llegada de más personas (García, Domínguez y Coyoy, 2020). En total, la caravana se estimó en alrededor de 3,000 migrantes, menos de la mitad de la de octubre de 2018.

La postura de México fue muy clara. La secretaria de Gobernación expresó que no se darán salvoconductos para llegar a Estados Unidos, sin embargo, expresó:

Si quieren que México las reciba en su calidad de asilo, de refugiados o si quieren venir a incorporarse a algún programa migratorio a nuestro país para trabajar, para estudiar o incluirlo en algún tipo de programas sociales como sembrando vida o jóvenes construyendo el futuro o las becas, si desean algún tipo de estatus migratorio o de refugio los vamos a atender con muchísimo gusto (Martínez y Langner, 16/01/2020).

Estas declaraciones reafirman el cambio en la política migratoria y termina una época en la que México se consideraba un país de tránsito migratorio hacia Estados Unidos, con todas las restricciones que implicaba en la práctica. Al mismo tiempo, Guatemala comenzó a jugar un papel de filtro, a través del pacto de Tercer País Seguro.

Los últimos acontecimientos en la frontera sur de México sobre migración y refugio

El fenómeno migratorio que hoy adquiere dimensiones diversas ocurre en un momento de la historia mundial caracterizada por un modelo económico excluyente, sociedades racistas y xenofóbicas, en el que sólo pueden circular el dinero y las mercancías, así como turistas y empresarios que van de un lugar a otro promoviendo inversiones. En el caso de los flujos migratorios provenientes de los países del TNCA que pasan por la frontera sur de México, se observan al menos tres acontecimientos que han modificado la dinámica de los flujos migratorios:

La Bestia —el ferrocarril de carga que utilizaban los migrantes—, como medio de transporte masivo dejó de ser importante como consecuencia, primero, por la destrucción de 200 kilómetros de vías por los efectos del huracán Mitch,[8] y segundo, por la implementación del Programa Frontera Sur.
Implementación del Programa Frontera Sur en el verano de 2014. En este marco se llevó a cabo una “cacería” de migrantes a lo largo de las rutas del tren (Ferrocarril del Sureste y el Chiapas-Mayab). Este programa fue producto de la presión del gobierno de Barack Obama por la llamada crisis de los niños migrantes, cuyo número de detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ascendió 64 mil.
Emergencia de las llamadas caravanas de migrantes en octubre de 2018. Este acontecimiento mostró la complejidad del fenómeno migratorio. Este evento ocurrió en el primer año de gobierno del presidente Donald Trump que desde su campaña política definió una postura de tolerancia cero hacia la migración.

El 20 de octubre de 2018, la frontera de Agua Caliente, entre Honduras y Guatemala se cerró para evitar el paso de la primera caravana que partió de San Pedro Sula. Sin embargo, los migrantes lograron romper el cerco policial con la ayuda de dos camiones contenedores y penetraron a territorio guatemalteco. Tras el paso de la caravana, el Instituto de Migración de Honduras indicó que el “punto fronterizo se cerró de manera temporal para salvaguardar la vida e integridad física de los ciudadanos nacionales y extranjeros que transitan por esa zona” (La Prensa, 20 de octubre, 2018). En esta ocasión las autoridades fueron rebasadas por la cantidad de migrantes que a su paso por toda la ruta iba aumentando hasta sumar más de 7 mil en territorio mexicano. Luego fueron llegando otras caravanas, la segunda con tres mil y otras con menor número. Este fenómeno emergente desató la ira del presidente Donald Trump que envió tropas a su frontera sur para contener la “ola invasiva” y obligó a México a adoptar medidas de contención con la ayuda de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Las caravanas son producto de la acumulación del deterioro de las condiciones de vida en los países de origen y del endurecimiento de la política anti-inmigrante en el último periodo del presidente Obama que obligó al gobierno de Peña Nieto a implementar medidas extraordinarias para contener la ola migratoria. Fue un momento donde se concluía una de las políticas más duras como fue el Programa Frontera Sur, que consistió en la persecución de los migrantes por todas las rutas, los sitios de hospedaje y refugio, así como en el tren de carga La Bestia.

En el marco del Programa Frontera Sur se construyeron los llamados Centros de Atención Integral del Tránsito Fronterizo (CAIFT). El resultado de este programa fue visible en las cifras[9] de deportados que pasó de 104,269 en 2014 a 175,136 en 2015, es decir en un año se produjo un incremento de 68%. En los años subsiguientes el número de deportados fue disminuyendo de manera que en 2016 alcanzó la cifra de 149,625 y para el 2018, en el último año del gobierno de Peña Nieto, bajó a 110,917.

Cuadro 1. Migrantes de la región norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras) deportados (devueltos) y menores

Fuente: elaboración propia con base en los datos del INM, Unidad de Política Migratoria Boletines Estadísticos de 2007 a 2020.*Hasta el mes de julio

El caso más emblemático es Honduras que se convirtió en uno de los países de la región donde las condiciones para vivir son cada vez más difíciles, de manera que la cantidad de migrantes se disparó, lo que se refleja en el número de deportados, en 2010 estaba por debajo de Guatemala: 23,580 frente a 28,706; sin embargo, para 2019 Honduras registró 72,125 deportados, y Guatemala 50,794. Además, Honduras ha sido el epicentro de las caravanas.

Honduras también destaca en solicitudes de refugio, de un total de 70,302 en 2019, este país concentró 42.7%, aunque en 2018 la proporción fue de 46.2%. Entre 2018 y 2019, el número de solicitudes de hondureños se incrementó en 119.6%. Venezuela y El Salvador ocuparon el segundo y tercer lugar, con poco más de 6 mil solicitudes; el orden se invirtió en 2019 al quedar en segundo lugar El Salvador con casi 9 mil solicitudes, y en tercer lugar Cuba con 8,677.[10]

El registro de 30,045 hondureños solicitantes de refugio en 2019 obliga a preguntarnos sobre el porqué de su preponderancia. Además de la pobreza, el desempleo y la violencia, Honduras tiene dos parteaguas que han influido significativamente en la migración: el huracán Mitch y el golpe de Estado de 2009 cuando fue depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya, con el contubernio del gobierno de Estados Unidos. Esto último coincide con el hecho de que Estados Unidos haya declarado a Honduras en 2010 como el principal país de tránsito de drogas, que derivó en la intervención de la DEA, con el uso de fuerza letal que ocasionó la muerte de varios civiles. Esto derivó en un amplio informe especial conjunto sobre “respuestas posteriores al incidente por el Departamento de Estado y Administración de Control de Drogas para tres incidentes de fuerza letal en Honduras” (Department of Justice, 2017).

Chiapas ha venido recibiendo la mayor proporción de solicitantes de refugio en el país, en 2018 concentró el 56.1%, y en 2019 alcanzó 64.8%. Esto reafirma su importancia como espacio de tránsito de migrantes y ahora de refugio, en el conjunto de entidades de la frontera sur de México. La frontera sur, hasta el istmo de Tehuantepec, funciona como el filtro más importante de la migración de tránsito hacia Estados Unidos. De ahí que la actual política de la 4T se dirija con mayor énfasis hacia los estados del Sur donde, según la información oficial, se destacaron 10,500 elementos de la Guardia Nacional.

La presencia de la Guarda Nacional ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de migrantes, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En agosto de 2019, el titular de la CNDH declaró que “la política de migración ha venido transitando de brazos abiertos a, ahora, una política de contención” (Olivares, 2019).

Después del refugio en los primeros años de la década de 1980, México cambió su política, pasó de una frontera amigable a una frontera gendarme. La frontera sur se convirtió en yunque y la frontera norte en martillo. Al calor de estos cambios, que fueron profundizándose a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, arribamos al presente a una frontera sur de mayor complejidad, donde desde su condición geopolítica es considerada como espacio de seguridad nacional con políticas y acciones orientadas al reforzamiento de los pasos fronterizos.

El sellado de la frontera sur de México: ¿El gobierno de la 4T concretó lo que no pudieron hacer los gobiernos del PRI y del PAN?

La aspiración de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de sellar la frontera sur de México, a instancias de la presión del gobierno de Estados Unidos, nunca se concretó a plenitud. El que más se acercó fue el llamado Programa Frontera Sur[11] con una visión de seguridad nacional, con propósitos de contención y control de los flujos migratorios. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 señala la “presencia de los grupos criminales que operan en las rutas migratorias que vinculan a Centroamérica con América del Norte”. Destaca que “estos grupos delincuenciales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes para realizar cobros de traslado, utilizarlo como portadores de enervantes o someterlos a la explotación sexual y laboral. En algunos casos, las organizaciones criminales también buscan reclutar a los migrantes para que ingresen a sus filas” (DOF, 30 de abril, 2014). Lo anterior se constituyó en el argumento para afirmar la necesidad de:

[…] la consolidación de la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur, mecanismo impulsado por el Gobierno de la República desde junio de 2013 para fortalecer la presencia de la autoridad del Estado en la zona y coordinar acciones con los países centroamericanos para superar los desafíos comunes a la seguridad y al desarrollo, y avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura (DOF, 8 de julio, 2014).

En opinión de Camacho (2018), se trata de una “política de Estado, traducida en persecución, encarcelamiento y deportación de cientos de miles”. Y se pregunta “¿Cómo detener el paso de los millones que huyen de la miseria, el crimen, la violencia, la persecución política? Lo que las autoridades mexicanas han implantado —con el ‘consejo’, la asesoría y el beneplácito de los gringos—, es criminalizarlo, acorralarlos y encarecer su trayecto” (Camacho, 9/08/2018).

El entonces secretario de Gobernación de México, Osorio Chong, explicó que, al iniciar la operación del Programa Frontera Sur, el gobierno federal y las autoridades de la región,

[…] fortalecieron las acciones de coordinación para primero, evitar que las personas migrantes pongan en riesgo su integridad al usar el tren que es de carga y no de pasajeros; segundo, desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de todas las personas que hacen tránsito por nuestro país y tercero, combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos (Secretaría de Gobernación, 11/05/2015).

Como hemos mostrado en el cuadro de arriba, con la puesta en marcha del Programa Frontera Sur se elevaron considerablemente las deportaciones de migrantes provenientes del TNCA. Los efectos de la cacería de migrantes en La Bestia, en hostales y lugares de tránsito tuvieron un efecto coyunturalmente disuasivo.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las fronteras norte y sur de México se convirtieron en un enorme panóptico donde se confina y vigila a los migrantes, que imposibilita el tránsito de las personas que aspiran cumplir su proyecto migratorio. Esto fue posible mediante la articulación de varias medidas: 1) la cooperación de México para contener la marcha de los migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos; 2) la aceptación de un acuerdo de tercer país seguro con los países del TNCA y de un acuerdo con México para mantener a los solicitantes de refugio en Estados Unidos mientras esperan el trámite y el veredicto de la autoridad de Estados Unidos, lo cual puede durar meses; 3) la vigilancia extrema de la Patrulla Fronteriza y elementos de la Guardia Nacional para impedir la entrada de migrante a territorio estadounidense.

En este contexto, en el sur los migrantes desafían la frontera marcada por el río Suchiate. Del lado mexicano aguardan los agentes de migración y la Guardia Nacional. Del lado guatemalteco se planea el cruce de la frontera, se permanece, se medita la estrategia, se acumula fuerza para pasar. El gobierno de Washington tiene un historial de intervenciones en los países centroamericanos que forjaron, en tiempos de la guerra fría, una estructura oligárquica a cambio de combatir la amenaza del comunismo. La realidad actual poco ha cambiado, la transición a la democracia no terminó de transitar, y las condiciones económicas y sociales que dieron origen a los movimientos armados que generaron las primeras olas migratorias permanecen en lo sustancial.

Se puede decir que los integrantes de las caravanas de hoy son refugiados a causa de las condiciones imperantes en su lugar de origen, su vida peligra, su reproducción como familia, como comunidad está amenazada ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no contribuye a cambiar el rumbo de la historia de los países del TNCA, de manera que la migración deje de ser forzada? ¿Es un instrumento para mantener su intervención para seguir manejando el destino de estos países como estrategia geopolítica?

En lo que se refiere a México, el artículo 13, facción II de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, indica que “La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Estos supuestos de la Ley debieran ser leídos o interpretados en clave social, política y económica en los países de origen. Obviamente el sistema no puede reconocerse a sí mismo como una amenaza a la vida de las personas, sería una contradicción, por lo tanto, no se reconoce la condición de refugiado de las personas que emigran de su país.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Gobierno de México, 2019), el tema migratorio ocupa tres páginas y en el caso de la migración centroamericana tres párrafos, los cuales constituyen la base de la formulación de la política migratoria del actual gobierno. En dos de ellos se dice:

En lo que respecta al tratamiento de extranjeros migrantes en México —ya sea que se encuentren de paso hacia el país del norte o con propósitos de residencia en el territorio nacional—, la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había venido poniendo en práctica el régimen anterior.

El Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él (Gobierno de México, 2019: p. 37, cursivas añadidas).

No obstante, en la práctica se constata que no existe mayor cambio en el tratamiento de la migración de tránsito. De estos párrafos se puede recuperar dos ideas: 1) “la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había venido poniendo en práctica el régimen anterior; 2) garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional” (Gobierno de México, 2019).

Sobre la primera idea hasta ahora se ha quedado en una formulación teórica porque en la práctica se vienen implementando las mismas medidas de contención, incluso nos preguntamos si se ha logrado “sellar” la frontera; lo mismo se puede decir con respecto a la segunda idea, la excepción ha sido la apertura al refugio. Esta afirmación puede corroborarse en el Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2019-2024, que no es propiamente un documento sino un listado de puntos donde destaca el número 2: “Robustecer las acciones de control y verificación”, que se traduce en las siguientes acciones básicas: a) “incrementar la capacidad operativa del proceso de verificación migratoria”; b) “renovar las estaciones y estancias migratorias para el alojamiento y atención de personas extranjeras […]”; c) “fortalecer la relación bilateral y multilateral con países centroamericanos para facilitar el ingreso legal de sus connacionales al país”; d) “crear puntos de control interno con la participación de los organismos de seguridad federal y estatal, aduanas y control fitozoosanitario”; “fomentar la cultura de la legalidad migratoria con países centroamericanos que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia México” (INM, 2020b, cursivas añadidas).

El gobierno de la 4T se encuentra en medio de un dilema: entre cumplir con el canon de los derechos humanos o “mandar obedeciendo” al gobierno de los Estados Unidos. En la práctica se ha inclinado por el “mandar obedeciendo”. En este contexto, entre el miedo y la esperanza los migrantes organizados en caravanas se han aventurado a cruzar fronteras. Sin embargo, la frontera sur de México se convirtió en “el <muro> antes del muro” (Meyer e Isacson, 2019).

Es interesante observar que en la caravana de enero de 2020 —la última, antes de la COVID-19— las declaraciones del gobierno de Estados Unidos fueron muy reservadas, únicamente hemos registrado una escueta declaración recogida por la agencia Notimex del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, en el sentido de que “el gobierno mexicano es un gran socio en cuanto a políticas migratorias”, que su gobierno “reforzará sus acciones y alianzas con México y los países de la región (Notimex/ La Jornada, 2020).

La libertad de tránsito y protección a los migrantes y sus familias sólo es un recurso discursivo. Si emigrar es un derecho humano, como se proclama en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si México suscribió la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, estamos frente a una contradicción. Con justa razón De Sousa Santos refiere que “cuando la única libertad que le quede a esta mayoría sea la libertad de ser miserable, estaremos ante la miseria de la libertad. Para salir de este infierno, que parece programado por un plan voraz y poco inteligente, es necesario alterar la distribución desigual del miedo y la esperanza” (De Sousa Santos, 2020).

Conclusión

Exponer a la muerte es una acción deliberada que forma parte de la biopolítica del gobierno de Estados Unidos, que alcanzó su máxima expresión en la administración de Donald Trump. Los cuatro años de gobierno de Trump fueron los más difíciles para los migrantes centroamericanos. Si bien durante el gobierno de Barack Obama se establecieron fuertes medidas de contención y deportación, trató de compensar con algunos recursos a través de la Iniciativa para la Prosperidad del Triángulo Norte; por el contrario, con Trump se vivió un ciclo de terror, violencia y muerte, fue la negación a la vida y a la posibilidad de encontrar un medio de sustento. Hasta la víspera del fin del mandato de Trump 545 niños migrantes no se habían reencontrado con sus padres. Estos son parte de los 5 mil menores que fueron separados de sus progenitores entre 2017 y 2018, producto de la política de tolerancia cero.

Las caravanas ensayadas por los migrantes centroamericanos desde octubre de 2018 son una estrategia de desfronterización, una forma de visibilizar la política antiinmigrante de Estados Unidos, al mismo tiempo revela la desesperación de las familias y de las personas expuestas al desempleo, la pobreza, la violencia y las eventualidades del clima, que como se demostró desde el huracán Mitch, hasta los recientes Eta y Iota, dejaron miles de damnificados y propiciaron la última caravana de 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Miles de vidas precarias abandonan su lugar de origen en busca de una opción de empleo, sin importar el alto riesgo que corren en su caminar por territorio mexicano. El número de desaparecidos y muertos hasta ahora no se conoce ni siquiera de manera aproximada.[12] Al final de cuentas son vidas que no importan, ¿a quién le podría interesar? Los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica no tienen el mínimo interés en llevar un seguimiento de los desaparecidos o secuestrados, por lo menos de los casos denunciados. Si no importan los mexicanos desaparecidos o asesinados por qué habría de importar la vida de un extranjero en tierras mexicanas.

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^[1] Una apretada síntesis lo ofrece Arango (2003) en su texto “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”.

^[2] Un primer acercamiento al término de acontecimiento lo formula Žižek de la siguiente manera: “algo traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas” (2014: p. 16).

[3] De acuerdo con la CEPAL, 86.7 por ciento de los migrantes del TNCA residen en Estados Unidos. “El número de personas nacidas en alguno de estos países que vive en el extranjero ascendió a más de 3.1 millones en 2015. El Salvador tiene la mayor tasa de migrantes (22.1%), seguido por Honduras (6.9%) y Guatemala (5.8%) (CEPAL, 2019: p. 175).

[4] Los datos de pobreza no están actualizados para el caso de los países del triángulo norte: el dato sobre saliente es el de Honduras, que lejos de mejorar empeoró al pasar de 55.2 en 2015 a 55.8 en 2018; para el caso de El Salvador se registra una disminución relativa que en los mismos años pasó de 42.5 a 34.5 (CEPAL, 2019); en lo que se refiere a Guatemala en 2000 la cifra fue de 56.2 y para 2014 se incrementó a 59.3 (Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala, 2020). Por su parte, el PNUD indica que El Salvador ocupa el lugar 124 en el índice de desarrollo humano; Guatemala el 126 y Honduras el 132; y en lo que se refiere al índice de pobreza multidimensional, en específico sobre intensidad de la privación, El Salvador presenta 41.3, Guatemala 46.2, y Honduras 46.4 (PNUD, 2019: p. 27). Los tres países están muy cerca de Bangladesh.

[5] El estudio refiere que “el 49% de las familias entrevistadas en México mencionaron la violencia como la principal razón de su desplazamiento. El 91% de las familias entrevistadas habían solicitado asilo. De estos, el 71% tenía sus casos pendientes de resolución y el 24% ya estaban reconocidos como refugiados” (ACNUR/UNICEF, 2020).

[6] El Coeficiente de Gini promedia en Honduras 0.481 en 2018, mientras que El Salvador registró en el mismo año 0.405 (CEPAL, 2019: p. 22), para Guatemala no hay registros.

^[7] El estudio de Jaime Cinta (2020) es ilustrativo sobre la importancia que ha cobrado la presencia de migrantes extracontinentales en la ciudad de Tapachula, la puerta grande de la frontera sur de México.

[8] Este huracán alcanzó la categoría 5 y durante los días del 27 al 29 de octubre de 1998 se estacionó en la región, en especial a Honduras donde dejó un estimado de 5,677 muertos, innumerables desaparecidos y destrucción de infraestructura y de enormes superficies sembradas de banano y otros productos.

^[9] Las cifras pueden ser consultadas en los boletines estadísticos mensuales de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

^[10] Los datos están disponibles en la página de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), véase: https://www.gob.mx/comar/articulos/boletin-estadistico-de-solicitantes-de-refugio-en-mexico-182244?idiom=es.

^[11] El 8 de julio se crea por decreto presidencial la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (DOF, 8 julio, 2014).

[12] La OIM (2020), registra la muerte de 474 migrantes provenientes de Centroamérica entre 2014 y 2020.

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México. Actualmente es Profesor-Investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), México. Líneas de investigación: política, globalización y cambio sociocultural. Contacto: gasoda2000@gmail.com.